Cientos de personas en Puerto Rico se unieron este sábado a las manifestaciones que se celebraron en más de 2,500 ciudades de Estados Unidos para rechazar las políticas autoritarias y los “abusos” de poder del presidente Donald Trump, así como las colaboraciones y estilos de gobierno que, según los organizadores, se replican en la isla bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La protesta, realizada frente al Tribunal Federal en Hato Rey, formó parte del evento nacional conocido como “No King’s Day”, un reclamo simbólico contra lo que describieron como el intento del mandatario estadounidense de ejercer poder de manera tiránica y arbitraria. Los manifestantes también criticaron la colaboración del gobierno local con medidas que consideran violentas y discriminatorias.
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“Nos unimos hoy para condenar el creciente abuso de poder del presidente Trump y de los funcionarios que le imitan en Puerto Rico, enviándoles un mensaje claro: el pueblo no será silenciado y nuestros derechos no serán borrados”, declaró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, al dirigirse a los presentes.
“No cederemos ante los abusos, no cederemos ante las políticas autoritarias, no cederemos ante las amenazas y no cederemos ante el intento de que el pueblo viva con miedo, porque nos sobra fuerza y valentía”, añadió.
Durante la movilización, los participantes denunciaron las políticas racistas y represivas de la administración Trump, así como la “colaboración voluntaria” de González Colón y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en estilos de gobierno autoritarios.
“Es momento de actuar, de rechazar las formas de tiranía del gobierno federal y de resistir. Nuestra relación colonial con Estados Unidos y los administradores de poca espina dorsal en nuestro país vuelven a ponernos en una situación muy vulnerable y reprochable”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, al hacer un llamado a la movilización ciudadana.
En la manifestación, 38 organizaciones firmaron una declaración conjunta que denunciaba seis ejes principales, entre ellos la criminalización de las comunidades migrantes y el uso de la fuerza militar como herramienta política.
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“En Puerto Rico, donde las comunidades migrantes han sido parte de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales, nos sostenemos en que migrar es un derecho humano reconocido por Estados Unidos y las personas migrantes no cometen crimen alguno por el mero hecho de migrar”, señaló José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, al leer el documento.
Por su parte, la activista Carmen Ana Dávila, portavoz de Comuna Caribe, denunció la re-militarización del país bajo políticas federales.
“Después de años de luchas cívicas para lograr la desmilitarización de Puerto Rico, el presidente Trump ha retomado y aumentado el rol de nuestro país imponiendo despliegues y ejercicios militares que afectan a nuestra gente y a nuestro medioambiente”, subrayó.
Los reclamos también incluyeron denuncias sobre violaciones a los derechos de las mujeres, personas gestantes y comunidades LGBTQIA+, así como medidas restrictivas en el acceso a servicios de salud y la reversión de protecciones por identidad de género y orientación sexual.
“Ha promovido medidas para limitar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto, y ha promovido leyes que restringen este derecho. También ha revertido protecciones contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual en áreas como la educación, el empleo, la vivienda y la salud”, sostuvo Justin Jesús Santiago, director de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
“Además, ha permitido que sectores conservadores impongan vetos a tratamientos afirmativos para personas trans y ha buscado excluirlas de espacios públicos y reconocimientos legales. Estas acciones erosionan derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad”, añadió.
Asimismo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, Liza Gallardo, señaló el uso de agencias federales “para el silenciamiento y la persecución política”.
“El uso del poder ejecutivo para intimidar a la profesión legal, a organizaciones civiles, a medios de comunicación y periodistas, erosiona el Estado de derecho. Cuando el acceso a fondos de emergencia o a programas sociales se convierte en una herramienta de coerción política, se amenaza la supervivencia de las comunidades más vulnerables”, enfatizó.
Asimismo, los manifestantes reclamaron el derecho a permanecer en las comunidades y la urgencia de atender la crisis de vivienda, energía y servicios básicos.
“Mientras los gobiernos entregan enormes beneficios a sus aliados multimillonarios, las familias trabajadoras luchan por sobrevivir, enfrentando la falta de acceso a vivienda digna, energía, servicios básicos y oportunidades de desarrollo”, denunció Eric Albizu, portavoz de Amigues del M.A.R.
“Estas políticas profundizan la desigualdad y generan un clima de inseguridad y desesperanza. Exigimos que se priorice el bienestar de nuestras comunidades por encima del lucro de unos pocos”, concluyó.