El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés Deliz, reconoció durante una vista pública del Senado que los ajustes tarifarios se evalúan con información incompleta provista por las compañías LUMA Energy y Genera PR, lo que complica la toma de decisiones sobre la factura eléctrica.
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Ante la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ángel Toledo López, Avilés explicó que el Negociado no actúa por discreción, sino bajo un marco reglamentario que depende de la cooperación de las empresas privadas encargadas de la operación del sistema eléctrico.
“Para que eso quede claro, el Negociado no sube la luz por capricho. Hay un balance de intereses y cada determinación se toma luego de un análisis exhaustivo de la información disponible”, sostuvo.
El funcionario explicó que las propuestas de reconciliación tarifaria deben presentarse el día 15 de cada mes, pero que los operadores a menudo no entregan todos los documentos requeridos.
“Típicamente el 15 de diciembre nos someten la propuesta de reconciliación. El Negociado de Energía tiene desde que se somete hasta el día antes del primero de enero para evaluar”, dijo ante los senadores.
Durante el intercambio, Toledo López cuestionó la falta de transparencia en el proceso y la dificultad de acceder a información técnica sobre la generación y distribución de energía.
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Avilés reconoció que el flujo de datos entre las empresas y el regulador sigue siendo un reto.
“En ocasiones lo que hemos hecho es tomar determinaciones intermedias, porque no nos suplen la información necesaria y tenemos que ajustar factores y a veces hasta nos quedamos con los mismos factores por no tener esa información”, señaló.
Pensionados AEE
Avilés también fue interrogado sobre la inclusión del pago de pensiones de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la factura.
Reiteró que esa disposición no fue decisión del Negociado, sino resultado de un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“La tarifa provisional, luego de una larga discusión entre el gobierno central y la Junta de Control Fiscal, incluyó las pensiones como parte de la factura para evitar recurrir a préstamos del gobierno central. Los planes de pensiones son un gasto típico de las utilidades y, por eso, se acogió esa solicitud”, explicó.
El funcionario precisó que el cargo podría eliminarse si el Gobierno identifica otra fuente de financiamiento.
“Si el Gobierno Central, en negociaciones con la Junta de Control Fiscal, en cualquier acuerdo de la Legislatura, allegan fondos del erario para cubrir eso que no sea de la tarifa, santo y bueno”, añadió.
Asimismo, durante la sesión, los senadores insistieron en que el Negociado debe garantizar mayor supervisión sobre las metas de energía renovable y los proyectos de generación distribuida, señalando que los informes públicos del NEPR reflejan un cumplimiento limitado.
Avilés coincidió en que la transición energética enfrenta demoras, pero atribuyó parte de los obstáculos a la falta de coordinación entre agencias y operadores.
“Nosotros hemos estado fiscalizando la política pública de Puerto Rico, pero hay procesos que no están llegando completos. Genera PR, por ejemplo, nos ha sometido información incompleta o que no cumple con los requisitos mínimos. A veces no se somete dentro del término, y eso atrasa los procesos de evaluación (...) Seguimos haciendo requerimientos para que cumplan con lo establecido por la política pública. Eso es lo que le da continuidad a los procesos de fiscalización del Negociado”, expresó.
El presidente del NEPR defendió la independencia técnica del organismo y reiteró que todas las resoluciones pasan por un análisis de los cinco comisionados.
“El Negociado de Energía es un ente independiente, y nosotros no recibimos instrucciones de nadie. Cada comisionado tiene que cumplir con los requisitos éticos más estrictos que impone la ley. Las determinaciones se toman conforme a la evidencia presentada”, sostuvo.
La vista, celebrada en el Capitolio, forma parte de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 187, que evalúa la situación del sistema energético en Puerto Rico.