El Senado de Puerto Rico rechazó este martes, en votación a viva voz, el nombramiento de David Figueroa Betancourt como procurador de las personas con impedimentos, tras semanas de controversias y señalamientos sobre su idoneidad para ocupar el cargo.
El rechazo legislativo ocurrió luego de que tanto senadores de mayoría como de minoría expresaran preocupaciones sobre la credibilidad del nominado, a quien se le acusó de mentir bajo juramento y de mantener vínculos contractuales que representarían un conflicto de interés. Además, enfrentaba señalamientos por su participación en demandas bajo la Ley federal Americans with Disabilities Act (ADA).
PUBLICIDAD
Durante las vistas públicas previas a la votación, varios legisladores plantearon sus reservas. “Al Senado ha llegado la información de comerciantes de diferentes sectores de Puerto Rico, presentándonos situaciones particulares con relación al nominado. Son situaciones que no podemos tomarlas de manera liviana. Hoy, si fuera a celebrarse esa confirmación, yo estaría votando en contra”, afirmó en ese momento el senador Ramón Ruiz Nieves.
En el proceso, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, y la senadora Marially González Huertas destacaron que Figueroa Betancourt ha sido demandante en múltiples casos por incumplimientos de la ADA, algunos dirigidos contra pequeños comerciantes, restaurantes, municipios y agencias estatales. Entre las entidades demandadas figuran el Municipio de Santa Isabel, la Autoridad de Edificios Públicos, la Junta de Planificación y la propia Defensoría de las Personas con Impedimentos, oficina que se suponía dirigiría tras su confirmación.
Ambos legisladores mencionaron también informes periodísticos que vinculan al designado con el abogado José Carlos Vélez Colón, señalado públicamente por presentar supuestas demandas frívolas contra agencias y negocios por violaciones a la ADA. Según trascendió, Figueroa Betancourt habría participado en al menos 27 demandas de este tipo.
Durante la vista pública, el licenciado José Valenzuela Alvarado denunció que este tipo de litigios se ha convertido “en un negocio altamente lucrativo y draconiano en contra de los propios comerciantes”. Añadió que muchos de ellos no reciben avisos o gestiones previas para corregir incumplimientos, sino que se les exige el pago de honorarios de abogados a cambio de no ser demandados, lo que calificó como “una práctica antiética, ilegal y constitutiva de extorsión”.
Entre los deponentes figuró también el comerciante Natanael Lantigua, propietario del negocio Bebo’s BBQ en Carolina, quien narró que fue demandado en 2016 sin que el supuesto demandante con impedimento se presentara. “Nunca vimos ningún impedido ni tampoco al abogado, simplemente nos emplazaron”, relató. Lantigua aseguró que rechazó “el chantaje” y realizó las adecuaciones necesarias en su local con certificación de ingeniero.