Sin vistas públicas ni discusión abierta, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 63 (PS 63), que, según advierten diversas organizaciones y medios de prensa, reduce las garantías para la fiscalización y el acceso a datos oficiales.
El PS 63, que busca enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, propone, entre otras medidas, extender significativamente los plazos de respuesta de las agencias gubernamentales. En concreto, duplica el tiempo de respuesta de 10 a 20 días laborables y amplía el periodo de prórroga hasta 40 días.
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El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó la oposición de las minorías al proyecto. Durante su intervención al inicio de la sesión, cuestionó que, cuando se discutió la ley de transparencia actual, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático (PPD) la rechazaron. “Si por ellos hubiera sido, no la tuvieran”, afirmó, al cuestionar la defensa de la ley vigente por parte de estas delegaciones.
Rivera Schatz también arremetió nuevamente contra la prensa por su oposición al PS 63.
Durante el debate sobre la medida, la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago, argumentó que la actual ley de Transparencia es “muy, muy imperfecta”. Planteó que esa ley fue aprobada sin la realización de vistas públicas lo que dio paso a un estatuto defectuoso. Advirtió que PS 63 tiene el propósito de que a la ciudadanía se le haga más difícil obtener información del gobierno.
Por su parte, Luis J. Hernández Ortiz, portavoz del PPD, dijo que su delegación votaría en contra del proyecto ante la falta de vistas públicas y participación ciudadana antes de la votación.
Previo a la aprobación, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico había instado al Senado a rechazar el proyecto, advirtiendo que socava el derecho fundamental del pueblo al acceso a la información pública, “un pilar de la democracia participativa”.
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La ACLU señaló que el PS 63 introduce otros cambios preocupantes y requisitos técnicos innecesarios, como la obligatoriedad de notificar la solicitud a múltiples funcionarios, lo que, según la organización, “permitiría invalidar peticiones legítimas y complica caprichosamente un proceso que debería ser sencillo y accesible”.
Asimismo, el proyecto busca eliminar la capacidad de los ciudadanos de exigir información en el formato más accesible para ellos, debilitando su uso y complicando el proceso, según la ACLU.