Puerto Rico descendería del puesto 94 al 106 en el Right to Information Index, el escalafón mundial que evalúa la fortaleza de las leyes de acceso a la información.
Así lo reveló un análisis independiente del Center for Law and Democracy, solicitado por organizaciones locales, que concluyó que el Proyecto del Senado 63 (PS 63) representa un serio retroceso para la transparencia gubernamental y colocaría al país por debajo de naciones como Irán en materia de acceso público a datos oficiales.
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“El proyecto duplica los plazos de respuesta, facilita que se declare confidencial la información y aumenta la burocracia e impunidad. En lugar de fortalecer el derecho a saber, lo desmantela”, advirtió Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, durante la conferencia de prensa celebrada frente al Capitolio.
“La transparencia no se negocia”
Por su parte, la presidenta del Overseas Press Club (OPC), Gloria Ruiz Kuilan, reiteró que el PS 63 “retrasa, complica y debilita el derecho del pueblo a fiscalizar su gobierno”.
“La transparencia no se negocia. La información pública le pertenece al pueblo y no al poder. Este proyecto normaliza la dilación y abre las puertas a la censura institucionalizada”, expresó Ruiz Kuilan.
Las organizaciones periodísticas denunciaron además que ningún legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) ni los coautores del proyecto han accedido a reunirse con representantes de la prensa o de la sociedad civil para discutir las enmiendas. Aun así, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Nydia Bauzá destacó que están en el Capitolio listas para reunirse con el liderato legislativo.
“Nadie ha abierto la puerta. Hemos entregado memoriales y solicitudes, pero no hemos sido escuchados”, lamentó Masses, al recalcar que las propuestas de periodistas, juristas y organizaciones comunitarias fueron ignoradas en el proceso legislativo.
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Sin vistas públicas y con voto inminente
El PS 63, impulsado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sería llevado a votación esta tarde sin haber pasado por vistas públicas.De aprobarse en el Senado, la medida pasará a la Cámara de Representantes, y de allí a La Fortaleza, donde las organizaciones anticiparon que continuarán su cabildeo para impedir su firma.
“Si la gobernadora Jenniffer González realmente cree en un gobierno abierto, debe expresar desde ahora que no firmará una medida que restrinja el acceso a la información pública”, exhortó Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta entrante del OPC y directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo.
“Un proyecto que busca ocultar”
El vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, licenciado Kevin Rivera, alertó que la medida “carece de fin público legítimo y parece diseñada para ocultar y entorpecer la fiscalización”.
“Si la clase política insiste en aprobar este retroceso, siempre quedará la vía judicial. Cuando una ley limita derechos constitucionales, los tribunales deben intervenir. No puede haber democracia si el gobierno se reserva el derecho de esconder información”, sostuvo Rivera.
ACLU: “Un retroceso peligroso”
En comunicado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico calificó el proyecto como “un intento claro de restringir el derecho del pueblo a conocer cómo se maneja el gobierno”.
“Duplicar el tiempo de respuesta impactará los procesos de fiscalización y creará dilaciones en detrimento del acceso oportuno a la información pública”, señaló su directora ejecutiva, Annette Martínez Orabona.
La organización recalcó que la transparencia es un componente esencial de los derechos constitucionales y exhortó a invertir en personal capacitado y plataformas digitales, en lugar de aprobar leyes que “promueven el secretismo y la censura”.
UPAGRA: “Convertiría la transparencia en una farsa”
El secretario ejecutivo de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA), Néstor Soto, advirtió que el proyecto “agrega más burocracia y convierte la llamada ley de transparencia en una farsa si en la práctica no se cumple”.
“Las agencias públicas ya dilatan las gestiones de los periodistas, que muchas veces tienen que ir a los tribunales. Esto hace más oneroso el proceso y limita el derecho del pueblo a estar informado”, denunció.
Académicas: “Puerto Rico necesita más apertura, no más silencio”
Profesoras de Periodismo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico expresaron que el PS 63 “profundiza los defectos de la ley vigente al duplicar términos de respuesta, añadir requisitos innecesarios y eliminar la obligación de entregar la información en el formato solicitado”.
“El acceso a la información no es un privilegio, sino un derecho. Sin información pública, la fiscalización periodística se torna imposible y la ciudadanía queda desprovista de herramientas para evaluar la gestión gubernamental”, plantearon.
Impacto en las comunidades
Líderes comunitarios advirtieron que el PS 63 afectaría directamente la capacidad de ciudadanos y organizaciones de conocer detalles sobre permisos, contratos y proyectos de infraestructura.
“Si ahora se nos hace difícil conseguir información sobre obras en nuestros pueblos, con esta ley será casi imposible. Se limita el derecho de toda persona a saber qué se hace con el dinero público”, expresó Modesta Irizarry, una reconocida líder comunitaria.
El reclamo fue contundente: detener la medida, devolverla a comisión y proteger el derecho constitucional del pueblo a saber cómo opera su gobierno.