El primer ministro de Francia, Sébastian Lecornu, anunció ante el Parlamento una suspensión temporal de la reforma de las pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, lo que aplazaría su entrada en vigor hasta enero de 2028.
La medida busca aliviar la creciente presión política y evitar un colapso legislativo en medio de amenazas de mociones de censura contra su recién formado gabinete.
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Lecornu planteó la propuesta durante su discurso de investidura ante la Asamblea Nacional, horas después del primer Consejo de Ministros de su segundo Gobierno. El mandatario advirtió sobre el riesgo de un “colapso presupuestario” si no se aprueban antes del 31 de diciembre los presupuestos generales y de la Seguridad Social, apelando a los partidos de la oposición para que colaboren en su aprobación.
Como gesto político, el primer ministro ofreció paralizar la aplicación del aumento de la edad de jubilación a los 64 años y la ampliación del periodo de cotización a 170 trimestres, al menos hasta 2029.
El Gobierno calcula que esta suspensión beneficiaría a 3.5 millones de franceses, aunque tendría un coste fiscal de unos 400 millones de euros en 2026 y 1,800 millones en 2027, que deberán compensarse con ajustes de gasto.
Lecornu también anunció la creación de una “conferencia sobre pensiones y trabajo” para los próximos días, en un intento por tender puentes con la oposición. Aseguró que su Ejecutivo no recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin voto parlamentario, y prometió “compartir el poder con el Parlamento”.
Pese a estos gestos, la tensión política no ha cedido. La izquierda se mantiene dividida: el Partido Comunista celebró la propuesta como “una primera victoria”, pero La Francia Insumisa (LFI) y los ecologistas advirtieron que seguirán promoviendo mociones de censura. El líder de LFI, Manuel Bompard, consideró la suspensión “un retraso temporal” y reiteró su exigencia de una “retirada integral” de la reforma.
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Desde la derecha, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, acusó al Gobierno de “temer a las urnas” y volvió a pedir un adelanto electoral, mientras el jefe de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, instó a su grupo a no censurar al Ejecutivo para evitar una crisis institucional.
En paralelo, el presidente Emmanuel Macron mantiene una postura firme. Según la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, el mandatario considera las mociones de censura como “mociones de disolución”, lo que implicaría la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas si alguna prospera.
Macron defendió la “estabilidad institucional” y llamó a los grupos a debatir “sin obstrucción”, consciente de que el futuro de su Gobierno depende del resultado de las votaciones parlamentarias.
La reforma de las pensiones sigue siendo el principal foco de fricción política en Francia, un asunto que, pese a la concesión de Lecornu, amenaza con reabrir la crisis que marcó el segundo mandato de Macron y que podría definir el rumbo de la política francesa antes de 2027.