La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al Gobierno de Puerto Rico que el nuevo contrato de suministro de gas natural licuado (LNG) entre Genera PR, como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y NF Energía LLC, filial de New Fortress Energy (NFE), todavía no garantiza acceso real al terminal de San Juan ni elimina los conflictos de interés que rodean a Genera y su empresa matriz.
En una carta enviada el 10 de octubre de 2025 al “zar energético” Josué Colón Ortiz, al vicepresidente de Genera, Ricardo Pallens Cruz, y al presidente de la Oficina de Compras de Terceros, Osvaldo Carlo, la JSF reconoció mejoras frente a la versión anterior del contrato, pero señaló que persisten riesgos significativos para el interés público.
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El nuevo acuerdo, anunciado por la gobernadora Jenniffer González Colón el 16 de septiembre de 2025, fue presentado como una renegociación exitosa que reduce el costo total estimado de $20,100 millones a unos $4,000 millones, acorta la duración de 15 a 7 años y elimina cláusulas de exclusividad criticadas por la Junta.
Según La Fortaleza, el contrato permitiría el acceso de terceros al terminal en caso de incumplimiento del suplidor y generaría ahorros anuales de unos $50 millones. Sin embargo, la interpretación de la Junta distó de este argumento.
Lo que cuestiona la Junta
La JSF reconoce avances como la reducción del compromiso mínimo de gas y la eliminación de exclusividad, pero advierte que las cláusulas de acceso al terminal no son efectivas en la práctica. Las secciones 22.12 y 22.13 del contrato solo permitirían la entrada de terceros bajo condiciones muy limitadas y sujetas a la discreción del suplidor.
El organismo también señala que el término “incumplimiento intencional” no está definido y que las operaciones “ship-to-ship” continúan prohibidas por la Guardia Costanera de Estados Unidos, lo que hace que esas disposiciones sean, en la práctica, inútiles.
Según la carta, Puerto Rico no podría traer otro suplidor de gas en caso de una crisis como la actual, en la que las plantas de San Juan y Palo Seco operan con diésel más caro.
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Conflictos de interés y falta de fiscalización
La Junta subraya que Genera PR es una filial del mismo grupo que controla a NF Energía, por lo que existe un conflicto de interés al ser la empresa responsable de fiscalizar a su propia matriz. También alertó que ni la Oficina de Compras de Terceros (3PPO) ni el Gobierno validaron de manera independiente los volúmenes de gas incluidos en el contrato.
“La JSF insiste en que P3A, la AEE o la 3PPO deben ser parte del contrato para garantizar que las disposiciones se apliquen y se fiscalicen adecuadamente”, plantea el documento firmado por Robert F. Mujica Jr., director ejecutivo del ente fiscal.
La carta también revela que NF Energía adeuda unos $17 millones a la AEE por incumplimientos previos en la entrega de gas y que esos pagos no se han efectuado, pues la empresa alega razones de fuerza mayor.
Contrato temporero sigue extendiéndose
Mientras tanto, la Junta ha dado paso a 12 extensiones al contrato temporero que Genera PR mantiene con NFE desde julio. Una segunda carta del asesor legal de la JSF, Jaime El Koury, fechada también el 10 de octubre, detalla que el contrato de emergencia por “exigencia” ha sido enmendado once veces y ahora se extiende hasta el 17 de octubre, con un tope acumulado de $70.9 millones.
Pese a esas extensiones, la JSF confirmó que NFE dejó de suministrar gas hace dos semanas, lo que obligó a que las unidades de San Juan 5 y 6 y las de generación temporera operaran con diésel.
“La Junta aprueba la enmienda solo para asegurar la continuidad del suministro de gas, pero reitera su solicitud de que Genera y el Gobierno notifiquen todas las medidas para hacer cumplir las penalidades por incumplimiento”, indica el escrito.
El contrato original de 15 años fue rechazado por la JSF en julio por incluir condiciones monopólicas, falta de transparencia y riesgos desbalanceados. Desde entonces, la Junta ha permitido acuerdos provisionales únicamente como medidas de emergencia.
El historial con NFE ha estado marcado por conflictos. Este mismo año, la gobernadora González acusó a la empresa de actuar “sin buena fe” luego de que una barcaza con combustible fuera desviada de Puerto Rico, evidenciando que la compañía mantiene control exclusivo del muelle de San Juan.
Con el nuevo contrato aún bajo evaluación y el suplidor incumpliendo entregas recientes, la disputa entre la JSF y el Ejecutivo mantiene en vilo el modelo de compra y fiscalización de combustibles, en momentos en que la isla sigue dependiendo del gas natural para garantizar su generación eléctrica.