El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco A. Quiñones Rivera, reconoció que no todas las instituciones penales del país cuentan con cámaras de seguridad operando de forma constante, aunque aseguró que la agencia trabaja en un plan de instalación y modernización tecnológica con apoyo federal.
En 2022, la entonces secretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón, admitió ante el Senado que las cámaras en las cárceles no grababan desde el año 2016, debido a que las licencias del sistema de videovigilancia no se renovaron. Esa falla dejó sin evidencia visual varios incidentes graves.
Quiñones Rivera explicó que, aunque se han incorporado equipos móviles y solares, el sistema no está completamente operativo en todas las instituciones.
“Yo no voy a entrar en detalles con relación donde hay o no hay cámaras en el sistema, pero voy a ser franco, no todas las instituciones tienen sistema de cámara fija, porque yo sí tengo o tenemos diez cámaras solares que las podemos mover a distintas instituciones y las estamos utilizando muy bien a través de todo el sistema”, indicó en entrevista Punto por Punro con Metro Puerto Rico.
Ante esa situación, el funcionario indicó que exploran las oportunidades de un programa federal que va dirigido a evitar el abuso sexual en las instituciones, que conlleva instalación de cámaras. “Un poco ese programa nos va a ayudar a suplir la necesidad de vigilancia electrónica en las instituciones, al igual que el otro sistema de cámaras portátiles que estamos ubicando también en el perímetro de las instituciones en Puerto Rico”, agregó.
El DCR administra actualmente 23 instituciones carcelarias y dos centros juveniles, y mantiene bajo su custodia más de 7,000 confinados, además de unas 6,000 personas bajo supervisión en la libre comunidad, según datos ofrecidos por el propio titular.
Costo por confinado y población en Estados Unidos
El secretario detalló que el costo promedio por confinado en Puerto Rico ronda los $50 mil anuales, cifra que incluye servicios de seguridad, salud, alimentación y rehabilitación.Además, confirmó que hay diez confinados que cumplen actualmente sus condenas en instituciones de los Estados Unidos. Dijo que no necesariamente ese confinado fuera de Puerto Rico resulta más costoso para el sistema.
“El costo por confinado refleja todo el esfuerzo del Estado para garantizar custodia, atención médica y oportunidades de rehabilitación. Aunque hemos reducido la población penal, los costos fijos siguen siendo altos por el tipo de servicio que brindamos,” explicó Quiñones Rivera.
Procesabilidad y rehabilitación
Quiñones Rivera confirmó que en las cárceles del país hay 124 personas declaradas no procesables que permanecen bajo custodia del DCR ante la falta de cupo en hospitales de psuquiatría forenses. Explicó que la agencia colabora con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en el seguimiento a estos casos y que el tema se discute activamente entre ambas dependencias.
Contrato de Physician Correctional
Durante la conversación, Quiñones Rivera confirmó que el Departamento mantiene en curso el proceso para sustituir a la empresa Physician Correctional, encargada de los servicios médicos a la población penal.
Actualmente hay 12 empresas interesadas y bajo evaluación de la agencia.
El contrato vigente con Physician Correctional, de alrededor de 11 millones anuales, ha estado bajo controversia desde el caso de Hermes Ávila Vázquez, asesino convicto que fue excarcelado por supuestas condiciones médicas y luego cometió un feminicidio.