El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco A. Quiñones Rivera, confirmó que la agencia necesita unos $37 millones recurrentes para cumplir con los aumentos salariales dispuestos en la Ley 91-2022, que establece un sueldo base de $2,350 para los oficiales correccionales.
Durante entrevista con Punto por Punto, el titular reconoció que el compromiso con el personal es una prioridad de su gestión.
“Esa ley, el 2022, ciertamente le concedió a los oficiales correccionales el sueldo base de 2,350 dólares. Pero hay otra parte que está en la ley, que es el aumento de los 746.67 dólares, que estuvo en el papel. Está en el papel y no se ejecutó”, admitió.
El titular explicó que el cumplimiento total de la ley depende de la disponibilidad presupuestaria y que la agencia mantiene conversaciones activas con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Nosotros estamos comprometidos con los oficiales… de identificar los fondos necesarios para tratar de hacer posible el cumplimiento de ese reclamo, que yo creo que es el reclamo más fuerte que tienen los oficiales correccionales”, indicó Quiñones Rivera al asegurar que si por él fuera ya aplicaría los aumentos, pero depende de identificar la fuente recurrente de fondos.
El secretario precisó que la cifra necesaria ronda los 37 millones de dólares anuales.
“Tenemos un compromiso de identificar esos 37 millones de dólares recurrentes anuales para que podamos hacer realidad ese reclamo de los oficiales correccionales”, añadió.
La Ley 91-2022 fue aprobada bajo la administración de Pedro Pierluisi para uniformar el salario base de los oficiales correccionales a $2,350 mensuales. Sin embargo, la aplicación del aumento quedó pendiente por falta de asignaciones recurrentes. En agosto, la Junta de Supervisión Fiscal aclaró que nunca se opuso a la medida y que las partidas se habían incluido en presupuestos previos, dejando en manos del Ejecutivo su ejecución.
Quiñones Rivera no quiso entrar en debate con la JSF. “Yo tengo un sentido de urgencia en este tema”, agregó.
El funcionario destacó que ha sostenido reuniones constantes con la presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, para atender el reclamo.
En verano pasado, hubo ausencias concertadas en reclamo al alza salarial.