El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) avanza en la fase técnica del proceso de revisión tarifaria base solicitada por LUMA Energy, un trámite que determinará el costo permanente de la factura eléctrica para abonados residenciales, comerciales e industriales.
De acuerdo con los documentos presentados en el expediente electrónico, el caso se encuentra en la etapa de análisis pericial, con tres informes técnicos radicados y una conferencia técnica pautada para el 16 de octubre.
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Según las órdenes del examinador asignado, Scott Hempling, el Negociado incorporó informes de expertos sobre el requerimiento general de ingresos, la asignación de costos, el diseño tarifario y un mecanismo de desvinculación de ingresos (revenue decoupling), que busca separar los ingresos de las compañías de la cantidad de energía que venden.
Uno de los informes propone un modelo con tope de 3 % para aumentos anuales, excluyendo los cargos por combustible y compra de energía —que ya se ajustan trimestralmente— y ordenando créditos automáticos a los clientes en caso de sobrecobros. Además, plantea incluir, en los cálculos, las pérdidas por apagones, algo inédito en procesos previos.
La conferencia técnica, programada de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., abordará también el manejo de materiales confidenciales, los paneles de contrainterrogatorio y el cronograma para la vista adjudicativa.
Un proceso en un contexto incierto
Esta revisión ocurre en medio de las presiones financieras sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) está paralizado en el Tribunal federal. Luego de cambios en los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ahora mismo hay solo cuatro. La falta de cuórum detuvo las negociaciones y mantiene en suspenso el futuro de la corporación pública.
El abogado en temas energéticos Ramón Luis Nieves, representante de una de las partes, reconoció que el proceso “ha sido largo pero necesario” y que “ya las partes sometieron los testimonios directos, periciales y la evidencia”.
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A su juicio, el caso “va bien adelantado” y una nueva tarifa base “podría emitirse durante el primer trimestre de 2026, posiblemente en febrero”.
No obstante, admitió que el contexto actual, con tres ajustes en la factura en menos de un mes, agrava la percepción ciudadana.
“Eso no lo aguanta nadie. Entre el ajuste por combustible, el ajuste por subsidios y ahora este proceso tarifario, hay una saturación evidente. La gente está agotada”, reconoció.
Para Nieves, más allá del rediseño tarifario, “hay que atender el tema de los subsidios por ley que encarecen el costo para el resto de los abonados, y también el asunto del combustible porque, si no se controlan esas variables, el efecto será el mismo aunque se rediseñe la tarifa base”.
Sobre el impacto del caso de deuda, señaló que su paralización “mantiene en suspenso cualquier decisión estructural sobre los ingresos de la AEE o los mecanismos de repago que podrían integrarse a la tarifa”.
Posible cobro transitorio
El abogado Rolando Emmanuelli Jiménez adelantó que las vistas evidenciarias comenzarán en noviembre y explicó que lo que está en juego es el “revenue requirement”, es decir, la cantidad que necesitan la AEE, Genera y LUMA para cubrir costos, inversiones y ganancias razonables.
Este advirtió que el NEPR podría aprobar una partida transitoria (rider) destinada a reservar fondos para el PAD, aun sin una decisión judicial.
“Creo que el Negociado va a ir por la línea de crear un rider para pago de deuda. [...] Eso sería un adelanto o una retención de dinero de los abonados [...] implica un cobro anticipado, y eso va a crear controversia”, alertó.
Emmanuelli Jiménez sostuvo que las tarifas propuestas “van a agravar el problema de las cuentas por cobrar y del llamado death spiral (espiral de muerte) del sistema eléctrico”.
“Hoy hay sobre $1,300 millones en cuentas por cobrar, de los cuales $730 millones son residenciales. Cuando tú sigues subiendo tarifas, la gente paga menos, los ingresos caen y se deteriora el servicio. Es un círculo vicioso”, puntualizó.
“Ya hay un aumento en curso”
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que, aunque el proceso tarifario no ha concluido, los consumidores ya enfrentan incrementos encubiertos.
“Ya le aprobaron lo que ellos han llamado estratégicamente un cargo provisional temporero o un cargo provisional de un centavo y medio [...] ya eso se está dando. Así que, de hecho, ya hay un aumento en curso”, dijo.
Calificó la situación como “una falta de transparencia” y recalcó que “la factura no aguanta nada más”.
“La Autoridad está desarticulada en tres operadores, cada cual con intereses distintos, y pretenden que el pueblo pague el costo de esa fragmentación”, agregó.
El proceso, amparado en la Ley 57 de 2014, concede al NEPR jurisdicción exclusiva sobre tarifas y cargos de la AEE y sus operadores privados. Tras la etapa pericial, el NEPR deberá emitir una determinación final en un plazo de 240 días, que podría extenderse si las partes presentan mociones o solicitan información adicional.