La Junta de Planificación (JP) anunció formalmente el inicio de la revisión del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT-PR), un proceso que se llevará a cabo por etapas y que incluirá la creación de una Oficina del Plan de Uso de Terrenos, encargada de implementar y dar seguimiento técnico al documento que define el desarrollo y la conservación en la isla.
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Durante una mesa redonda celebrada en la sede de la Junta, el presidente del organismo, Héctor Morales Martínez, junto a los planificadores licenciados e integrantes de la Junta Luis Lamboy Torres y Rebecca Rivera, explicaron cómo se estructurará la revisión del documento aprobado en 2015 y qué elementos serán objeto de evaluación.
Martínez enfatizó que el objetivo no será partir de cero, sino actualizar el marco de planificación tomando en cuenta los cambios ambientales, demográficos y económicos ocurridos desde los huracanes de 2017, los terremotos de 2020 y la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, Morales Martínez detalló que, además de la apertura de la nueva oficina, la Junta consideró esencial adoptar una guía oficial que oriente todo el proceso de revisión, razón por la cual aprobaron mediante resolución la Guía Interna para la Revisión del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. Dicha guía establece los principios, plazos y procedimientos que seguirán las agencias gubernamentales convocadas, asegurando uniformidad en los criterios técnicos.
Detalló que la revisión se dividirá en tres etapas principales: preparación, elaboración y consulta pública. En la primera fase se recopilarán datos y se establecerá la nueva Oficina del Plan de Uso de Terrenos, dirigida por un planificador profesional licenciado. En la segunda, se preparará un borrador con propuestas de cambio tras las reuniones con las diversas agencias gubernamentales requeridas, y finalmente se abrirá una etapa de participación ciudadana con vistas presenciales y virtuales, además de un portal digital para someter comentarios.
“El propósito del plan es desarrollar de manera integral y sostenible, y reconociendo el valor intrínseco del suelo, hay que organizar y clasificar adecuadamente el suelo, tenemos que crear un marco de referencia, crear unas métricas que nos ayuden para tener una manera de corroborar y verificar que ha sido eficaz, y en donde hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, y en donde hay que mejorarlo, se mejora, y en donde se debe quedar igual, se debe quedar igual”, continuó el presidente de la JP.
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El presidente destacó que el PUT revisado incluirá métricas de seguimiento, ausentes en el documento de 2015, para evaluar su efectividad y medir el crecimiento poblacional y la revitalización urbana.
“El pasado documento no creó unas métricas, una guía que hoy pudiesen ayudarnos a establecer cuál ha sido la eficacia del documento… Este próximo las va a tener”, afirmó.
Morales Martínez explicó que la revisión del Plan será un proceso extenso, y que podría extenderse más de un año, dependiendo del insumo técnico y la información recopilada.
“No pensamos que son nueve meses, puede ser más”, indicó, tras estimar que todo el proceso podría requerir como mínimo 90 días de análisis.
Asimismo, detalló que la “orden de hacer”, aprobada el martes, convoca a las agencias con mayor impacto en los procesos de planificación territorial. Estas incluyen la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento de Agricultura, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). También participan la Asociación y Federación de Alcaldes y las oficinas de permisos adscritas al DDEC.
“Estas agencias son críticas en la planificación, vías de transportación, comunicación, desarrollo de infraestructura de vivienda de interés social, infraestructura de agua y luz (...) y obviamente la agencia que tiene la función de velar porque el recurso y los recursos se protejan y se conserven”, puntualizó Morales Martínez.
Adelantó que la primera reunión con las agencias gubernamentales convocadas se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2025, fecha en la que se presentará oficialmente el plan de trabajo y el calendario de análisis interagencial.
“Esa será la primera reunión formal con todas las agencias que participan de este proceso, donde vamos a establecer las tareas, responsabilidades y los plazos que cada una tendrá para entregar la información necesaria”, señaló.
El funcionario añadió que, conforme a la Ley 550-2004, también se establecerá un grupo comunitario y académico que participará en el proceso de revisión, junto con sectores profesionales y de conservación ambiental. Entre el grupo debe haber, por lo menos, un agrónomo licenciado.
“Va a haber una participación que no es gubernamental. Van a haber sectores de la comunidad, el sector profesional, la academia (...) Inmediatamente tengamos el primer borrador con la agencia, entonces vamos a contar con ese grupo que va a ser parte del análisis constante”, explicó.
La participación comunitaria formal se activará en la fase de vistas públicas, mediante convocatoria. Estas vistas serán presenciales, virtuales y, posiblemente, regionales.
“El periodo de comentarios reglamentarios será mínimo de 90 días, pero podría extenderse mucho más (...) ”, aseguró.
Luego de las vistas, la Junta evalúa los comentarios y, con base en la evidencia y los estudios, aprueba la versión revisada del Plan de Uso de Terrenos mediante resolución formal.
Una vez aprobada por el pleno de la Junta, la versión final se remite a la gobernadora para su revisión y firma, y posteriormente pasa al Departamento de Estado para su inscripción y publicación oficial, momento en que entra en vigor como política pública de uso de terrenos en Puerto Rico.
Debate sobre vivienda y zonas protegidas
La revisión surge en un contexto de presiones encontradas. Por un lado, la Asociación de Constructores de Hogares urgió liberar terrenos actualmente protegidos para atender la demanda de vivienda. Por otro lado, sectores ambientales y de planificación alertaron sobre el riesgo de debilitar las protecciones sin evidencia científica.
El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, adelantó que favorece evaluar enmiendas al PUT para atender la creciente demanda de vivienda en el archipiélago.
“Ahora mismo, el plan de uso tiene solamente 14 % de todo el terreno en Puerto Rico que es permisible para construcción y, dentro de ese 14 %, aproximadamente 1 % es viable ahora mismo para construir nuevas viviendas”, explicó en entrevista con este medio.
A su juicio, debe buscarse un balance entre conservación y desarrollo, e incluso defendió que construir en zonas como el carso “no es pecado capital, siempre que se haga con conciencia y con las previsiones que nos da la tecnología de hoy día”.
Consultado sobre si la guía interna podría inclinarse hacia mayor desarrollo urbano o aumento de terreno para vivienda, Morales Martínez respondió que no existe ninguna dirección predeterminada.
“Hoy yo no puedo contestar eso adecuadamente (...) La guía no tiene absolutamente nada en una dirección”, aclaró.
El funcionario insistió en que la Junta no tiene “inclinación de ninguna naturaleza”, y que las decisiones se tomarán “a base del insumo” de las agencias, universidades y grupos ambientales.
“No son solamente los desarrolladores. También este grupo que tiene participación constante van a estar en la academia. Nosotros vamos a traer a la Universidad de Puerto Rico, están los grupos de conservación ambiental (...) y todas esas voces se van a tomar en consideración”, indicó.
Afirmó, además, que si el secretario del DRNA le propusiera diversificar zonas protegidas, la Junta tendría que rechazarlo conforme a lo que dispone la ley.
“Yo no voy a entrar a discutir lo que dice el secretario de recursos naturales. Él va a tener la oportunidad aquí de hacer su planteamiento (...) yo voy a seguir lo que dice la ley”, expresó.
El presidente añadió que actualmente Puerto Rico cuenta con 222 zonas protegidas y aproximadamente 600,000 cuerdas de terreno agrícola, las cuales “no se van a tocar porque ya están protegidas por ley”.
El presidente también abordó el señalamiento de que menos del 1 % del suelo de Puerto Rico está caracterizado como urbanizable, pero dijo que no podía confirmar esa cifra.
“De verdad, yo no lo puedo corroborar ni decir que es correcto. Yo sí te puedo decir que hay muchas áreas urbanas, muchos pueblos que han estado en desmejora y esas áreas hay que revitalizarlas”, expresó.
Según explicó Morales Martínez, el 76 % del suelo de Puerto Rico está reservado para conservación, mientras que un 14 % corresponde a zonas urbanas o urbanizables. El restante 7 % se clasifica como suelo rústico común, que puede destinarse al desarrollo controlado o mantenerse bajo protección.
Planificadores rechazan necesidad de más terreno para vivienda
Por sus partes, diversos planificadores refutaron que haya escasez de terrenos disponibles. El urbanista Pedro Cardona Roig recordó que el PUT vigente ya contempla más de 35,000 cuerdas de terreno urbanizable, el equivalente al doble del tamaño de Manhattan en Nueva York.
“Se podrían estar haciendo más de 300,000 viviendas en ese lugar. El problema no es que no tengan dónde, es que lo que se está construyendo no se ajusta a la necesidad porque las están construyendo tan caras que los que necesitan, no la pueden pagar”, señaló.
Cardona Roig enfatizó que, tras el huracán María, la disponibilidad de vivienda aumentó debido a la pérdida poblacional, por lo que “decir que hoy Puerto Rico no tiene suficiente terreno para la demanda de suelo para uso residencial, eso no se sostiene”.
“Cuando hemos estado escuchando los cambios que se quieren hacer a áreas protegidas y a sistemas naturales, no ha habido ninguna expresión en torno a un análisis científico de que la realidad que se identificó en un momento dado ya no existe, y eso es peligrosísimo”, advirtió.
El planificador ambiental y geógrafo Héctor Rivera Mercado coincidió en que la revisión es necesaria, pero insistió en que “el objetivo no debe ser abrir áreas sensibles a proyectos de vivienda”.
“La enmienda al plan es buscar qué cosas hay que ajustar, qué cosas hay que corregir, porque los planes son dinámicos y no son una camisa de fuerza. [...] Los terrenos son reservas agrícolas por unas razones. [...] No es que estén abandonados o estén ahí guardados por antojo, sino que tienen un motivo, un servicio”, continuó.
Rivera Mercado recordó que un crecimiento urbano sin planificación adecuada podría repetir errores del pasado. “Si seguíamos el desarrollo como lo llevamos en el 2000, en el 2010, 2012, pues hoy en día hubiéramos perdido la mayoría de los terrenos agrícolas y tendríamos sembrados de hormigón y concreto”, sostuvo.
El experto recalcó que el tema de la vivienda debe analizarse desde una perspectiva social: “Sí, estamos necesitados de vivienda, pero vivienda ¿para quién? ¿Cuáles son los niveles de ingreso que están requiriendo vivienda? ¿Cuál es la demografía, la sociedad, el estado socioeconómico de esas personas? [...] Para eso es el plan, es la guía”.
De igual forma, el profesor Ariam Torres Cordero, de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, afirmó que “hay suficiente suelo urbano y suficiente suelo urbanizable actualmente para satisfacer esa demanda de vivienda”.
“La población ha ido reduciendo constantemente por ya más de dos décadas, así que no es que tenemos más gente, lo que pasa es que a la gente que tenemos, no le estamos dando vivienda asequible”, añadió.
“Esas clasificaciones no se hacen de manera aleatoria ni caprichosa, se hacen basado en estudios y valorizaciones que se hacen de los terrenos. [...] Tenemos que mejorar el tema de los suelos urbanizables [...] y también mantener las protecciones necesarias para los terrenos que sean especialmente protegidos”, afirmó.
Al rechazar la liberalización de suelos protegidos como solución, concluyó que el reto no está en la disponibilidad de terreno, sino en el costo de la vivienda.