Los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos mostraron este martes su disposición a invalidar la prohibición de Colorado sobre la denominada “terapia de conversión” aplicada a menores, al coincidir con una consejera licenciada que sostiene que la norma viola su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.
En una de las causas más relevantes del año, los magistrados escucharon los argumentos sobre si los estados pueden vetar esta práctica desacreditada, que pretende “convertir” a personas homosexuales en heterosexuales o a personas transgénero en cisgénero. Según las autoridades de Colorado, aproximadamente la mitad de los estados del país ya prohíben la terapia para menores.
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Durante una audiencia de unos 90 minutos, varios jueces cuestionaron la capacidad del estado para regular la “terapia conversacional” del mismo modo que regula otros actos médicos.
El presidente del tribunal, John Roberts, recordó precedentes en los que el Supremo se negó a establecer un tratamiento distinto para el discurso profesional: “El hecho de que participen en una conducta no significa que sus palabras no estén protegidas”, afirmó.
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La consejera Kaley Chiles, demandante en el caso, argumenta que su enfoque de “consejería basada en la fe” consiste únicamente en comunicación verbal, y que sus clientes acuden de forma voluntaria. Chiles rechaza el término “terapia de conversión” y sostiene que su labor busca ayudar a quienes desean sentirse cómodos y en paz con su cuerpo.
El estado defiende que la terapia es atención médica y está sujeta a regulación
El gobierno de Colorado no ha sancionado a ningún profesional desde que se aprobó la ley en 2019, que excluye a los ministerios religiosos.
Los abogados del estado argumentaron que la norma permite conversaciones amplias y basadas en la fe sobre género y sexualidad entre terapeutas y menores, pero prohíbe los tratamientos que buscan un resultado predeterminado de cambio de orientación o identidad de género, por considerarlos “inseguros e ineficaces”.
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“El único aspecto que la ley prohíbe es realizar un tratamiento que busque ese resultado concreto”, señalaron los abogados estatales, al insistir en que la terapia no es solo discurso, sino atención sanitaria sujeta a la regulación del gobierno.
La ley prevé multas de hasta 5,000 dólares y la suspensión o revocación de licencias para quienes la infrinjan.
Como parte del debate público, Linda Robertson, madre cristiana de cuatro hijos en el estado de Washington, relató el caso de su hijo Ryan, quien fue sometido a una terapia destinada a cambiar su orientación sexual tras declararse homosexual a los 12 años.
Los métodos empleados le generaron culpa, vergüenza y depresión. Ryan murió en 2009, a los 20 años, tras varios intentos de suicidio y una sobredosis.