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Gobierno aprieta a New Fortress por crisis en la Bahía de San Juan mientras tribunal cita nueva vista

El zar de energía, Josué Colón, emplazó a la empresa a resolver de inmediato el conflicto con los pilotos marítimos, mientras la jueza federal Silvia Carreño Coll pautó una vista de interdicto para el 6 y 7 de octubre.

Fortaleza
Energía El zar de energía, Josué Colón. (Dennis Jones/Dennis A. Jones)

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El conflicto entre el Gobierno de Puerto Rico, la empresa New Fortress Energy (NFE) y los pilotos marítimos de la Bahía de San Juan entró en una nueva fase tras la orden emitida por la jueza Silvia Carreño-Coll, quien citó una vista de interdicto preliminar para mañana lunes y el martes.

La vista es parte del proceso para determinar si se mantiene o modifica la orden de restricción temporera (TRO) que desde el 27 de septiembre obliga a NFE a utilizar remolcadores de 80 toneladas en las maniobras de los buques de gas natural licuado (LNG) que abastecen a las unidades 5 y 6 de San Juan y a las plantas temporeras en San Juan y Palo Seco.

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Coincidentalmente con la citación judicial, el zar de energía, Josué A. Colón Ortiz, envió cartas a los ejecutivos de NFE, Wes Edens y Christopher Guinta, en la que les exige actuar “de inmediato” para resolver la disputa con los pilotos o contratar los equipos necesarios para cumplir con la orden federal.

“El cumplimiento con las obligaciones contractuales no es opcional”, advirtió Colón, al señalar que cualquier demora adicional sería considerada un incumplimiento grave y una amenaza directa a la seguridad energética de Puerto Rico.


En una misiva, fechada el 2 de octubre de 2025, el funcionario recalcó que la paralización del suministro de LNG constituye un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico y responsabilizó a NFE por los posibles daños derivados de su inacción.

Antes del emplazamiento del Gobierno, los pilotos marítimos acusaron a NFE de fabricar una “crisis energética artificial” para presionar al tribunal a flexibilizar la orden. En un escrito legal, los demandantes sostienen que sí existen remolcadores certificados de 80 toneladas y que el incumplimiento responde a problemas financieros, no a falta de equipo.Además, afirmaron que el sistema eléctrico no enfrenta una emergencia real, pues las unidades afectadas ya operan con diésel y el servicio se mantiene estable.

Los pilotos enfatizaron que levantar la orden judicial pondría en riesgo la vida de las comunidades cercanas a la bahía, al recordar que el estándar de seguridad fue validado por la Guardia Costanera y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). “Nuestra función es técnica y de seguridad. No vamos a ceder ante presiones que comprometan vidas humanas”, puntualizaron.

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Mientras tanto, la AEE y la AAPP han insistido ante el tribunal que la orden judicial impone un “embargo energético”, pues el terminal de gas de San Juan no cuenta con tanques de almacenamiento terrestre y depende totalmente de las descargas marítimas. Las agencias argumentan que la falta de gas obliga a operar con diésel, aumentando costos y emisiones y reduciendo la reserva operacional.

Lo próximo en el tribunal

La jueza Silvia Carreño-Coll celebrará la vista de interdicto preliminar el lunes y martes, 6 y 7 de octubre, para escuchar los argumentos del Gobierno, NFE y los pilotos marítimos.Hasta tanto, la orden de seguridad que exige el uso de remolcadores especializados permanece en vigor, manteniendo detenidas las descargas de LNG en la Bahía de San Juan.

Otros choques del Zar de Energía y los contratistas

Desde comienzos de año, Colón ha emitido una serie de cartas de advertencia y requerimientos a ambas entidades por temas que incluyen:

  • Preocupación por la estabilidad financiera de NFE, tras degradaciones crediticias y advertencias de “going concern” en sus informes a la SEC.
  • Incumplimientos en proyectos críticos, como la entrega de unidades móviles TM2500 y retrasos en la formalización de contratos.
  • Fallas operacionales y disputas de pago que provocaron bloqueos en el muelle de San Juan durante el verano.
  • Multas ambientales impuestas por la EPA por uso excesivo de diésel y violaciones de permisos.
  • Órdenes de contingencia ante la temporada de huracanes y la necesidad de planes de emergencia actualizados.

En múltiples comunicaciones, el director ejecutivo de la P3A ha reiterado que el Estado no aceptará excusas por parte de Genera ni de NFE y que los incumplimientos contractuales pueden acarrear sanciones o terminación de acuerdos.

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