El puertorriqueño Emanuel Rivera-Fuentes, quien encabezaba la demanda federal que busca la extensión del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los residentes de Puerto Rico, falleció a mediados de septiembre tras más de cuatro años de litigio. Su muerte se suma a la de otras dos demandantes y un padre de familia incluidos en el caso, todos fallecidos antes de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston resuelva el pleito.
“Literalmente se mueren esperando esta asistencia”, expresó la abogada Isabel Abislaimán Quílez, quien representa al grupo de demandantes.
PUBLICIDAD
El caso Emanuel Rivera-Fuentes et al. v. Kilolo Kijakazi, comisionado del Seguro Social, fue radicado en 2020 ante el Tribunal Federal en San Juan y luego apelado ante el Primer Circuito. El grupo de 12 demandantes —adultos mayores, personas con discapacidades severas y bajos ingresos— reclama que la exclusión de Puerto Rico del programa viola la Constitución federal y constituye discriminación contra ciudadanos estadounidenses por razón de residencia.
Rivera-Fuentes, nacido prematuramente y con múltiples condiciones médicas, vivía postrado en cama bajo el cuidado de su madre, Gladys Fuentes Lozada, quien también era parte de la demanda y falleció el 7 de diciembre de 2023. Otra demandante, Maritza Frasqueri, murió el 29 de mayo de 2024, mientras que Edwin Morales López, padre de la demandante Norali Morales Rodríguez, falleció el 4 de diciembre de 2022. Desde entonces, la menor ha sido representada por su madre.
El pleito sostiene que negar el SSI a los residentes de Puerto Rico viola la cláusula de Ciudadanía y los Privilegios e Inmunidades de la Decimocuarta Enmienda, por lo que no está vinculado al precedente de Vaello Madero, resuelto en 2022 bajo la Quinta Enmienda. En el recurso apelativo presentado el 30 de mayo de 2023, la defensa argumentó que “Vaello no considera la ciudadanía americana de los residentes de Puerto Rico”, y que “el cuestionamiento constitucional presentado aquí es completamente diferente”.
Crisis humanitaria y los Casos Insulares
El recurso apelativo radicado en Boston advierte que “una crisis humanitaria se ha estado desarrollando en Puerto Rico en años recientes”. Además, se adentra en la historia de los Casos Insulares, señalando que estas decisiones judiciales siguen justificando un trato desigual hacia los territorios de Estados Unidos.
El escrito argumenta que la exclusión del SSI responde a una concepción limitada de la ciudadanía y que, al no considerar los derechos plenos de los puertorriqueños, perpetúa una estructura jurídica discriminatoria.
PUBLICIDAD
Impacto económico
El caso plantea que la extensión del SSI a Puerto Rico podría beneficiar a más de 300,000 personas con un pago mensual de aproximadamente $1,000 por individuo, lo que representaría cerca de $1,000 millones anuales en ingresos para las familias más vulnerables.
“Sin considerar las condiciones de vida de sobre 300,000 ciudadanos elegibles en Puerto Rico al SSI, esta corte no puede hacer justicia completa al momento de considerar el propuesto Plan de Ajuste”, advierte el recurso presentado por Abislaimán.
En junio de 2023, Abislaimán radicó una moción ante la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa la quiebra del gobierno local bajo la ley PROMESA, para objetar el Plan de Ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En ese escrito solicitó paralizar los procesos hasta que se resolviera la apelación en Boston, argumentando que un nuevo cargo para el pago de la deuda de la corporación afectaría a las poblaciones más pobres y discapacitadas.
A casi cinco años de radicada la demanda, el caso sigue pendiente de resolución en el Primer Circuito.