La Junta de Planificación se prepara para abrir un proceso de revisión del Plan de Uso de Terrenos (PUT) de Puerto Rico, y aunque los detalles del proceso se han mantenido herméticos, ya comienza el debate sobre los cambios al documento.
El PUT es la herramienta que define, a nivel macro, cómo se organiza el desarrollo y la conservación en Puerto Rico. Creado bajo la Ley 550 del 2004 y aprobado finalmente en 2015, el PUT clasifica y zonifica el suelo con el fin de balancear las necesidades de vivienda, infraestructura y actividad económica con la protección de los recursos naturales. Por mandato legal, debe revisarse cada diez años, por lo que, en noviembre de 2025, corresponde iniciar ese proceso.
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La revisión surge en un contexto de presiones encontradas. Por un lado, la Asociación de Constructores de Hogares urge liberar terrenos actualmente protegidos para atender la demanda de vivienda. Por otro, sectores ambientales y de planificación alertan sobre el riesgo de debilitar las protecciones sin evidencia científica.
El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, adelantó que favorece evaluar enmiendas al PUT para atender la creciente demanda de vivienda en el archipiélago.
“Ahora mismo, el plan de uso tiene solamente 14 % de todo el terreno en Puerto Rico que es permisible para construcción y, dentro de ese 14 %, aproximadamente 1 % es viable ahora mismo para construir nuevas viviendas”, explicó en entrevista con este medio. A su juicio, debe buscarse un balance entre conservación y desarrollo, e incluso defendió que construir en zonas como el carso “no es pecado capital, siempre que se haga con conciencia y con las previsiones que nos da la tecnología de hoy día”.
Sin embargo, planificadores refutaron que haya escasez de terrenos disponibles. El urbanista Pedro Cardona Roig recordó que el PUT vigente ya contempla más de 35,000 cuerdas de terreno urbanizable, el equivalente al doble del tamaño de Manhattan en Nueva York.
“Se podrían estar haciendo más de 300,000 viviendas en ese lugar. El problema no es que no tengan dónde, es que lo que se está construyendo no se ajusta a la necesidad porque las están construyendo tan caras que los que necesitan, no la pueden pagar”, señaló.
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Cardona Roig enfatizó que, tras el huracán María, la disponibilidad de vivienda aumentó debido a la pérdida poblacional, por lo que “decir que hoy Puerto Rico no tiene suficiente terreno para la demanda de suelo para uso residencial, eso no se sostiene”.
“Cuando hemos estado escuchando los cambios que se quieren hacer a áreas protegidas y a sistemas naturales, no ha habido ninguna expresión en torno a un análisis científico de que la realidad que se identificó en un momento dado ya no existe, y eso es peligrosísimo”, advirtió.
El planificador ambiental y geógrafo Héctor Rivera Mercado coincidió en que la revisión es necesaria, pero insistió en que “el objetivo no debe ser abrir áreas sensibles a proyectos de vivienda”.
“La enmienda al plan es buscar qué cosas hay que ajustar, qué cosas hay que corregir, porque los planes son dinámicos y no son una camisa de fuerza. [...] Los terrenos son reservas agrícolas por unas razones. [...] No es que estén abandonados o estén ahí guardados por antojo, sino que tienen un motivo, un servicio”, continuó.
Rivera Mercado recordó que un crecimiento urbano sin planificación adecuada podría repetir errores del pasado. “Si seguíamos el desarrollo como lo llevamos en el 2000, en el 2010, 2012, pues hoy en día hubiéramos perdido la mayoría de los terrenos agrícolas y tendríamos sembrados de hormigón y concreto”, sostuvo.
El experto recalcó que el tema de la vivienda debe analizarse desde una perspectiva social: “Sí, estamos necesitados de vivienda, pero vivienda ¿para quién? ¿Cuáles son los niveles de ingreso que están requiriendo vivienda? ¿Cuál es la demografía, la sociedad, el estado socioeconómico de esas personas? [...] Para eso es el plan, es la guía”.
De igual forma, el profesor Ariam Torres Cordero, de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, afirmó que “hay suficiente suelo urbano y suficiente suelo urbanizable actualmente para satisfacer esa demanda de vivienda”.
“La población ha ido reduciendo constantemente por ya más de dos décadas, así que no es que tenemos más gente, lo que pasa es que a la gente que tenemos, no le estamos dando vivienda asequible”, añadió.
Torres Cordero explicó que el PUT vigente organiza el territorio en tres grandes categorías: urbano, urbanizable y rústico. Este último se subdivide entre suelo común y suelo rústico especialmente protegido por su valor ecológico, agrícola, hídrico o paisajístico.
“Esas clasificaciones no se hacen de manera aleatoria ni caprichosa, se hacen basado en estudios y valorizaciones que se hacen de los terrenos. [...] Tenemos que mejorar el tema de los suelos urbanizables [...] y también mantener las protecciones necesarias para los terrenos que sean especialmente protegidos”, afirmó.
Al rechazar la liberalización de suelos protegidos como solución, concluyó que el reto no está en la disponibilidad de terreno, sino en el costo de la vivienda.
Oficiales de la Junta de Planificación aún no están disponibles para comentar sobre la revisión que podría iniciar desde noviembre.