Aunque la gobernadora Jenniffer González Colón ha reiterado que una reforma contributiva es una de sus prioridades, aún no se ha radicado la legislación. No obstante, en la Cámara de Representantes, ya se evalúan medidas relacionadas con impuestos, y se espera que los proyectos del Ejecutivo lleguen en los próximos días.
El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, explicó que el Comité de Reforma Contributiva, creado en diciembre de 2024, sigue evaluando propuestas para presentar recomendaciones a la primera ejecutiva y a los legisladores. Señaló que el objetivo es impulsar un sistema más justo y equitativo para implementarse sin contratiempos.
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“Todo lo hemos hecho con mucha planificación y detenimiento para asegurarnos que cualquier legislación que sea aprobada pueda ser implementada y no levante reparos en el proceso”, manifestó. Recordó que la gobernadora había presentado 14 medidas en la pasada sesión legislativa, de las cuales siete se convirtieron en ley y otras permanecen bajo evaluación.
En vista pública celebrada hace dos semanas, Pantoja Rodríguez recalcó que uno de los mayores problemas son las escalas de contribución sobre ingresos, que llevan más de una década sin revisarse. Expuso que los contribuyentes con ingresos en exceso de $61,500 tributaban a una tasa marginal del 33 %, lo que colocaba a Puerto Rico entre las jurisdicciones con cargas contributivas más altas dentro de los Estados Unidos.
“Más allá de las complejidades del sistema, yo creo que la onerosidad, para los individuos, en unas escalas que no se han revisado hace más de una década, es uno de los objetivos específicos que ha establecido el Comité”, declaró.
Cámara de Comercio pide un rediseño integral
Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara de Comercio, Margaret Ramírez, insistió en que el proceso no puede reducirse a parches legislativos.
“Lo que queremos es un sistema donde se reduzca la carga contributiva tanto para individuos como para corporaciones, de modo que se fomente la formalización de negocios y aumente el cumplimiento voluntario”, expresó.
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A su juicio, la actual estructura desincentiva la inversión y promueve la informalidad. Señaló que uno de los reclamos principales de la matrícula empresarial es la eliminación del impuesto al inventario, al que describió como una barrera para la competitividad. También sostuvo que el sistema debe consolidar las planillas y ajustar las tasas según la inflación.
Ramírez enfatizó que la discusión debe mirar el panorama económico de largo plazo. Según esta, las contribuciones actuales también afectan las posibilidades de reinversión de las empresas locales. Por eso, defendió que la reforma se conceptualice como una política pública de desarrollo económico y no como un mero ajuste fiscal.
Medidas legislativas anticipan la reforma
En el ámbito legislativo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier Chinea, reconoció la urgencia en radicar la tan esperada reforma contributiva. Relató que la Cámara ya evalúa proyectos vinculados con el tema en anticipación a la reforma contributiva.
“Ya el secretario [de Hacienda] habló que debe estar llegando esta semana y espero que así sea, si no, tomaría tiempo evaluarla. Es importante porque nos queda un mes para aprobar medidas de este tipo”, señaló.
Charbonier Chinea explicó que la meta de cualquier cambio es aliviar el bolsillo de los contribuyentes. “Si logramos bajar sustancialmente ese por ciento, vamos a lograr que la gente tenga más dinero en el bolsillo y así pueda trabajar, comprarse artículos o mejorar su casa”, expresó. Añadió que la Cámara está lista para atender la medida tan pronto llegue del Ejecutivo.
La sesión ordinaria cierra el 18 de noviembre.
Cargas contributivas más altas
El Instituto de Libertad Económica publicó, en agosto, el informe titulado Los impuestos en Puerto Rico: estructura, carga tributaria y comparación con Estados Unidos. El documento señaló que la isla figura entre las jurisdicciones con cargas contributivas más altas, especialmente en los impuestos sobre ingresos y consumo.
El análisis concluyó que el sistema actual genera distorsiones que desalentaban la inversión y afectan la competitividad frente a estados de Estados Unidos con tasas más bajas y estructuras más simples.