La Comisión de lo Jurídico del Senado evaluó el viernes el Proyecto del Senado 712, que busca enmendar las Reglas de Procedimiento Civil con el fin de incorporar el derecho a juicio por jurado en casos de responsabilidad extracontractual cuando las reclamaciones superen los $100 mil.
También lee: Denuncian irregularidades en la Comisión de Juegos afectan a comerciantes
PUBLICIDAD
La autora de la medida, la senadora Nitza Morán Trinidad, defendió la propuesta asegurando que responde a un modelo vigente en algunas jurisdicciones de Estados Unidos.
“No estamos inventando la rueda, todos conocen la Séptima Enmienda de la Constitución, que esto se cobija en tribunales federales. Siempre va a haber una resistencia a los cambios. Yo creo que es el momento de mover a Puerto Rico hacia esos nuevos cambios de oportunidades”, señaló, aunque aclaró que el proyecto está abierto a enmiendas.
Levantan reservas
Por su parte, el Departamento de Justicia representado por la licenciada Tanya García, expuso que la Constitución local solo garantiza juicios por jurado en casos criminales por delito grave y no en los civiles.
De hecho, García indicó que el Tribunal Supremo federal evalúa actualmente un caso que podría determinar si este derecho constituye un derecho fundamental aplicable a los estados.
“Consideramos imperativo esperar la decisión del Tribunal Supremo antes de adoptar cualquier medida adicional”, puntualizó.
PUBLICIDAD
Asimismo, varias abogadas plantearon reservas en torno a la viabilidad del proyecto. La licenciada Giselle Rosa González advirtió que no se asignan fondos al Poder Judicial para costear la infraestructura, el personal y la capacitación que conllevaría la implementación, a la vez que mostró preocupación sobre la dificultad de reclutar jurados adicionales.
Mientras, la abogada Mónica Hernández coincidió en que trasladar los costos a las partes litigantes afectaría el acceso a la justicia.
Por su parte, Migdalia Fraticelli y Nereida Cortés, en representación de la Comisión Civil del Colegio de Abogados y Abogadas, rechazaron la medida al entender que complicaría y encarecería los procesos sin aportar beneficios claros.
“Tal como está redactado, el proyecto no muestra que la implantación de la figura de jurado para una categoría particular de casos civiles aporte en modo alguno a un verdadero fortalecimiento de la transparencia, legitimidad y confianza pública en el sistema judicial”, expresó Fraticelli.
Por su parte, el procurador del ciudadano, Edwin García Feliciano, también manifestó reservas.
“Consideramos que la medida no constituye un remedio conveniente, ni necesario para nuestro sistema judicial, puesto que trae consigo retos significativos en términos de acceso, costos y logística judicial, que en su implementación pudiese generar inequidades y sobrecargas administrativas”, expuso.
A su juicio, la incorporación de jurados civiles prolongaría los procesos y aumentaría los costos de litigación en un sistema ya sobrecargado.
Las expresiones fueron dichas en una vista evaluativa de la Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo López, celebrada el viernes.