La jueza federal María Antongiorgi-Jordán cuestionó este lunes los límites de la autoridad presidencial y la falta de justificación inmediata en los despidos de tres exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), durante una vista celebrada en el Tribunal Federal de Puerto Rico sobre la solicitud de injunction presentada por los destituidos.
Los demandantes —Arthur J. González, Betty A. Rosa y Andrew G. Biggs— alegan que su remoción por parte de la administración de Donald Trump, ocurrida entre el 1 y 13 de agosto, fue ilegal por incumplir con la disposición de la Ley PROMESA, que exige que los integrantes de la Junta solo pueden ser removidos “por causa”.
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La magistrada se concentró en si se violó el debido proceso de ley, al ejecutarse sin ofrecer explicación alguna, según reportó Teleonce.
La jueza cuestionó al abogado de la Casa Blanca, Eric J. Hamilton, quien representa al Departamento de Justicia federal, sobre el interés público de seguir la ley.
Durante la vista, Antongiorgi-Jordán destacó que los correos electrónicos enviados por la Casa Blanca para notificar los ceses no incluían causa alguna, y que fue recién el viernes pasado, más de seis semanas después de las destituciones, cuando los demandantes recibieron una nueva carta enumerando razones como “ineficiencia, poca efectividad y fallas en cumplir con la misión estatutaria”.
El representante de Trump defendió la legalidad de los despidos y sostuvo que la Ley PROMESA no define qué constituye una “causa” ni establece el procedimiento para aplicarla, por lo que las cartas posteriores serían suficientes para cumplir con el requisito legal.
La jueza, sin embargo, se mostró escéptica ante esa interpretación y cuestionó si una carta enviada semanas después cura el defecto original. Incluso cuestionó si el Presidente entiende que está por encima de la ley.
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Otro de los temas discutidos fue la tardanza en radicar la demanda, presentada seis semanas después de los despidos. La jueza cuestionó cómo los exmiembros pueden sostener que enfrentan un “daño irreparable”, si esperaron más de un mes para acudir al tribunal.
El abogado James I. Pearce, del Washington Litigation Group, explicó que el retraso se debió a las dificultades para conseguir representación legal sin conflictos de interés, dado que varios bufetes han tenido vínculos contractuales con la Junta.
El Departamento de Justicia federal también insistió en que no existe daño irreparable porque los exmiembros no devengaban salario por su función. No obstante, la jueza replicó preguntando si el hecho de no recibir compensación elimina el “interés propietario” sobre sus cargos y el derecho a un proceso justo.
Niegan intervención de Peterson
La jueza Antongiorgi-Jordán denegó la solicitud de intervención del exmiembro Justin Peterson, quien presentó un recurso como amicus curiae apoyando la acción de la Casa Blanca y defendiendo la autoridad de Trump para remover a los integrantes del ente.
Análisis: “Hubo violación al debido proceso”
Al concluir la vista, el abogado y analista John Mudd opinó que, por el tipo de preguntas formuladas, la jueza podría inclinarse a concluir que se violó el debido proceso.
“Entiendo que ella cree que se violó el debido proceso de ley porque no se les dieron las razones en ese momento”, dijo Mudd a la salida del tribunal. “Eso es cierto: no se les dieron, aunque se intentó justificar después. Pero podría también determinar que, aunque hubo violación, no hay daño irreparable”, advirtió.
La jueza se reservó el fallo y anticipó que emitirá su determinación por escrito en las próximas 48 horas.