Tres exmiembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) —Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa— buscan ser reinstalados de inmediato a sus puestos mediante una orden judicial de emergencia (injunction), mientras se dilucida la legalidad de sus remociones por parte de la administración de Donald Trump a inicios de agosto.
El caso, radicado en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico (González v. Gor, 25-cv-1508 (MAJ)), está asignado a la jueza María Antongiorgi-Jordán, quien emitió una notificación de vista para hoy lunes, 29 de septiembre, a las 10:00 a.m. en la Sala 2 de Hato Rey.Según el expediente, las partes deberán comparecer preparadas para argumentar si procede la emisión de una orden de restricción temporal, con el fin de evitar que los demandados tomen medidas adicionales para ejecutar los despidos.
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Solicitan reinstalación inmediata
En su moción de injunction preliminar, los exintegrantes sostienen que fueron removidos sin causa justificada, en violación de la Ley PROMESA, que permite la destitución de los miembros de la Junta solo “por causa”, y del debido proceso de ley. Los tres recibieron correos electrónicos de una línea informando su “terminación efectiva inmediata”, sin explicación ni vista previa.
El equipo legal —encabezado por el Washington Litigation Group, junto a Cooley LLP y Democracy Defenders Fund— argumenta que los despidos son nulos, porque la Casa Blanca no presentó justificación alguna y porque el Presidente carece de autoridad bajo el Artículo II para intervenir con un ente territorial.
“La ley es clara: los miembros de la Junta solo pueden ser removidos por causa. La administración nunca intentó justificar su acción”, sostuvo el abogado James Pearce, Senior Counsel del Washington Litigation Group en un comunicado de prensa de la firma legal que representa a los demandantes. “Además, el Presidente no puede reclamar poderes inherentes bajo el Artículo II, ya que el Tribunal Supremo determinó en 2020 que la Junta forma parte del gobierno territorial de Puerto Rico, no del Ejecutivo federal”, agregó.
Pearce añadió que el caso trasciende a los tres demandantes, porque pone a prueba los límites constitucionales del poder presidencial sobre los territorios. “Si el Presidente puede remover arbitrariamente a oficiales territoriales, podría alegar autoridad para despedir funcionarios locales en los territorios o incluso en la capital federal. Eso debe preocuparnos a todos”, argumentó.
Contexto institucional
Los demandantes piden al tribunal emitir una orden que los restituya provisionalmente en sus cargos y congele cualquier nombramiento o sustitución, para preservar la composición legal de la JCF, que actualmente opera con solo uno de sus siete miembros.
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El injunction busca prevenir daños irreparables a la continuidad de los procesos fiscales y de reestructuración que supervisa la Junta, mientras se define el alcance de los poderes presidenciales sobre el ente creado por el Congreso bajo su autoridad del Artículo IV.
El exmiembro Justin Peterson, quien apoyó públicamente la decisión de Trump, presentó un escrito amicus curiae en apoyo a los demandados, representado por el abogado Ramón L. Rosario Cortés II.
Qué dice la demanda
La demanda original, presentada el 18 de septiembre de 2025, alega que las destituciones de González, Biggs y Rosa violaron la ley PROMESA, el debido proceso de ley y la separación de poderes.
El documento describe los despidos —formalizados entre el 1 y el 13 de agosto mediante correos electrónicos sin justificación— como “ultra vires”, es decir, más allá de la autoridad legal del Presidente.Los exmiembros argumentan que, al ser la Junta una entidad dentro del gobierno territorial de Puerto Rico, el Ejecutivo federal no puede removerlos discrecionalmente, pues los cargos están protegidos por estatuto y solo pueden cesarse “por causa” y tras una audiencia.
El recurso incluye ocho causas de acción, entre ellas:
- Violación de la Ley PROMESA por remoción sin causa y sin audiencia.
- Violación del debido proceso bajo la Quinta Enmienda.
- Actos contrarios al derecho administrativo federal (APA).
- Violación al principio de separación de poderes, al invadir facultades del Congreso sobre los territorios.
- Solicitud de mandamus y de declaratoria judicial para su restitución inmediata.
Los demandantes piden que el tribunal declare sus remociones nulas, los restituya en sus puestos y ordene a la Casa Blanca tratarles como miembros activos de la Junta hasta que concluya el pleito.
En su alegato, advierten que, de avalarse las acciones del Ejecutivo, se sentaría un precedente que permitiría al Presidente “remover cualquier oficial territorial o del Distrito de Columbia a su antojo”, lo que —según ellos— “pone en riesgo la autonomía local y el balance constitucional”.