El exmiembro de la Junta de Control Fiscal (JCF), Justin Peterson, presentó un escrito como amigo de la corte ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en apoyo al expresidente Donald Trump y al director de personal de la Casa Blanca, Sergio Gor, argumentando que los despidos de seis miembros de la Junta fueron necesarios, legales y en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Peterson, quien fue designado en 2020 por Trump, sostiene que el ente fiscal ha fracasado en su misión de reestructurar la deuda pública y estabilizar la economía, especialmente por su manejo de la crisis energética y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En su opinión, los ceses dispuestos por la Casa Blanca “responden a la ineficiencia y al mal desempeño de la Junta”.
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“El Presidente actuó correctamente al remover a miembros que, por años, gastaron miles de millones en consultores sin ofrecer resultados tangibles. La Junta ha fallado en sacar a Puerto Rico de la quiebra”, expresó Peterson en su escrito legal.
El exfuncionario alegó que la ley PROMESA permite la destitución de integrantes “por causa” y que ese concepto debe interpretarse de manera amplia, incluyendo ineficiencia, diferencias de política pública o desempeño deficiente. Por tanto, defendió el poder del Presidente para reemplazar a miembros que no cumplen su mandato, siempre que actúe en interés público.
Peterson es representado por el abogado Ramón L. Rosario Cortés II.
Crítico del manejo de la AEE
La intervención de Peterson ocurre dos años después de su renuncia pública a la Junta, anunciada en agosto de 2023, cuando denunció que el organismo buscaba aprobar un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la AEE que “aniquilaba a los bonistas mientras mantenía intactas las pensiones”.
“He decidido renunciar porque no deseo ser parte de un trato injusto, coercitivo y discriminatorio. La Junta quiere esencialmente aniquilar a los tenedores de bonos mientras mantiene las pensiones completamente intactas. Esto está mal”, expresó en aquel momento.
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El exintegrante insistió en que la AEE lleva casi una década en quiebra, mientras la JCF no ha logrado una solución duradera ni ha modernizado el sistema eléctrico. En su escrito reciente, enfatizó la necesidad de una nueva dirección que promueva acuerdos con acreedores y fomente una reconstrucción energética basada en gas natural y tecnología nuclear.
Propone cambios y eventual disolución
Peterson planteó que la Junta debe concentrarse en cerrar los procesos de quiebra pendientes —particularmente el de la AEE— y luego disolverse, devolviendo la autoridad fiscal al gobierno electo de Puerto Rico.
Advirtió que reinstalar a los exmiembros demandantes “sería catastrófico” porque perpetuaría “las políticas que hundieron la credibilidad y eficacia del ente”.
“Puerto Rico necesita un cambio de rumbo. La Junta no puede seguir siendo un obstáculo para el crecimiento económico”, puntualizó.
Peterson ha sido un crítico constante de las decisiones de la JCF, particularmente en torno a la reestructuración de la AEE. Su nombramiento en 2020 respondió a la facultad del Presidente de designar a integrantes bajo la Ley PROMESA.Su término vencía en octubre de 2023.
La jueza María Antongiorgi-Jordán celebrará una vista hoy 29 de septiembre para evaluar el pedido de injunction de los exmiembros Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa, quienes alegan que sus despidos fueron ilegales y violaron la ley PROMESA.
Hasta el momento, los demandados —Donald J. Trump, Sergio Gor, John E. Nixon y Robert F. Mujica— no han presentado todavía su respuesta formal a la demanda ni su oposición a la moción de injunction, según consta en el expediente judicial.
El expresidente Donald J. Trump y el funcionario Sergio Gor están representados por las abogadas Priscila M. Acevedo-Román, fiscal auxiliar de Estados Unidos, y Dennise N. Longo Quiñones.Por su parte, el miembro de la Junta John E. Nixon y el director ejecutivo del ente, Robert F. Mujica, cuentan con representación de la firma Proskauer Rose LLP, mediante los licenciados Margaret A. Dale y Mark D. Harris, junto al abogado local Luis F. Del-Valle Emmanuelli.