Del CPI.
La gobernadora delegó en los alcaldes el cuidado de las personas enfermas y en riesgo de morir tras los apagones, pero los municipios de Puerto Rico no cuentan con censos completos y actualizados de los pacientes conectados a equipos eléctricos, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Durante la presentación de su plan de emergencias para huracanes, en una conferencia de prensa en mayo de 2025, Jenniffer González Colón, primera mandataria de Puerto Rico, aseguró que los municipios saben quiénes son y dónde están los electrodependientes para protegerlos. Pero esto es falso, comprobó el CPI. Por ejemplo, Humacao no cuenta con esos datos, mientras que Ponce, Caguas, Carolina, Guaynabo y Bayamón poseen listas incompletas.
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“Por las experiencias que hemos tenido, te puedo decir con certeza que la mayoría de los municipios no tienen esa información”, dijo Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja de Puerto Rico, entidad no gubernamental que socorre a personas afectadas por desastres.
Los electrodependientes, que sobreviven con concentradores de oxígeno, camas de posiciones o máquinas de diálisis peritoneal, entre otros equipos que funcionan con electricidad, pueden morir cuando se interrumpe el servicio de luz. El Departamento de Salud (DS), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y los municipios han reconocido públicamente la necesidad de hacer listas de estos pacientes. Pero ante cuestionamientos del CPI y en comparecencias ante la Legislatura, ninguna de esas entidades ha querido asumir la responsabilidad de crear los censos para socorrer a dicha población vulnerable, una medida necesaria para evitar que se repitan las muertes que causó el huracán María.
A pesar de que la gobernadora indicó que los municipios son los responsables de las listas de personas dependientes de electricidad, una orden administrativa del Departamento de Salud, de 2024, ordena a todas las compañías aseguradoras que administran planes médicos informar mensualmente los datos de los electrodependientes bajo su cobertura, con el objetivo de tener información que ayude a la preparación y respuesta. A su vez, una ley de 2024 ordena al Departamento de la Familia y al Departamento de Salud crear un censo de pacientes vulnerables, para compartirlo con los ayuntamientos, lo que deja ver la falta de coordinación general y las tareas duplicadas en los contextos de emergencia. Otra de las contradicciones se observa en el plan de emergencias del DS, que asigna a los municipios identificar a estos pacientes.
Ese plan de emergencias de Salud, además, parte de la premisa de que los electrodependientes que no cuenten con un generador eléctrico podrán permanecer con un familiar o ir a un refugio que, sí, tenga uno. Pero no es tan fácil. “Gran parte de nuestros adultos mayores que dependen de electricidad no tienen la movilidad o el apoyo de un familiar a donde moverse”, añadió la ejecutiva regional de la Cruz Roja. Y al menos 344 de las 572 escuelas refugio carecen de generador, placas solares o baterías, según información que suministró el Departamento de Educación en mayo pasado. Es decir, más de la mitad no están preparadas para recibir a los electrodependientes. De los otros 55 refugios que no son escuelas, al menos 23, o el 42 %, tampoco cuentan con una fuente de energía segura, indican datos del Departamento de Vivienda.
Durante la presentación del plan de preparación ante huracanes, el CPI indicó, a la gobernadora, que no es cierto que todos los municipios tuvieran los datos. González Colón insistió en su afirmación: “Ese es el plan de acción y el plan que tenemos, que teníamos vigente desde el 2023, que estipula que son los municipios los que proveen esa información”.
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En 2017, el huracán María entró por Yabucoa, en el sureste de Puerto Rico. Al destruir la red eléctrica, provocó un apagón que causó unas 3,000 muertes, según un estudio de The George Washington University. La paciente renal Olga Iris Rivera de León permaneció una semana aislada, en el sector Pitahaya de Humacao, porque los escombros bloqueaban el camino hacia su hogar. Cuando la ambulancia pudo buscarla y la llevó al centro de diálisis en el pueblo, el generador eléctrico allí no funcionaba. Recibió el tratamiento luego de cuatro intentos de que la atendieran, pero su cuerpo ya había comenzado a fallar.
José Ángel Fonseca Álvarez sufrió una infección luego de que los familiares no lograran usar el colchón inflable, la cama de posiciones y el aire acondicionado que previenen las úlceras. Su caso es uno de muchos documentados en investigaciones del CPI que no solo han demostrado la negligencia del gobierno por su sistemática falta de preparación para proteger vidas durante los fenómenos naturales, sino también que la red eléctrica no protegió la seguridad y el bienestar de la gente durante y después de los desastres.
Tras el huracán, ante la falta de información sobre sus poblaciones vulnerables, el Municipio de Humacao ha tenido que pedir esos detalles a las organizaciones P.E.C.E.S, la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana (ARECMA) y el Barrio Buena Vista, confirmaron representantes de esas entidades al CPI. Decidieron que no iban a sentarse a esperar por el gobierno ante el próximo desastre. Por eso, crearon sus propios planes de emergencia y sus censos. Si no fuera por esos esfuerzos, los más vulnerables estarían desprotegidos una vez más.
Cuando Rosamar Trujillo Plumey, alcaldesa humacaeña por el Partido Popular Democrático (PPD), asumió el mando en este cuatrienio, encontró que la pasada administración de Julio Geigel Pérez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), no entregó toda la información necesaria de las personas más vulnerables ante los apagones. “Se está procediendo a realizar el censo en estos momentos”, sostuvo el municipio en julio.
Una parte de los electrodependientes no tendría que estar desprotegida, porque la Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), una entidad federal, mantiene la base de datos sobre los electrodependientes emPOWER. La plataforma publica mensualmente detalles generales (sin identificadores o información privada de los pacientes), lo que ayuda a fortalecer la preparación y la respuesta durante los desastres. El Departamento de Salud puede solicitar nombres, direcciones, condiciones médicas y equipos que usan, para compartirlos con quienes le apoyen durante una emergencia. Pero no lo hace.
Salud vuelve a titubear
Al nuevo secretario de Salud no le gusta la base de datos de emPOWER. “Esa cosa no sirve”, dijo Víctor Ramos Otero al CPI. El gobierno federal solo da la información si hay una emergencia declarada, señaló. “Yo necesito saber dónde está la gente vulnerable y hacer un mapa con tiempo”, sostuvo. “No es que no vamos a usar emPOWER. Pero lo que parecía que era como esta cosa perfecta no lo es, porque me da la información 48 a 72 horas antes y a mí me interesa tenerla con tiempo”.
La plataforma emPOWER tiene detalles de pacientes de Medicare que han solicitado asistencia con equipos eléctricos, y no incluye a los electrodependientes que reciben servicios de aseguradoras privadas o del plan de salud público, el Plan Vital. A pesar de esas limitaciones, los gobiernos de California, Texas, Nevada, Carolina del Sur, Nueva York, Arizona, Florida y Wyoming, entre otros, lo han usado para salvar vidas, asegura ASPR. El Departamento de Salud usó datos de la plataforma federal tras los terremotos de 2020, pero no los compartió con los municipios de Ponce, Yauco y Guánica, algunos de los más afectados. La respuesta de Salud fue limitada porque sólo visitó 262 hogares, y en esos tres municipios había 2,471 electrodependientes a los que contactar para ver si necesitaban alguna ayuda, según emPOWER.
El secretario de Salud alegó que, para resolver la necesidad de tener un censo de electrodependientes, trabaja en implantar una orden administrativa que firmó su predecesor, Carlos Mellado López, el 7 de agosto de 2024. Esta ordena que las aseguradoras informen mensualmente la cantidad de pacientes a los que dan servicios que usan equipos eléctricos, haya o no una emergencia. Solo la aseguradora MMM ha cumplido, según Salud. La orden no establece penalidades para las aseguradoras que incumplan.
A pesar de los apagones constantes que ocurren en Puerto Rico incluso sin que haya huracanes, Ramos aceptó que no tiene fecha específica de cuándo va a terminar de poner el nuevo protocolo en marcha. Su agencia está “en el toma y dame” legal para ver cómo atenderá el cumplimiento de las aseguradoras, cuál será el mecanismo para enviar la información y cómo atenderá la ley federal HIPAA, que protege la privacidad de los pacientes. Salud dijo que discute qué servicio recibirán los electrodependientes durante las emergencias, para que no se afecten y no crearles falsas expectativas. También dilucida cómo compartirá, durante una emergencia, la información con otros actores gubernamentales, como los municipios.
El exgobernador Pedro Pierluisi firmó la Resolución Conjunta 86 de 2024, una ley que ordena al Departamento de la Familia y al Departamento de Salud, en coordinación con los municipios y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, a crear un registro de adultos mayores o con impedimentos, para socorrerlos durante las emergencias. La autora fue la representante del PPD Lydia Méndez Silva, una ex enfermera graduada.
Esa ley contempla la colaboración del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), que se supone coordine la infraestructura informática del gobierno, para hacer el registro. Pero ahora la gobernadora dice que esa agencia no funciona y que la va a eliminar. La ley no se ha puesto en vigor. El secretario de Salud dijo que está buscando dinero para el proyecto, debido a que la ley no autorizó el uso de fondos. El CPI preguntó al Departamento de la Familia cómo pondrá en vigor esta ley y qué ha hecho respecto, pero al cierre de la edición no había enviado respuestas.
Durante las vistas públicas para la aprobación de la ley, ninguna de las agencias quiso asumir la responsabilidad del registro, según el informe de la medida, emitido en noviembre de 2022. El Departamento de la Familia propuso que la asumiera el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). El Departamento de Seguridad Pública, agencia sombrilla bajo la cual se encuentra NMEAD, alegó que el Departamento de la Familia y los municipios estaban mejor capacitados para crear el registro. La Asociación de Alcaldes, por su parte, confirmó en su ponencia para este proyecto que los ayuntamientos no tienen toda la información. Mellado recomendó que fueran los municipios los que recopilen, actualicen y manejen los datos porque supuestamente están más familiarizados con la composición demográfica del municipio. Según Mellado, el Departamento de Salud no contaba con los recursos para hacerlo.
El 2 de enero de 2025, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó el PS 0094, una iniciativa adicional, que busca crear el registro de personas mayores que vivan solas y encamadas, para que puedan recibir ayuda durante una emergencia. Salud se expresó a favor y, según Víctor Ramos, recomendó ampliar las categorías para incluir a los electrodependientes (algo que ya está en la ley de 2024 y en la orden administrativa). La propuesta del Presidente del Senado impone la responsabilidad al NMEAD, que no envió sus comentarios para las vistas senatoriales. El Senado aprobó las enmiendas de la Cámara de Representantes y dispuso que fuera enviado a Fortaleza el 15 de septiembre.
Comunidades de Humacao intentan llenar el vacío
Los funcionarios y los políticos llevan años sin solucionar un problema denunciado hace al menos ocho años cuando, al pasar el huracán María, el CPI realizó reportajes e informes sobre la necesidad de una mejor preparación. Las comunidades, sin embargo, han dado respuestas que, aunque con limitaciones, pueden salvar vidas hoy.
La primera ayuda gubernamental llegó a La Loma del Barrio Mariana de Humacao dos meses después del huracán María, cuando funcionarios municipales aparecieron con alimentos preparados, explicó Rosalina Abreu González, una de las líderes de ARECMA. Pero ya esta organización comunitaria había solidificado su propia iniciativa para enfrentar el desastre. Un grupo de cocineras preparaba platos calientes para los damnificados, mientras que un voluntario llevaba alimentos a los encamados en sus hogares. Otros llegaban a buscar agua en el oasis y, luego, algunos iban a cargar los equipos eléctricos que sostenían su salud, pues la empresa Sonnen había donado paneles solares y baterías. En La Loma no se conformaron con lo que habían logrado hasta entonces.
“Nos pusimos a pensar qué hacer si viene otra tormenta”, explicó Abreu. Comenzaron a crear una lista de las personas vulnerables y a desarrollar un plan de emergencias con el apoyo de P.E.C.E.S., otra entidad no gubernamental en Humacao que trabaja por el desarrollo social y económico en Punta Santiago.
Ahora en ARECMA saben cómo proceder cuando ocurra un desastre. “Inmediatamente la gente se reúne en La Loma. Se reactiva la cocina. Va a haber oasis de agua. Hay dos plantas eléctricas para las personas que lo necesiten. Tenemos un grupo para coordinar la entrega de lámparas solares. Los líderes de los sectores tienen los censos y van a ir a buscar a los encamados y las personas solas y vulnerables”, explicó Abreu.
ARECMA también utiliza las instalaciones de la Escuela Juan de Dios López, que el Departamento de Educación había cerrado antes de María. En la oficina, en la pared, despliegan el mapa del Barrio Mariana, en el que pegan unas estampitas que ilustran dónde se encuentran los pacientes encamados, los pozos de agua, las áreas propensas a deslizamiento, iglesias, comercios, espacios comunitarios y los lugares que cuentan con energía solar. La escuela se energiza con placas solares y baterías que donó la Universidad de Pensilvania tras el huracán, y los vecinos que lo necesiten pueden conectar allí sus aparatos eléctricos. “Ahora nos sentimos más seguros, podemos actuar con mayor rapidez”, añadió Abreu.
El Proyecto P.E.C.E.S., que ayudó a comunidades en Naguabo, Yabucoa y Maunabo a desarrollar planes de emergencia, hizo su propio censo en la comunidad costera de Punta Santiago. Contó a 445 personas, de las cuales 73 necesitaban electricidad para sus equipos médicos. Marta Lebrón Cruz, coordinadora del Centro de Sostenibilidad de la organización, aclara que la lista es de 2023 y que no está actualizada, porque algunos residentes se han mudado y otros han muerto. No se puede partir de la premisa de que organizaciones comunitarias tienen los recursos para mantener la información en tiempo real para salvar vidas, dijo Lebrón. “El Municipio debería asumir esa responsabilidad para actualizar estos datos lo antes posible”, reclamó.
Los hallazgos del CPI apuntan a un desconocimiento sistémico en todas las ramas de gobierno sobre estos pacientes. En Bayamón, el censo municipal de personas vulnerables indica que en el pueblo viven 31 electrodependientes. El número ni se acerca a los 2,886 que publicó emPOWER sobre ese pueblo en septiembre de 2025. Esto quiere decir que, en caso de una emergencia real, habría más de 2,855 electrodependientes sin identificar y, por lo tanto, sería difícil prestarles ayuda. El Departamento de Salud puede acceder por medio de emPOWER de forma privada a los nombres, direcciones y condiciones médicas de cada una de estas personas para compartirlos con funcionarios municipales durante una emergencia, pero no lo ha hecho, según información que obtuvo el CPI tras demandar a la agencia.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, dijo que el censo municipal contiene menos pacientes que la lista federal porque estos se inscriben en la alcaldía de forma voluntaria. “Todo lo que ayude a tener datos que nos haga más fácil el trabajo es bienvenido”, añadió Rivera. No solo se refería a emPOWER, sino a la orden administrativa de Salud y a la ley que crea el censo de electrodependientes para todo Puerto Rico.
Desde antes de María, Bayamón tenía una lista con el objetivo de movilizar a quienes lo necesitaran durante una emergencia. Luego del huracán, repartió baterías entre los envejecientes y habilitó el Coliseo Rubén Rodríguez como un súper refugio con generador eléctrico, debido a que una parte de los refugios gubernamentales carecen de fuentes alternas de electricidad durante los apagones.
El Municipio de Ponce tiene 1,288 electrodependientes en su censo. Pero emPOWER identifica a casi el doble: 2,241.
Carolina cuenta 156 dependientes de electricidad, mientras que emPOWER indica que hay muchos más: 2,005. “Tenemos esa limitación”, confirmó Marisol Correa Villegas, directora del Departamento de Servicios al Ciudadano de Carolina, quien conoce sobre la existencia de la plataforma federal. “Pero por otro lado, tenemos otra información más detallada que necesitamos para atender a esas personas”. Se refiere a que el municipio creó su lista con nombres, direcciones, condiciones médicas y equipos que usan los pacientes, entre otros detalles. En caso de una emergencia, una enfermera o un trabajador social revisa a los pacientes y les ofrece un refugio con una fuente de energía. En dos ocasiones en 2024, un paciente de Carolina que estaba en el censo municipal recibió un generador durante un apagón, y pudo operar su cama de posiciones, matre de aire y concentrador de oxígeno, aseguró José Colón, director de Manejo Emergencias Municipal.
Guaynabo, por su parte, asegura que tiene 194 electrodependientes, pero los datos federales vuelven a probar que los censos municipales dejan demasiadas personas sin contar. En ese municipio, viven unos 1,039 de estos pacientes, de acuerdo con emPOWER.
Hay 1,780 dependientes de electricidad en el censo de Caguas, pero los datos federales indican que son al menos 2,073.
En San Juan, el alcalde Miguel Romero, del PNP, estableció un censo sobre sus pacientes vulnerables desde que comenzó su primer mandato en 2021, y ha ofrecido refugio de forma preventiva, según lo constató el CPI tras el huracán Fiona en 2022. El municipio tiene una lista de 4,980 personas vulnerables, pero no todas son dependientes de electricidad. Los números de emPOWER indican que en la capital hay más de 4,183 electrodependientes.
Los municipios de San Juan, Bayamón, Ponce, Caguas, Carolina, Mayagüez, Arecibo, Guaynabo, Toa Baja y Humacao son los diez con mayor cantidad de electrodependientes en Puerto Rico, según emPOWER.
A ocho años del huracán María, en Puerto Rico no existe una base de datos unificada para ayudar a los electrodependientes. LUMA, empresa privada que administra el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, cuenta con un registro de pacientes que reciben subsidios por el costo de la energía ya que usan equipos eléctricos para mantener su salud. El plan de emergencia de la compañía solo contempla que sus empleados llamarán a los pacientes antes de un desastre para recomendarles que busquen ayuda gubernamental. Pero esa lista también se queda corta. Tiene 3,134 participantes en todo Puerto Rico, mientras emPOWER indica que alrededor de la Isla hay muchos más: por lo menos 47,161 dependientes de electricidad.
Algunos de los hallazgos y testimonios de esta historia forman parte del libro Los estragos del apagón, una crónica de Eliván Martínez Mercado sobre los muertos del huracán María y la interrupción eléctrica más larga de Puerto Rico y Estados Unidos, editada por la Editorial CPI.