Académicos, organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y los decanos de las tres escuelas de derecho del país advirtieron este miércoles sobre el impacto del Proyecto del Senado 38, al plantear que la medida aumentaría el número de adolescentes procesados como adultos al ampliar los delitos que permiten su traslado a tribunales de adultos y los que justifican su exclusión automática de la jurisdicción juvenil.
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La legislación, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue radicada en enero de 2025 y, conforme a los expertos, tras el asesinato de Gabriela Nicolle Pratts en Aibonito, se bajó por descargue y se aprobó en el Senado. En este momento, está en espera de votación final en la Cámara de Representantes.
El proyecto busca armonizar la Ley de Menores de Puerto Rico con el Código Penal de 2012, actualizando el catálogo de delitos graves para incluir, entre otros, el homicidio, la agresión sexual, robo, secuestro, sodomía, incesto, delitos relacionados al narcotráfico y violaciones a la Ley de Armas.
“Las personas y organizaciones firmantes de esta declaración planteamos nuestra oposición al Proyecto del Senado 38 y solicitamos a la Cámara de Representantes -cuerpo en el que se encuentra la legislación- que no apruebe esta medida”, expresó la declaración conjunta de los diversos líderes.
El debate se centró también en la visión científica sobre la adolescencia. Los firmantes enfatizaron que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido límites claros al castigo de jóvenes, al reconocer que “la inmadurez e imprudencia del adolescente hacen muy difícil sustentar la disuasión como finalidad de un castigo. Es difícil declarar a un joven como incorregible y, por tanto, descartar que la rehabilitación es posible”.
Por ello, subrayaron que ningún menor, bajo ninguna circunstancia, debe ser procesado como un adulto.
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En la misma línea, la profesora de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Ángeles Acosta explicó que durante la adolescencia ocurren cambios estructurales y funcionales en el cerebro que afectan la conducta, lo que se refleja en comportamientos impulsivos o de lo que definió como “conducta prepotente”.
El planteamiento fue respaldado por la catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la UPR, Iris Rosario, quien sostuvo que todo delito imputado a un menor responde a un “comportamiento impulsivo”.
De hecho, la declaración conjunta destacó que “al presente, el saber producido por los estudios psiquiátricos y neurológicos convergen en el reconocimiento de que la corteza prefrontal no madura en su totalidad hasta los 25 años, aproximadamente”.
Los expertos definieron que la corteza prefrontal es el área del cerebro que regula las funciones ejecutivas, las cuales permiten planificar, organizar información, juzgar consecuencias y tomar decisiones. También es la zona encargada de controlar las emociones para que las personas puedan actuar de forma lógica.
Además, señalaron que la reforma aprobada en 2022, liderada por el exsenador José Vargas Vidot y respaldada por legisladores de distintos partidos, redujo significativamente los delitos que permitían sacar a un adolescente del sistema juvenil.
El exsenador independiente impulsó una reforma amplia al sistema de justicia juvenil que fue aprobada con apoyo multipartita en la legislatura y convertida en ley por el exgobernador Pedro Pierluisi.
La medida, conocida como la Ley 47-2022, buscó transformar el sistema de menores y correccional de un modelo punitivo a uno restaurativo, con enfoque en la rehabilitación. La reforma redujo el catálogo de delitos por los que un adolescente podía ser procesado como adulto y fortaleció la visión de que la sentencia debía ir acompañada de servicios educativos, de salud mental y de apoyo social.
“Inexplicablemente, algunos senadores que impulsaron esa reforma tan solo hace tres años promovieron recientemente la aprobación del Proyecto del Senado 38”, denunció Rosario.
Asimismo, advirtió que la encarcelación de menores en instituciones de adultos tiene efectos adversos tanto en la persona como en la seguridad pública, pues los expone a agresiones y aumenta la probabilidad de reincidencia.
Señaló que las instituciones juveniles, a diferencia de las cárceles, proveen acceso a educación y terapias educativas y psicológicas, enfocadas en la rehabilitación.
Por esta razón, presentaron datos de un informe publicado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación que reflejan que más del 50 % de los menores en instituciones juveniles tienen trastornos de neurodesarrollo, el 44 % expresó sentirse desesperanzado, el 42 % proviene de hogares conflictivos, el 71 % consumió alcohol y el 84 % usó drogas.
Estos números, dijeron, refuerzan la necesidad de fortalecer los servicios de salud y educación en lugar de impulsar políticas punitivas.
Reclamo a la legislatura
Los expertos, también, informaron que la presión mediática, o la cobertura continua de un caso en específico, no debe ser razón para desarollar nuevas medidas.
La catedrática jubilada de sociología de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), Madeline Román advirtió que es “peligroso que senadores o en las ramas legislativas se dejen llevar por la presión mediática para llevar a cabo su trabajo”.
Asimismo, se destacó que la medida carece de fundamento científico y que responde más a presiones sociales y mediáticas que a evidencia empírica. Se cuestionó qué base utiliza la legislatura para sustentar una política criminal que ampliaría el procesamiento de adolescentes como adultos.
“(...) No sé qué utiliza la asamblea legislativa de este país para sustentar una política cognitiva hacia los adolescentes. No entiendo qué conocimiento utilizan, dónde han recogido información que sustente que el hecho de bajar la edad mínima o el hecho de juzgar a un adolescente como un adulto está basado en conocimientos o en la ciencia”, cuestionó Acosta.
En la misma línea, se puntualizó que se trata de una decisión desconectada de los hallazgos de la neurociencia y la psicología.
“Estamos utilizando presupuestos de imputación basados en el cerebro del adulto y de un adulto para imputarle responsabilidad o culpabilidad penal a un menor que es distinto biopsicosocialmente por su desarrollo como menor”, expresó, al advertir que juzgar a un adolescente como adulto “es una vulneración a su posición como menor y una infracción en gran medida también del Estado de su deber de velar por los mejores intereses de ese menor”, dijo el catedrático auxiliar de la escuela de derecho de la Pontificia Universidad Católica, Luis Zambrana.
De acuerdo con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux, nadie en la legislatura hizo acercamientos a los presentes en la conferencia para discutir la medida. Sin embargo, detalló que los expertos están dispuestos a colaborar en un memorando explicativo y solicitó que se lleven a cabo vistas públicas sobre la medida.