El Departamento de Justicia aclaró en la tarde del martes a Metro Puerto Rico que Harelson Marrero Ortiz, el hombre acusado por la masacre ocurrida en Corozal en 2016, no fue sentenciado a 10 años de cárcel y 27 años y medio de probatoria, como ha circulado en los medios de comunicación y las redes sociales.
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Según uno de los fiscales del caso, Gabriel O. Redondo Miranda, el acuerdo de culpabilidad al que llegaron con el convicto fue de 37 años y medio de prisión.
“Son 37.5 años de cárcel (que debe cumplir). Lo que sí es que, en 10 años, el Departamento de Corrección lo puede referir a un programa de Corrección presentando un informe que se evalúa y, si él cumple con una serie de criterios que establece el Departamento de Corrección, (podría salir bajo probatoria). Dentro de ese proceso, se entrevista a la familia y a los perjudicados, y se determina si podría cualificar para alguna sentencia suspendida”, detalló el fiscal del Distrito de Bayamón a este medio.
“Lo que hay que entender es que esto de la probatoria no es un derecho, es un programa dentro de Corrección en el que tiene que cumplir con los criterios. Si no cumple con los criterios, ¿qué va a pasar? Se queda preso", agregó.
Redondo Miranda además explicó que, los cinco cargos de asesinato en primer grado que enfrentaba el hombre de 33 años, fueron reclasificados a asesinato en segundo grado.
“Normalmente, esto se hace dentro de los tribunales. En el mismo artículo de asesinato, (se baja) de un grado a otro grado”, sostuvo.
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Mensaje a familiares de las víctimas y al pueblo puertorriqueño tras confusión
Después de la confusión que creó la desinformación circulada en los medios de comunicación y las plataformas digitales, Redondo Miranda aseguró que las familias de las víctimas están al tanto de “las particularidades del caso” y que “estuvieron de acuerdo” con el plea bargaining.
“El día de ayer, ellos estaban allí con nosotros. Ellos estuvieron presentes cuando el señor acusado dijo: ´Yo soy culpable´, y hasta les pidió perdón. Ellos estuvieron presentes desde que se radicó hasta el final", contó el fiscal.
Mientras, otras de las fiscales del caso, Zayla Díaz Morales, afirmó que la agencia está comprometida con hacerle justicia a las víctimas ante las críticas de algunos internautas por el supuesto acuerdo de culpabilidad.
“El Departamento de Justicia tiene un compromiso, una encomienda de hacerle justicia a todas las víctimas. Si fuéramos honestos, ningún tipo de justicia, ni ningún año en específico (de sentencia) sería suficiente para alguna familia que perdió a un ser querido”, comenzó diciendo Díaz Morales.
Continuó: “El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de evaluar las pruebas y, con las pruebas que se cuentan, tratamos de hacer justicia. La justicia para todos puede ser relativa, pero en este caso, el Departamento de Justicia se encuentra desde el 2016 trabajando. Hemos entrevistado a todos los testigos que han estado disponibles, no en una ocasión, sino en múltiples ocasiones, y hemos tenido esta encomienda de entrevistarnos con todos los familiares todas las veces que han sido necesarias para explicarles los pormenores del caso”.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a cooperar con las autoridades para poder “hacer esa justicia que tanto exigen”.
“Para eso, necesitamos testigos, gente comprometida con la justicia en el país que puedan acudir a los tribunales y testificar”, añadió.
Contexto del caso
El pasado 9 de diciembre de 2024, el Ministerio Público formuló cinco cargos criminales contra Marrero Ortiz por asesinato en primer grado tras ocasionarle la muerte a Xavier A. Agosto Fortis, Jehnsen Y. García Marrero, Jorge L. Nevárez Sanfeliz, Misael Colón Nieves y Víctor J. Rodríguez Morales.
En enero de 2025, fue arrestado en la residencia de la abuela de su pareja, ubicada en Caguas.
El crimen ocurrió la madrugada del 13 de noviembre de 2016 en un puesto de gasolina, ubicado en la carretera 142, en Corozal.
La pesquisa reveló que el acusado protagonizó una pelea en el lugar y lanzó una amenaza antes de marcharse. Posteriormente, regresó y abrió fuego contra un grupo de personas, provocando la muerte de las cinco víctimas y dejando a una de estas en estado cuadripléjico.