El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, presentó este martes su dimisión en medio de una ola de protestas masivas contra el Gobierno, desatada por la prohibición de acceso a las redes sociales y el aumento de la corrupción. Las manifestaciones han dejado al menos 19 muertos y cerca de 500 heridos, según las autoridades.
Oli, que inicialmente se había negado a abandonar el cargo, envió una carta de renuncia al presidente Ramchandra Paudel, alegando “circunstancias extraordinarias” y la necesidad de una “solución política constitucional” a la crisis. Paudel, cuya vivienda fue vandalizada e incendiada por los manifestantes, aceptó la dimisión.
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Pese a la renuncia, las protestas continuaron en Katmandú y otras ciudades, desafiando el toque de queda impuesto por las autoridades. Miles de jóvenes volvieron a las calles, mientras las fuerzas de seguridad empleaban fuego real. La tensión provocó la suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto internacional Tribhuvan.
Ante la escalada, el Ejército de Nepal lanzó un llamamiento a la “calma” y la “contención”, instando a proteger vidas y patrimonio cultural e histórico. “Es un deber de cada ciudadano salvaguardar los bienes nacionales en este momento crítico”, señalaron en un comunicado, en el que también reafirmaron su compromiso de proteger a la población.
Al llamamiento militar se sumaron varios altos cargos del Gobierno, quienes en un comunicado conjunto expresaron sus condolencias por la muerte de los manifestantes y pidieron “evitar daños contra la propiedad y la vida ajena”.
La crisis también ha provocado dimisiones en el Gabinete. El ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, y el de Interior, Rasmesh Lekhak, renunciaron en protesta por la “respuesta autoritaria” a las manifestaciones. “El Estado ha respondido con represión, asesinatos y uso de la fuerza, llevando al país hacia un modelo autoritario”, denunció Adhikari.
Edificios oficiales, incluidas las sedes del Parlamento, el Tribunal Supremo y la Presidencia, fueron atacados e incendiados en las últimas horas. El Ejército incluso evacuó en helicópteros a miembros del Gobierno desde sus residencias oficiales por seguridad.
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La ONU expresó preocupación por el “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza”. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, reclamó “investigaciones transparentes” y respeto a la libertad de expresión.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) instó a Nepal a llevar a los responsables ante la Justicia. “Los disparos contra ciudadanos muestran una clara falta de respeto hacia la vida y buscan suprimir voces críticas”, señaló Meenakshi Ganguly, subdirectora de la ONG para Asia.