Tan sólo en el año fiscal 2024-2025, ocho universidades en Puerto Rico recibieron en conjunto $20.7 millones en subvenciones del programa HSIs. Los fondos fueron otorgados para expandir la oferta académica, desarrollar servicios digitales, acceso a carreras científicas y capacitación de la facultad para fomentar la investigación en las universidades la Politécnica, Ana G. Méndez, EDP, la Pontificia Universidad Católica, Sagrado Corazón, Interamericana y los recintos de Ciencias Médicas y de Ponce de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Los fondos también ayudaron a las universidades con mejoras en infraestructura, ampliar la conexión a internet, comprar materiales y equipos de laboratorios, y para tutorías a estudiantes de escuela superior, explicaron siete administradores de universidades locales consultados por CPI.
Los demandantes sostienen que el programa establecido en 1998 es inconstitucional porque, según alegan, condiciona la recepción de fondos federales al cumplimiento de un requisito basado en la etnia.
Para ser clasificada como una Institución al Servicio de los Hispanos y recibir los fondos de este programa, las universidades deben demostrar que al menos el 25% de su matrícula subgraduada forma parte de esa población. También deben probar que la mitad de su estudiantado cualifica para recibir ayudas económicas federales basadas en necesidad (Título IV) y evidenciar gastos promedio bajos en comparación con instituciones similares
“Discriminar contra universidades, facultad y estudiantes por motivos de raza viola el principio fundamental de igualdad de protección ante la ley. Ningún estudiante o institución debe ser privado de oportunidades por caer en el lado equivocado de una cuota étnica”, expresó en junio Edward Blum, presidente de SFFA.
¿Qué está en juego en las universidades de Puerto Rico?
En Puerto Rico, los 56 campus universitarios catalogados como instituciones HSIs sirvieron a 99,790 estudiantes hispanos en bachillerato durante el pasado año académico, de los que el 85% estudiaron a tiempo completo.
“Estamos hablando de proyectos que atienden necesidades sociales, emocionales, académicas. De darle más acceso a estudiantes. Muchos de los participantes de estos proyectos, de los que al menos en nuestra institución se han atendido cerca de 7,000, se componen de estudiantes de escuela superior, universitarios e incluso padres. Así que es una población significativa”, dijo Carmelo Torres Reyes, vicepresidente de Asuntos Financieros de la Universidad Ana G. Méndez, que entre 2020 y 2025 ha recibido $34.7 millones en fondos de la categoría HSIs del Título V. Según Torres, la institución cuenta con fondos de este tipo asignados para proyectos que se extienden hasta el año 2030.
“En el caso de que estos fondos no se renueven o se eliminen, la institución no tiene ningún impacto fiscal, pero sí los servicios a los estudiantes se verán limitados”, alertó.
Por su parte, Gladys Nieves, presidenta de EDP University, explicó que el caso federal surge en un momento crítico para su institución, cuando más propuestas tienen en marcha con fondos de ese programa.
Afirmó que sigue de cerca el tema, por lo que es consciente de que existe un desequilibrio de poderes en Estados Unidos, y que lo que muchos consideran improbable, podría ocurrir.
Desde 2021, EDP University ha recibido $20 millones por medio de seis proyectos aprobados a través del programa HSIs. De acuerdo con Nieves, los fondos han sido utilizados para ofrecer servicios académicos, tecnológicos y de bienestar a estudiantes de sus seis unidades académicas y de educación a distancia. Han ofrecido tutorías, mentorías, laboratorios especializados, apoyo psicosocial, programas de alimentación y vestimenta profesional, detalló. Esos servicios han impactado a 329 estudiantes con talleres, 302 becas de nivel subgraduado y de escuela graduada, 222 estipendios para participar de talleres especializados, eventos académicos e internados, y beneficiado a 1,000 estudiantes con servicios psicosociales, aseguró Nieves.
Además, dijo que los fondos han apoyado el desarrollo de programas y personal, costeado viajes de estudiantes, talleres y “bootcamps ” de programas de ciencias, matemáticas y robótica, y la creación de un Centro de Estudios Graduados que brinda recursos tanto a docentes como a estudiantes de posgrado.
Por su parte, José Frontera Agenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica, dijo que ya están experimentando cambios en los fondos que llegan por medio de este programa.
Para el año académico 2024-2025, la Católica recibió $1.4 millones en fondos conjuntos entre los programas TRIO: Upward Bound y el de Instituciones al Servicio de Hispanos. Sin embargo, este fondo está en riesgo, ya que, debido a la falta de personal en el Departamento de Educación federal, su renovación ahora se realiza mes a mes, mencionó.
“Recibimos una carta de que por la falta de personal que existe en el Departamento de Educación federal, no han podido todavía revisar la petición de continuación. Entonces, nos están autorizando de mes a mes. Recibimos la carta diciendo que nos autorizaron continuar hasta el 30 de septiembre y que ellos esperaban dentro de ese plazo poder completar la revisión de la continuación del fondo”, explicó el presidente de la Católica, al tiempo que detalló que esos fondos han beneficiando a 140 estudiantes de escuelas intermedia y superior y se otorgaron 16 becas para el programa graduado de Rehabilitación Vocacional y la Maestría en Neurociencias.
En los pasados cinco años, la institución ha recibido $10.3 millones de ese fondo federal. Frontera dijo que se encuentra en conversaciones con otras instituciones en Estados Unidos para movilizarse en contra de la eliminación de este programa.
“Estamos pendientes, pues ahora que estamos todos más informados de por dónde va el pleito, hay conversaciones de si debemos intervenir las universidades de forma directa, como radicando peticiones de amicus o compareciendo de alguna otra forma e involucrar también a otros sectores”, dijo.
Además de beneficiar a los estudiantes, el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, Gilberto Marxuach Torrós, destacó que estos fondos también permiten el desarrollo de la facultad y, por extensión, fomentan una mayor innovación en la oferta académica en Puerto Rico. Explicó que los recursos han apoyado la Unidad de Innovación Pedagógica, que ofrece capacitación continua a la facultad en metodologías activas, salud mental y enseñanza inclusiva.
“En conjunto, estas iniciativas no solo han ampliado las oportunidades de éxito para los estudiantes de la universidad, sino que también han fortalecido la capacidad de Sagrado para responder con innovación y pertinencia a las necesidades sociales y económicas de Puerto Rico”, señaló Marxuach Torrós, quien indicó que desde 2019 la universidad ha recibido más de $14.7 millones en subvenciones HSIs, algunas con duración hasta 2027.
¿Otro golpe financiero a la UPR?
La eliminación de las subvenciones a las poblaciones hispanas en las universidades complicaría aún más el panorama financiero de la UPR que desde 2017 perdió el 48 % de los fondos que le otorgaba el Gobierno de Puerto Rico tras recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal y que este año también ya ha visto reducciones
“Un caso así, que tiene la expectativa de poder llegar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, marcaría una jurisprudencia totalmente peligrosa para la educación superior, no solo en Puerto Rico, sino para Estados Unidos, porque está atentando contra el derecho a la libertad de educación”, comentó Edward Maldonado, representante del Caucus Estudiantil en la Junta Universitaria de la UPR.
Maldonado resaltó que, en Puerto Rico, la población es mayoritariamente hispana e hispanoparlante y enfrenta retos particulares “propios de una colonia del Caribe”. Señaló que, cuando desde la esfera federal se impulsan medidas como la eliminación de programas de apoyo a la diversidad y a las minorías sin considerar estas realidades culturales, se adopta una visión que podría impactar más gravemente a los territorios no incorporados, como Puerto Rico.
“Nosotros no pedimos ser una institución de minoría o Minority Serving Institución. No lo pedimos. Es que nuestra condición ya de por sí nos clasifica así. Cuando tú me hablas de eliminar estos fondos, pones en peligro la subsistencia de mi institución, de mis programas académicos, del desarrollo que yo pudiera hacer, de la innovación tecnológica, académica, cultural que podríamos hacer”, sostuvo el líder estudiantil.
En 2022, el Recinto de Río Piedras de la UPR recibió por segunda vez una subvención a través del programa HSIs con el proyecto “Strengthening the Social, Emotional, and Academic Needs of STEM Hispanic Students in Puerto Rico ”, enfocado en fortalecer las competencias y el éxito académico de estudiantes hispanos en ciencias y matemáticas. La asignación es de $3 millones por cinco años, de los cuales ya se han desembolsado $1.2 millones tras completarse los primeros tres años del proyecto, que concluirá en 2027, indicó Mario Alegre, director de prensa del Recinto.
El proyecto benefició a 5,673 estudiantes en los primeros dos años, de los cuales 994 eran de escuela superior y 4,679 subgraduados , dijo.
Como medida cautelar, el Recinto de Río Piedras activó un Plan de Acción para dar continuidad parcial a los proyectos, pero no quiso especificar con qué fondos, sino que aseguró que, en general, buscan subsanar los recortes mediante estipendios, sustituciones de tareas, apoyo a viajes y búsqueda de fondos alternos. Asimismo, añadió Alegre, están identificando fundaciones privadas como posibles fuentes de apoyo, presentando propuestas siguiendo los nuevos lineamientos del Gobierno federal, y elaborando planes de contingencia para los proyectos vigentes ante posibles cambios adicionales en los fondos federales.
“La Universidad y el estudiantado no pueden seguir aguantando recortes. Si tú le imposibilitas a las personas el derecho de educarse, el derecho a poder tener una profesión y el derecho del pueblo de Puerto Rico a tener profesionales que puedan dirigir este país en los próximos 20, 30 o 40 años, tú estás construyendo un Puerto Rico sin puertorriqueños”, manifestó, por su parte, Reynaldo Vélez Ginorio, presidente interino del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR.
La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, no respondió a una solicitud de entrevista del CPI sobre este tema. No obstante, en una conversación previa , la funcionaria había indicado que una de sus propuestas para aumentar el número de estudiantes en el sistema universitario público es atraer a estudiantes hispanos residentes en Estados Unidos , lo que choca con la posición del gobierno federal en esta demanda que recortaría los servicios a las comunidades hispanas en las universidades.
En riesgo el fortalecimiento de infraestructura universitaria
Además de los programas y servicios directos a los estudiantes, el apoyo del programa también se ha reflejado en la mejora de la infraestructura de varias universidades de Puerto Rico.
Según una encuesta publicada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) en agosto de 2024, se estimó que el 43% del espacio físico de las 615 instituciones universitarias que sirven a hispanos en Estados Unidos requiere reparaciones o reemplazo de infraestructura.
Entre los factores que impulsan estas necesidades se encuentran el atraso en el mantenimiento, los daños provocados por desastres naturales o eventos climáticos severos y los esfuerzos de modernización de las instalaciones. En Puerto Rico, el paso de fenómenos atmosféricos como los huracanes Irma y María en 2017, y los sismos registrados en 2020, han comprometido la infraestructura de múltiples universidades, cuya reconstrucción se ha retrasado en parte por la burocracia para acceder a los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“Así que entra infraestructura tecnológica, de laboratorios, equipos especializados que los estudiantes puedan necesitar”, dijo Frontera, presidente de la Católica. Por ejemplo, detalló que estos fondos permitieron arreglar laboratorios de ciencias en el campus de Arecibo de la Pontificia Universidad Católica.
La Universidad Interamericana, por su parte, informó al CPI que también ha recibido fondos para el desarrollo de laboratorios especializados en su recinto de Bayamón. En total, la institución ha obtenido $49.9 millones en subvenciones federales bajo los Títulos III y V de la Ley de Educación Federal entre 2016 y 2025, distribuidos en ocho de sus nueve recintos, dijo Zaima Negrón, directora de Comunicaciones de la institución. Como medida preventiva ante una posible eliminación del programa, la Interamericana ha activado planes de sostenibilidad enfocados en garantizar la operación y mantenimiento de los laboratorios ya construidos para las nuevas especializaciones en tecnología electrónica y geoespacial.
Otras universidades han tenido que recurrir a estas subvenciones federales para cubrir incluso necesidades básicas de infraestructura tecnológica.
En la Universidad Ana G. Méndez, por ejemplo, Torres reconoció que los fondos del programa HSIs —incluyendo una subvención de $720,000 para su recinto en el estado de Florida— se han utilizado para la compra de equipos especializados para laboratorios.
De forma similar, en EDP University parte de las ayudas se destinó a adquirir pizarras inteligentes y otros equipos, indicó Nieves.
Más voces conservadoras se oponen a universidades hispanas
A principios de agosto, la Asociación Nacional de Académicos —una entidad que agrupa a profesores conservadores— junto con Exprofesores, Exalumnos y estudiantes en Contra de las Preferencias Raciales (FASORP en inglés), se unieron al estado de Tennessee y a la SFFA como demandantes en el caso .
Por su parte, la HACU presentó una moción para intervenir en el caso para defender la constitucionalidad del programa, argumentando que ni el Departamento de Educación ni su secretaria, Linda McMahon, representan de manera adecuada los intereses de las Instituciones al Servicios de los Hispanos. Ninguno de los demandantes ni la administración Trump se opuso a la intervención de la HACU.
Aunque evitó detallar qué acciones concretas está impulsando para atender este problema, el Comisionado Residente en Washington, Pablo José Hernández, se limitó a señalar que su oficina “seguirá monitoreando esto [la demanda] y evaluando iniciativas para reforzar estas instituciones”.
Aseguró además que en mayo de este año unió a un grupo de 60 congresistas en una solicitud bipartita al Comité de Asignaciones de la Cámara federal para reforzar el financiamiento de los programas del Título V y otros fondos federales que benefician directamente a las instituciones con matrícula mayoritariamente hispana.
En la misiva, los congresistas solicitaron al Comité de Asignaciones de la Cámara destinar $280 millones al programa HSI del Título V, al destacar que estos fondos proveen un apoyo crucial a estudiantes hispanos en programas subgraduados y graduados.
La gestión de derogar las subvenciones a universidades que reciben estudiantes hispanos ocurre en momentos en que la administración Trump refuerza su política contra el uso de criterios de diversidad en la educación superior. El 7 de agosto, Trump firmó un memorando que ordena al Departamento de Educación rediseñar el sistema federal de recopilación de datos universitarios y exigir a las instituciones que reciben fondos federales reportes más detallados y verificables sobre sus procesos de admisión.
La medida se sustenta en el fallo del Tribunal Supremo de 2023 que prohibió el uso de la raza como criterio de admisión y busca evitar lo que Trump describe como intentos de las universidades de eludir esa decisión por medio de “declaraciones de diversidad” u otros mecanismos. Trump alega que la transparencia es esencial para exponer prácticas ilegales y “erradicar jerarquías raciales peligrosas”, y establece que aquellas instituciones que no cumplan con los nuevos requisitos se exponen a sanciones bajo la Ley de Educación Superior.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus .
