El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edgar Robles Rivera, presentó un proyecto de ley que busca reforzar las protecciones existentes y asegurar un trato digno a personas con diversidad funcional en establecimientos privados.
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Se trata del Proyecto de la Cámara 840 que tiene como finalidad que los comercios obtengan una certificación voluntaria titulada “Establecimiento Inclusivo”. De no cumplir con la misma, enfrentarán multas de hasta $5 mil dólares, que serán destinadas a campañas educativas y al fortalecimiento de recursos.
“Los derechos de las personas con diversidad funcional no pueden quedarse en papel. Deben sentirse y respetarse en la vida diaria”, expresó en declaraciones escritas el legislador que representa a los municipios de Arecibo y Hatillo.
Entre las disposiciones se incluyen adiestramientos anuales obligatorios para todo el personal, incluyendo seguridad; programas de capacitación validados por entidades especializadas; letreros visibles que reflejen el compromiso del negocio con la inclusión; la designación de un contacto interno para atender querellas por discrimen: mecanismos accesibles de quejas con respuesta en un máximo de 15 días laborables; y auditorías o visitas aleatorias a cargo de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos (DPI).
El también presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara baja confirmó que la medida surgió luego de que un joven con autismo fuera expulsado junto a su tía de un supermercado en Ponce.
“Queremos que cada familia tenga la tranquilidad de que, sin importar sus circunstancias, sus hijos e hijas recibirán un trato digno y respetuoso en cualquier lugar. Esta ley busca hacer justicia y dar un paso firme hacia una sociedad más inclusiva”, añadió Robles Rivera.