A más de cinco años de la aprobación de la Ley 40-2020, conocida como “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, los policías retirados de Puerto Rico aún no han recibido los fondos destinados a garantizar un retiro digno, a pesar de los avances en la regulación y licenciamiento de las máquinas de juegos de azar que nutren el fideicomiso.
Esto se dio a conocer en Vista pública sobre la Resolución del Senado 1 que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y a la Comisión de Gobierno del Senado realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 40-2020 y de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, conocida como “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, para determinar por qué estas leyes no han sido ejecutadas en su totalidad.
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Según la Oficina del Procurador del Ciudadano, existen 52 reclamaciones activas de oficiales retirados relacionadas con deudas de retiro, como liquidación, horas extras y tiempo compensatorio, además de 18 reclamaciones de policías activos por motivos de renuncia o cesantía.
“El proceso de investigación, aunque es favorable, no garantiza la liberación de fondos ni la inmediata solución a los retirados; su eficacia dependerá de la cooperación de las agencias y de la capacidad de la Asamblea Legislativa para presionar la implementación”, explicó Rolando Meléndez Aponte, Procurador del Ciudadano.
El Departamento de Seguridad Pública (DSP) detalló que los retrasos se han debido principalmente a que las máquinas de juego de azar, que nutren el fideicomiso, no estaban licenciadas ni interconectadas como dispone la ley.
“Continuamos trabajando de forma coordinada con la Comisión de Juegos en la redacción de un reglamento conjunto que regule todo lo relacionado con las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta”, indicó Arthur Garffer, secretario del DSP.
La normativa incluirá disposiciones sobre confiscación, almacenamiento de máquinas, pagos al fideicomiso y procedimientos de otorgación de multas, además de definir la participación de los agentes de la Policía de Puerto Rico en el proceso.
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Por su parte, la Junta de Retiro informó que el 2 de diciembre de 2024 se constituyó formalmente el Fideicomiso de Retiro de la Policía mediante escritura pública, y que el 12 de marzo de 2025 suscribió un contrato con el Banco Popular como custodio y agente pagador de los fondos.
Arnaldo Ortiz, director ejecutivo de la Junta de Retiro, indicó que se elaboró un borrador de reglamento titulado “Reglamento para la Administración y Distribución de los Activos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, el cual se encuentra pendiente de aprobación por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) bajo los requisitos de PROMESA.
Además, la Junta de Retiro aseguró que completó el proceso de votación para que los policías retirados eligieran a sus representantes en la Junta del Fideicomiso y que notificó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) los resultados, solicitando la fecha de juramentación y la primera reunión formal de la Junta.