LUMA Energy pidió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobar con urgencia unos nuevos ajustes técnicos en los llamados inversores inteligentes, que regulan la conexión de los sistemas solares a la red eléctrica. Según la empresa, la medida es necesaria para frenar problemas de voltaje provocados por el crecimiento acelerado de la energía distribuida, que ya supera los 165,000 sistemas en la isla.
La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) denunció que la propuesta se presentó de forma unilateral y sin diálogo con la industria, pese a que el propio NEPR había ordenado procesos colaborativos. El grupo alertó que, de aprobarse, los cambios podrían limitar la capacidad de los clientes solares de exportar energía a la red y recibir sus créditos de medición neta.
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En la moción presentada el 20 de agosto, LUMA argumenta que los nuevos parámetros permitirán reducir hasta en un 80% los problemas de voltaje que hoy afectan alimentadores en zonas con alta penetración solar. La empresa asegura que, sin esos ajustes, la red enfrentaría violaciones de voltaje masivas que obligarían a costosas inversiones en subestaciones y líneas de distribución.
La respuesta de la industria solar
Para SESA, el verdadero riesgo es que los clientes solares vean interrumpido el beneficio de la medición neta. “Cuando el voltaje excede los límites actuales, los sistemas se desconectan e impiden que los clientes exporten energía. Con los ajustes correctos, los inversores pueden permanecer en línea y ayudar a estabilizar la red”, explicó la organización.
Su director de Política Pública, Javier Rúa Jovet, fue enfático: “Lo que se necesita no es burocracia ni propuestas unilaterales, sino diplomacia. Lo único que hace falta es que LUMA nos llame para sentarnos y trabajar una propuesta en conjunto para la evaluación del Negociado de Energía”.
SESA recordó que en Hawái se enfrentó un reto similar y que allí la empresa eléctrica trabajó mano a mano con la industria solar y laboratorios nacionales para ajustar los parámetros de los inversores. Esa coordinación evitó desconexiones innecesarias y mejoró la estabilidad de la red sin afectar a los consumidores.
El NEPR deberá evaluar la petición de LUMA y las objeciones de la industria. Hasta entonces, miles de familias y comercios con placas solares observan con preocupación, ya que de esa decisión dependerá cómo sus sistemas interactúan con la red y si podrán maximizar el beneficio de su inversión.
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El pedido de LUMA ocurre mientras la empresa enfrenta una querella de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) por el cobro de hasta $300 a participantes del programa de medición neta. Estos cargos responden a “estudios suplementarios” que LUMA asegura haber realizado más de 70,000 veces entre sus más de 167,000 clientes con sistemas de generación distribuida.
La OIPC alega que esos estudios se hicieron de manera unilateral y sin la debida notificación reglamentaria, por lo que pidió al NEPR que ordene a LUMA detener los cobros. La acción fue respaldada por SESA y Solar United Neighbors, que describieron el cargo como un castigo a las familias que invierten en energía solar para aportar a una red más limpia y confiable.