El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) y el Movimiento Amplio para la Justicia Educativa (MAJE) expresaron su preocupación por la Ley 89-2025, que permite a padres, madres y custodios objetar la enseñanza de contenidos sobre “sexualidad y afectividad” en el sistema público de enseñanza.
La medida fue aprobada sin vistas públicas ni consulta a expertos en salud, educación sexual y prevención social.
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La Dra. Alice Pérez Fernández, portavoz de FAAS, señaló que “aprobar una ley que impacta asuntos urgentes para nuestra sociedad sin la participación ciudadana es peligroso y antidemocrático”.
Además, advirtió que los Departamentos de Educación, Familia y Salud no participaron en el proceso legislativo, a pesar de que sus funciones están directamente relacionadas con la atención de menores en situaciones de riesgo.
Según el Dr. Eduardo Lugo, investigador en educación y salud pública, la ausencia de educación sexual integral puede generar consecuencias sociales y económicas.
“Investigaciones internacionales consistentemente promulgan que adolescentes que viven en condiciones de precariedad tienen menor acceso a una educación sexual y reproductiva adecuada. La ausencia de educación sexual integral desde el modelo público de enseñanza representa una acción desacertada que detona consecuencias de riesgos sociales y económicos para el estudiantado y el País”, precisó Lugo.
La maestra Janice Soliván Roig, directora ejecutiva de Casa Juana Colón en Comerío, explicó que para muchas niñas, niños y jóvenes las escuelas representan el único espacio seguro para expresar experiencias de violencia o situaciones de riesgo.
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En esa línea, Lucía Santana Benítez, lideresa comunitaria e integrante de MAJE, afirmó que “esta política pública representa el abandono de menores ante estímulos para los que no están listos y listas”.
La Dra. Ángeles Acosta, psicóloga experta en estudiantes con diversidad funcional, señaló que la educación sexual integral es una herramienta de prevención de la violencia de género.
“La educación en estos temas capacita al estudiantado para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y sus relaciones, lo que reduce el riesgo de abuso y violencia”, explicó Acosta. También enfatizó la necesidad de garantizar estos contenidos para estudiantes de educación especial, quienes podrían ser más vulnerables a agresiones.
Los colectivos alertaron que la Ley 89-2025 no establece cómo se manejarán los procesos de objeción de padres y custodios, ni los métodos alternos de enseñanza para los estudiantes afectados. Advirtieron que el magisterio podría enfrentar sanciones si utiliza materiales basados en estándares científicos. Además, señalaron que la ley carece de alineamiento con otras normas vigentes y la Carta de Derechos de la Niñez de Puerto Rico.
Ante esta situación, FAAS y MAJE hicieron un llamado a enmendar la política vigente y a abrir espacios de consulta amplia y democrática, de manera que las estrategias educativas garanticen equidad, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos.