El Tribunal Supremo acogió esta semana la demanda del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra LUMA Energy y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), lo que abre paso a que se evalúe la validez de una cláusula contractual que exime al consorcio de responder por los daños a enseres eléctricos reclamados por sus abonados.
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La controversia no solo trata de si los abonados podrán recuperar el valor de sus equipos dañados, sino de quién cargará con esos costos al final.
La secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo, celebró la decisión del máximo foro judicial y reafirmó que se trata de un asunto de alto interés público. Para la funcionaria, lo que se discute es si una empresa privada puede colocarse por encima de los derechos de los consumidores.
¿Qué está en juego en este litigio?
El exrepresentante Luis Raúl Torres explicó que la demanda gira alrededor de la inmunidad que se le concedió a LUMA, que Rodríguez Erazo catalogó como inconstitucional.
“La secretaria del DACO está alegando que se le dio una inmunidad a LUMA Energy para que cualquier daño que se causara a los abonados, pues ellos no tuvieran que responder por esos daños”, dijo el representante.
De hecho, conforme a Torres, la práctica no es nueva: bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también eran raras las indemnizaciones por reclamaciones de este tipo. Sin embargo, la diferencia ahora es que esa inmunidad, otorgada por el Negociado, se impone como una barrera absoluta a toda reclamación.
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Torres recalcó que el DACO entiende que esto es inconstitucional porque un relevo de responsabilidad solo puede establecerse mediante legislación o por orden ejecutiva de la gobernadora. Mientras tanto, los consumidores se encuentran atrapados en un proceso complejo y costoso.
“El proceso es que LUMA te va a pedir a ti que tú busques un perito electricista para que determine si había fluctuaciones de voltaje. Entonces ellos tienen que determinar en su centro de operaciones de Monacillo si en esa zona hubo fluctuaciones de voltaje, cuándo ocurrieron y cuándo se dañó el enser eléctrico versus esa situación”, explicó el exrepresentante.
El proceso, que implica gastos adicionales para el consumidor y un resultado incierto, explica por qué hasta ahora ninguna de las más de mil reclamaciones reportadas ha prosperado. En este escenario, lo que el Supremo determine puede redefinir el alcance de la protección de los abonados.
Sin embargo, aunque DACO prevalezca, la pregunta clave es: ¿de dónde saldría el dinero para pagarle a los consumidores?
Torres advirtió que, aun si el Supremo determinara que LUMA debe responder por los daños, en la práctica la AEE terminaría asumiendo esos costos. Explicó que los fondos federales que maneja la empresa están destinados únicamente a reparaciones de la red tras huracanes y desastres, no para atender reclamaciones de abonados, y que el presupuesto operacional de LUMA en Puerto Rico no cuenta con partidas para reclamaciones, además de la misma agencia haber expresado continuamente que el presupuesto es insuficiente para cubrir sus proyectos y emergencias.
Por eso, sostuvo, cualquier orden de pago recaería en los fondos de la Autoridad, que se nutren de la tarifa eléctrica que pagan los consumidores.
“(...) Cualquier pago que se ordene hacer para pagar enseres o para pagar daños que LUMA haya causado a los abonados o a cualquier otra persona, esos daños los va a terminar pagando la Autoridad de Energía Eléctrica a través del dinero que entra del pago de nuestra tarifa eléctrica y los vamos a pagar los abonados en forma indirecta porque lo estamos pagando en nuestra tarifa eléctrica”, dijo.
Ese riesgo financiero cobra fuerza en momentos en que LUMA ha admitido un déficit operativo que supera los $200 millones de dólares. Según el exrepresentante, cualquier orden judicial que obligue a pagar reclamaciones tendría un efecto dominó sobre las finanzas del sistema y, eventualmente, sobre las facturas de luz.
“Cuando LUMA no pueda de su presupuesto, que está diciendo que ahora mismo tiene un déficit de casi más de 200 millones de dólares, si lo ordenan a LUMA pagar los daños, va a salir del presupuesto de la Autoridad y a la larga va a haber que aumentar la tarifa para poder balancear ese presupuesto”, explicó.