El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y al uso de máquinas de votación, en un nuevo desafío al sistema electoral del país.
La medida llega tras sus reiteradas denuncias de supuesto fraude electoral en los comicios de 2020 frente al entonces mandatario Joe Biden, pese a que nunca presentó pruebas y todas sus demandas fueron desestimadas en los tribunales.
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“Voy a liderar un movimiento para eliminar las papeletas del voto por correo y además las máquinas de votación, que son extremadamente imprecisas, muy caras y muy controvertidas”, afirmó el republicano en un mensaje publicado en Truth Social.
Trump, un criminal convicto, defendió que el cambio permitirá restaurar la “honestidad” y la “integridad” de las elecciones legislativas de 2026, a pesar de la oposición de los demócratas, a quienes volvió a acusar de “hacer trampas”. Según él, Estados Unidos es “el único país que utiliza este método” y sostuvo que “muchos países lo han eliminado por fraude electoral”.
En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que la iniciativa “huele a desesperación”. “Trump sabe que va a perder en 2026. Su plan de manipular nuevos escaños en el Congreso va a resultar contraproducente”, afirmó.
El anuncio se produce en paralelo a las maniobras republicanas en Texas, donde con el apoyo del gobernador Greg Abbott buscan rediseñar los mapas electorales para ganar cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes. Los demócratas han impulsado un movimiento similar en California para contrarrestar la estrategia.
La táctica, conocida como gerrymandering, consiste en concentrar a los votantes de un partido en determinados distritos para reducir el peso del rival. Actualmente, los republicanos controlan 219 escaños, frente a los 212 de los demócratas, con cuatro vacantes pendientes de cubrir.
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Trump mantiene que fue víctima de fraude en 2020 pese a que ninguna investigación o proceso judicial lo ha confirmado. En junio, un tribunal federal suspendió provisionalmente parte de otra orden ejecutiva suya que modificaba el registro electoral y endurecía los requisitos para votar por correo, al exigir pruebas documentales de ciudadanía y la anulación de papeletas recibidas después del cierre de urnas.