Solo el 12% de los migrantes arrestados en Puerto Rico han sido condenados por delitos graves

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI San Juan) confirmó este domingo a través de las redes sociales que solo el 12% de los migrantes arrestados en la Isla han sido condenados por delitos graves.

Lee también | ¡Atención! Jenniffer González anuncia que el lunes habrá clases y trabajo

Fue a través de su cuenta de X (antes conocido como Twitter) que la agencia federal detalló lo siguiente: “En cumplimiento con la Orden Ejecutiva del Presidente, ICE HSI San Juan ha arrestado a 1,004 personas hasta la fecha. A través de la colaboración con nuestros socios de ley y orden, continuamos cumpliendo nuestra misión de proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad pública”.

De los 1,004 migrantes apresados, 123 fueron por casos criminales (12 por cierto) y 881 (88 por ciento) por casos administrativos.

El dato contrasta con la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reiterado que sus esfuerzos se enfocan en priorizar la deportación de indocumentados con crímenes de alto nivel.

Sin embargo, las cifras reflejan que la gran mayoría de los migrantes detenidos en la Isla no enfrentan acusaciones criminales graves.

Este patrón se repite en otras jurisdicciones. En cárceles como Alligator Alcatraz, en Florida, un número considerable de migrantes permanece detenido pese a no tener historial delictivo en Estados Unidos, según registros citados por el Miami Herald y el Tampa Bay Times.

Solo un tercio de los detenidos ha cometido algún tipo de falta, que varía desde delitos mayores hasta infracciones menores de tránsito o reingresos al país tras deportación.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico se ha mostrado crítica ante esta situación y ha ofrecido ayuda directa a los migrantes afectados.

Además, solicitó a los municipios adoptar ordenanzas que protejan los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes, como ya lo hicieron Aguadilla y Hormigueros.

No obstante, “El Nuevo Jardín del Atlántico” ya sufrió un golpe por parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP) tras declararse “ciudad santuario”.

La decisión afectó cerca de $250 mil dólares provenientes del programa Operation Stone Garden (OPSG), un programa que financia a agencias locales y estatales para mejorar la cooperación y coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).