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title: "Aumento salarial de $1,000 para personal no docente queda en espera"
description: "Varias agencias indicaron que no pueden apoyar el Proyecto de la Cámara 703, porque no identifica una fuente de financiamiento y podría afectar la sostenibilidad fiscal."
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section: "Noticias"
subsection: "Locales"
author: "Nilda Núñez Lamboy"
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published: "2025-08-14T18:24:51.253Z"
updated: "2025-08-14T18:24:51.356Z"
tags: ["Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
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# Aumento salarial de $1,000 para personal no docente queda en espera

_Varias agencias indicaron que no pueden apoyar el Proyecto de la Cámara 703, porque no identifica una fuente de financiamiento y podría afectar la sostenibilidad fiscal._

Por Nilda Núñez Lamboy · Noticias / Locales · 2025-08-14T18:24:51.253Z

La **Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)**, la**Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)** y el **Departamento de Educación (DE)** expresaron que no puede aprobarse en este momento el **Proyecto de la Cámara 703**, que propone un aumento de $1,000 mensuales para todo el personal no docente del sistema público de enseñanza.

El PC 703, titulado **Ley Especial de Aumento Salarial**, busca equiparar las condiciones de empleados administrativos, de oficina, mantenimiento, enfermería, psicología y seguridad escolar, entre otros, con los aumentos concedidos al magisterio en 2022. La medida también ordena a OGP, DE y AAFAF identificar y garantizar fondos anuales para cubrir el incremento.

El secretario del DE, **Eliezer Ramos Parés**, expresó que aunque comparte la meta de mejorar la compensación, el proyecto “interfiere con un proceso ya estructurado y en plena implementación”.

Explicó que el Departamento se encuentra en la etapa final de su Plan de Clasificación y Retribución, que revisa 255 clases de puestos no docentes y establece 23 escalas salariales basadas en estudios de mercado. Este plan impactará a 7,936 empleados, de los cuales 79% recibirá aumentos, con un costo anual estimado de $36.2 millones.

Ramos Parés recalcó que un aumento uniforme podría “generar inequidades internas y comprometer la sostenibilidad fiscal” al no considerar factores como funciones, experiencia y complejidad del puesto.

La OATRH enfatizó que todo ajuste salarial debe cumplir con la **Ley de Igualdad Salarial** y con los principios de mérito establecidos en la Ley 8-2017. Recomendó que cualquier cambio se coordine con los planes de clasificación vigentes para evitar distorsiones en el sistema de compensación gubernamental, y advirtió que modificaciones no estructuradas podrían provocar reclamos, agravios y costos adicionales.

En su ponencia, el director **Facundo Di Mauro** señaló que “todo ajuste salarial a los servidores públicos debe contar con estudios de mercado y de impacto fiscal” y observó que el proyecto no identifica una fuente estable de financiamiento.

Di Mauro informó que el Departamento de Educación trabaja en un “Plan Unificado” de clasificación y retribución para el personal no docente, cuya presentación formal ante OGP y la Junta de Supervisión Fiscal permitirá evaluar su viabilidad conforme a los requisitos técnicos y fiscales establecidos.

AAFAF recordó que toda medida legislativa con impacto económico debe ser neutralmente fiscal según el Plan Fiscal certificado bajo **PROMESA**. La agencia advirtió que el PC 703 no especifica una fuente de financiamiento, lo que dificulta su aprobación sin identificar ingresos recurrentes o reasignaciones presupuestarias. Recalcó que, en ausencia de un financiamiento claro, el aumento podría entrar en conflicto con las metas de balance fiscal y sostenibilidad presupuestaria.

El director de OGP, **Orlando Rivera Berríos**, destacó que aprobar un aumento de esa magnitud requiere una fuente de financiamiento estable y aprobada. Señaló que la nómina es el principal gasto del presupuesto gubernamental y que incrementos recurrentes sin análisis de mercado y de impacto fiscal pueden comprometer el equilibrio presupuestario.

Por esa razón, recomendó esperar la presentación oficial de dicho plan antes de tomar una decisión legislativa.

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