--- title: "Senado busca poner fin al discrimen en la compra de viviendas con fondos federales" description: "El Senado quiere imponerle multas y sanciones a los vendedores que discriminen contra familias que usan programas federales para adquirir viviendas." canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2025/08/11/senado-busca-poner-fin-al-discrimen-en-la-compra-de-viviendas-con-fondos-federales" section: "Noticias" subsection: "Locales" author: "Metro Puerto Rico" published: "2025-08-11T18:54:10.122Z" updated: "2025-08-11T18:54:10.268Z" tags: ["Notícias"] publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # Senado busca poner fin al discrimen en la compra de viviendas con fondos federales _El Senado quiere imponerle multas y sanciones a los vendedores que discriminen contra familias que usan programas federales para adquirir viviendas._ Por Metro Puerto Rico · Noticias / Locales · 2025-08-11T18:54:10.122Z En un intento por frenar el **éxodo poblacional y garantizar que las familias afectadas por desastres puedan acceder a un hogar digno**, el Senado de Puerto Rico evalúa un proyecto de ley que prohibiría el discrimen contra beneficiarios de **programas federales para la compra de viviendas**, imponiendo **multas y sanciones** a quienes bloqueen la venta de propiedades a estas familias. **Lee también |**[Buscarán eliminar sistema de inspección de furgones en los muelles](https://www.metro.pr/noticias/2025/08/11/buscaran-eliminar-sistema-de-inspeccion-de-furgones-en-los-muelles/) Se trata del **Proyecto del Senado 679**, presentado por el senador Carmelo Ríos Santiago, que propone la creación la **“Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios”**. Según la exposición de motivos, **la legislación responde a prácticas discriminatorias como el rechazo de vales federales para la compra de propiedades, la alteración de términos de venta o la difusión de información falsa sobre disponibilidad, que han impedido que el 66% de las familias beneficiarias adquieran una vivienda.** Para erradicar estas conductas, **se tipifican como prácticas discriminatorias la negativa a vender, negociar o anunciar propiedades a participantes del programa R3, así como inducir a otros a no venderles.** El Departamento de la Vivienda (DV) tendría la responsabilidad de **atender con diligencia las transacciones que involucren estos fondos y de procesar querellas de personas perjudicadas.** Se establecería un régimen de sanciones que contempla multas administrativas de hasta **$5 mil dólares** por violación, con excepciones para propiedades vendidas por entidades religiosas o por individuos que no utilicen corredores y posean menos de tres viviendas. Para ello, se realizó una vista pública entre la**Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus y, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social**de la Cámara alta. El director de los Programas de Planificación de CDBG-DR, **Carlos Olmedo**, expresó su apoyo al proyecto siempre que se hagan enmiendas al Artículo 7 del mismo. En el lenguaje de la medida, en este artículo se esboza el proceso de las querellas y las multas a ser implementadas por parte de Vivienda. El licenciado sentenció que **“Vivienda no puede acoger una querella por discrimen de un participante del Programa R3, SFM y/o ReSURge, y atenderla conforme al Reglamento sobre Procedimientos Adjudicativos Formales del Departamento de la Vivienda y sus Agencias Adscritas”.** Añadió que estas querellas deben ser referidas por Vivienda a la Oficina de Vivienda Justa y Oportunidad Equitativa del **Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos** (HUD-FHEO, por sus siglas en inglés). La medida también enmienda el Código de Rentas Internas para fijar en un **2% la contribución sobre ganancias de capital en ventas a beneficiarios certificados de programas federales de recuperación**, siempre que la propiedad esté ubicada en una zona declarada de desastre en los últimos 10 años, se destine a rehabilitación, reconstrucción o uso comunitario, y el vendedor no sea un inversionista comercial ni haya usado la exención más de una vez en cinco años. Ante esto, el director de los Programas de Planificación de CDBG-DR expresó su apoyo sin embargo sugirió que **“la exención contributiva se extienda para incluir a otros actores del mercado, tales como los inversionistas”.**Esto para alinearlo con la política pública de acelerar los procesos de reubicación, incentivar la inversión privada en la recuperación, promover la equidad en el acceso a vivienda segura y contribuir a la estabilización poblacional de los municipios afectados por desastres. Por su parte, en representación de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, **Milton Serrano**, estableció que la medida tiene un fin loable y se posicionó a favor de la misma. **“Nuestra Asociación rechaza todo acto de discrimen que lesione o violente los derechos constitucionales o estatutarios de toda persona en el proceso de financiar, adquirir o solicitar una vivienda. En ese sentido, coincidimos con la aspiración de rechazar actos de discrimen que afecten a personas o familias que aspiran a ser dueños de su propio hogar o a tener acceso a programas de rehabilitación o reparación de sus viviendas, sean a través de programas federales, estatales o municipales”**, comentó. Sin embargo, Serrano explicó que no todo puede considerarse discrimen, ya que el vendedor **puede tomar la decisión de optar por una mejor oferta o necesita completar la venta de manera urgente.** En la misma línea, destacó que se debe establecer que el vendedor de bienes raíces o corredores no serán responsables ya que **“no sería razonable la imposición de responsabilidad legal o económica a profesionales de los bienes raíces por actos, u omisiones atribuidas a los propietarios o clientes”.** Por otro lado, el director de Asuntos Intergubernamentales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), **Luis Roberto Rivera Cruz**, explicó que la agencia que representa tiene actualmente una postura reservada pues considera que **no se han hecho los análisis de impacto fiscal necesarios por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).** Aunque aseguró que la medida**se inserta en un área de política pública que vincula la recuperación de infraestructura y vivienda con la estabilidad fiscal a nivel municipal y del Gobierno Central.** **“A la luz de la discusión que procede, al presente la AAFAF tiene interrogantes fiscales y programáticos sobre el PS 679, las cuales deben aclararse como parte de la evaluación de la medida por la Comisión”**, explicó Rivera Cruz. --- Contenido de Metro Puerto Rico. 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