El despido abrupto de cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) podría cambiar radicalmente la dirección del ente encargado de manejar la reestructuración financiera del gobierno de Puerto Rico.
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Así lo advirtió el exmiembro de la JSF, Antonio Medina, quien en entrevista con Metro al Mediodía expresó su preocupación ante lo que considera un giro hacia una composición más alineada con los intereses de los bonistas y del movimiento político del presidente Donald Trump.
Para Medina, quien formó parte de la Junta entre 2020 y 2023, la destitución no fue una simple reestructuración administrativa, sino una jugada con implicaciones profundas. Según indicó, los miembros removidos eran figuras con experiencia y sensibilidad hacia los intereses del país.
“Eran realmente las personas que tenían esa perspectiva que favorecía los intereses de los puertorriqueños”, afirmó.
Medina interpretó estas remociones como una estrategia política impulsada desde la Casa Blanca para dar paso a nuevos nombramientos que favorezcan a los acreedores.
“Mi gran preocupación es que los van a reemplazar con personas que van a estar alineados con los intereses de los bonistas. Si vemos personas con esa alineación política hacia el presidente, hacia el movimiento de MAGA y a favor de los mercados financieros y de las instituciones como los bonistas, quienes vamos a pagar el precio, somos los consumidores en Puerto Rico”, detalló.
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El también ingeniero recordó su tiempo en la Junta, y cómo logró impulsar medidas que protegieron a los pensionados de la Autoridad. Sin embargo, confesó que ahora teme que con una nueva composición no se mantenga ese mismo enfoque.
Según explicó, existen dos rutas posibles para pagarle a los acreedores, una que depende de los recaudos de la propia AEE, a través del aumento en la tarifa, y otra que involucraría al gobierno central, utilizando sus fondos asignados.
“El primero es a través de los fondos propios de PREPA, a través de la tarifa, que lo paga el consumidor a través de su pago mensual. O, si se decide que el gobierno central se va a envolver, quien lo paga entonces es el contribuyente”, detalló Medina.
Sin embargo, alertó que involucrar al gobierno en esa negociación podría provocar que se desvíen fondos ya comprometidos para otras necesidades. Según expresó, esto podría afectar reservas para emergencias o recursos destinados a sostener las pensiones a largo plazo.
“Si tú desvistas un santo para vestir a otro, vas a terminar con uno o dos santos sin ropa”, advirtió.
Al analizar las declaraciones pasadas de Justin Peterson —exmiembro de la Junta nombrado por Trump—, quien sugirió que el Departamento del Tesoro podría intervenir directamente en las negociaciones para lograr un acuerdo sin rescate federal, Medina no descartó que estas ideas formen parte de un nuevo plan de acción. Afirmó que “todo está en juego ahora” y que cualquier estrategia que busque eliminar a la Junta para el 2026 debe ser analizada con cautela, considerando que la JSF fue creada precisamente para manejar procesos complejos como el de la AEE.
De hecho, ante la posibilidad de cambios en la representación legal de la Junta, Medina confirmó que el contrato de los abogados venció recientemente, y que la nueva composición del organismo tendría el poder de hacer modificaciones. No obstante, aclaró que los costos legales no necesariamente disminuirán.
“Si tienes un grupo que estima que la representación legal no estaba llenando las necesidades de ese nuevo grupo, ellos tienen el poder de reemplazarla. Lo que yo no creo que va a cambiar mucho es el costo”, explicó.
Según expuso, en litigaciones de esta magnitud, es necesario contar con equipos de primer nivel, lo que conlleva gastos elevados. Argumentó que los resultados obtenidos por la Junta en procesos previos, como la quiebra del gobierno central, han sido sustancialmente beneficiosos.
“Vas a tener una Junta nueva, vas a tener gente nueva tomando decisiones. No sabemos si van a mantener ese tipo de política pública hacia el futuro para los retirados de PREPA”, continuó.
Sobre la figura del actual director ejecutivo, Robert Mujica, Medina reconoció que su continuidad dependerá de los nuevos miembros, pero no descartó que hay posibilidades de su despido.
“La Junta tiene la potestad de decidir si quieren mantener a Robert en la posición o no”, dijo.
El ingeniero planteó que los movimientos de Trump no fueron provocados por la vista congresional más reciente, sino que responden a presiones prolongadas de sectores financieros interesados en controlar las decisiones de la JSF. A su juicio, las críticas locales constantes a la Junta también pudieron ser utilizadas como justificación para reestructurarla.
“(Con las críticas creas tierra fértil para este tipo de cosas pasen, porque entonces el otro lado, el que está opuesto al beneficio para los residentes de Puerto Rico, usa esa misma retórica… y de repente tú ves los mismos demócratas, los mismos puertorriqueños, están decidiendo que no queremos a la Junta. Por lo tanto, (le dicen) ‘presidente, saca a esa Junta y crea una que beneficie a nosotros’, pero nosotros no son los puertorriqueños en ese caso, nosotros somos los bonistas”, concluyó Medina.