La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) denunció en la noche del lunes que agentes de la Policía de Puerto Rico no les permitieron levantar sus casetas en el campamento de protesta frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan.
“La Policía no está permitiendo levantar las casetas del campamento. O sea, están coartando nuestros derechos civiles”, expresó en declaraciones escritas Alice Dana, portavoz de la APPSSRE.
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Según la Asociación, las autoridades citaron el Artículo 10.20 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000), que establece responsabilidades para el mantenimiento y cuidado de las carreteras y aceras, incluyendo la prohibición de ciertas acciones que puedan dañarlas o causar peligro.
Proveedores exigen aumento tarifario inmediato con campamento en Fortaleza
La APPSSRE protesta frente a La Fortaleza, no para solicitar una reunión, sino para exigir acción inmediata: un aumento en las tarifas por servicios a estudiantes de Educación Especial bajo Remedio Provisional.
“Ya no estamos aquí para pedir audiencias. Estamos aquí para exigir que aumenten las tarifas. Tienen toda la información, han tenido tiempo de sobra. Ahora les toca actuar”, sentenció Alice Dana, portavoz de la APPSSRE, durante entrevista con Metro al Mediodía. De hecho, indicó que ya una representación del organismo ingresó a La Fortaleza para ser atendidos en este nuevo reclamo de pago justo.
La organización denunció que, aunque hace más de un mes llegaron a acuerdos con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech —incluyendo la revisión de tarifas antes del comienzo de clases—, el gobierno no ha cumplido. Afirmaron que el funcionario ahora alega que el compromiso era solo iniciar una revisión, sin garantizar aumentos.
“No se trata de estudiar más. Ellos ya tienen estudios del Departamento y análisis del economista José Alameda. Solo falta voluntad”, dijo Dana.
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La APPSSRE sostiene que múltiples tarifas permanecen congeladas desde 2015 y que algunas terapias aún se pagan a $30 por sesión. “Eso es insostenible. Nadie puede vivir con eso, mucho menos un profesional con preparación”, agregó.
En contraste con lo dicho por el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés —quien aseguró que los pagos a proveedores están al día—, Dana afirmó que aún no ha recibido su factura de junio, pese a haberla sometido correctamente y a tiempo.
El campamento, que se instaló ordenadamente con previa notificación a la Policía, se mantendrá activo hasta lograr un compromiso formal de ajuste tarifario. “No queremos más promesas ni fotos. Queremos un aumento justo ahora”, concluyó la portavoz.