La Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo de Niños (ASOCUIDA), Virmette Maldonado García, celebró la firma de la Orden Administrativa 2025-620, emitida por el secretario del Departamento de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, la cual extiende de uno a tres años la vigencia del certificado de antecedentes penales requerido por la Ley 300-1999 para empleados y proveedores de servicios dirigidos a la niñez temprana.
Para Maldonado García, esta medida representa “un gran alivio” para los centros de cuido infantil en la Isla, pero advirtió que se necesita mayor certeza jurídica. Por ello, expresó su respaldo al Proyecto del Senado 667, aprobado el 23 de junio de 2025, que busca establecer esta extensión como ley, además de agilizar el trámite a través de oficinas regionales y mejorar la coordinación del sistema a cargo del Departamento de Salud.
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“Esta extensión no solo nos ha dado un respiro. Es, en la práctica, una solución concreta a una de las trabas más frustrantes que enfrentamos al contratar y retener personal”, sostuvo Maldonado García. “Cuando una persona interesada se enfrenta a un proceso burocrático largo, costoso y poco claro, muchas veces se retira. Otros, al llegar el momento de renovar, simplemente optan por irse. Esto afecta la estabilidad de los equipos de trabajo y la continuidad de los servicios para los niños.”
Además de los retos de reclutamiento, Maldonado García señaló que la renovación anual del certificado también causaba retrasos en procesos con otras agencias, incluyendo licencias, permisos y reembolsos, lo que afectaba la operación diaria de los centros. Según explicó, el cambio ya está generando mejoras tangibles.
“El estrés ha bajado tanto para los centros como para el propio personal de Salud. Hay menos retrasos, más continuidad y mayor estabilidad para todos. Pero sabemos bien que lo que se logra mediante una orden administrativa puede eliminarse con un cambio de administración. Por eso urge que se convierta en ley”, enfatizó.
ASOCUIDA también hizo un llamado a la gobernadora Jennifer González para que respalde esta política como parte de su agenda de desburocratización y acceso a servicios esenciales.
“Aunque se nos escuchaba año tras año, nunca hubo ejecución”, puntualizó la presidenta. “Esta reforma, además de urgente, es posible. Ya se ha implementado con éxito a nivel federal y en múltiples estados. Ahora le corresponde a nuestra Asamblea Legislativa actuar con responsabilidad y darle permanencia a esta medida que protege tanto a la niñez como al personal que les atiende.”
ASOCUIDA representa a cerca de 500 centros de cuido infantil en Puerto Rico y funge como voz activa en temas de política pública, capacitación y fortalecimiento institucional del sector.