La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, le salió al paso al León Fiscalizador, quien ha estado publicando en sus redes cuestionamientos sobre el esposo de la funcionaria, el cabildero Elías Sánchez.
Rodríguez Erazo rechazó los señalamientos que apuntan a supuestas influencias e intervenciones de Sánchez en contratos relacionados con la industria del cannabis medicinal y sobre la posibilidad de una nueva competencia de operadores en el sector de energía. Las expresiones de la funcionaria surgieron durante un segmento del programa de televisión PR En Vivo.
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En sus redes sociales, El León Fiscalizador acusó a Sánchez de formar parte de un grupo de empresarios vinculados al Partido Nuevo Progresista (PNP) en pugna por el control de la plataforma digital de licencias de cannabis medicinal. Según la publicación, pacientes pagan $19.99 por un servicio que debería ser gratuito, y empresas como Xuvo supuestamente obtienen ganancias millonarias a cambio de pagarle tan solo $5 al gobierno en algunos contratos.
El León Fiscalizador también cuestionó que Rodríguez Erazo dirija una demanda contra LUMA Energy. Sugirió que esto podría ser parte de una estrategia para presionar la salida de LUMA y allanar el camino a nuevos contratos donde Sánchez cabildee.
En entrevista con el programa “PR En Vivo”, Rodríguez Erazo desestimó esas acusaciones como “teorías de conspiración” y defendió su trayectoria profesional. “Mi esposo no tiene nada que ver con mi rol… ya basta del peliculero de la novela. Yo estoy fajá y llevo tres meses en el puesto”, expresó.
La funcionaria también recordó que en el pasado, “una persona terminó demandada precisamente por esto”, haciendo referencia al analista y presentador de noticias, Jay Fonseca, contra quien Sánchez presentó una demanda federal por difamación junto a la propia Rodríguez Erazo. El caso, radicado inicialmente en Miami en 2020 y luego trasladado a Puerto Rico, irá a juicio en abril de 2027. Los demandantes alegan que Fonseca los difamó al vincularlos con actos de corrupción, y reclaman $35 millones en compensación. El juez Raúl Arias Marxuach del Tribunal Federal de los Estados Unidos, distrito de Puerto Rico, desestimó un total de seis causas de acción y mantuvo otras doce.