Mientras la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez denunció que la aprobación del llamado “Big Beautiful Bill” representa un ataque directo a los más vulnerables, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, defendió la medida destacando sus beneficios para la isla.
La medida impulsada por el presidente Donald Trump fue aprobada antes del 4 de julio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
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Velázquez afirmó que el proyecto, impulsado por Trump y legisladores republicanos, afectaría directamente a Puerto Rico al poner en riesgo los fondos de Medicaid y reducir las ayudas alimentarias del PAN, de las que dependen miles de puertorriqueños para su alimentación y salud. Además, advirtió que la medida encarecería la educación superior al reducir las becas Pell hasta en $1,479 para estudiantes con cargas académicas de 12 a 14 créditos y eliminaría por completo la beca para quienes cursen menos de medio tiempo. Según la congresista, el proyecto canaliza grandes exenciones fiscales a los multimillonarios mientras deja a los más pobres “más enfermos, más hambrientos y más pobres”.
Como contexto, Velázquez indicó que en Nueva York la aprobación de este plan provocaría el cierre de hospitales, la pérdida de más de 65,000 empleos en el sector salud y hasta 50,000 muertes evitables al año en todo Estados Unidos.
Por su parte, González Colón sostuvo que la medida no implica recortes ni cambios a Medicaid ni al PAN para Puerto Rico. Resaltó que el proyecto aumentaría la cantidad que recibe la isla por el arbitrio al ron, lo que generaría más empleos, apoyaría el desarrollo económico e iniciativas de conservación. También destacó que el Crédito por Menor subirá hasta $2,200, con la porción reembolsable aumentando por inflación a $1,700, y que las becas Pell se mantienen bajo los mismos parámetros, con la creación de un nuevo programa de ayuda federal para carreras cortas.
La diferencia de posturas entre ambas líderes políticas puertorriqueñas refleja un fuerte choque narrativo sobre los efectos reales del proyecto para Puerto Rico, entre denuncias de recortes a servicios esenciales y promesas de nuevos fondos y alivios fiscales para la isla.
