El Municipio de Aguadilla confirmó la aprobación de una ordenanza que prohíbe a los empleados del ayuntamiento a colaborar con redadas o investigaciones basadas únicamente en el estatus migratorio de una persona y la creación de un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.
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Según se informó mediante un comunicado de prensa, la Legislatura Municipal de Aguadilla aprobó la Ordenanza Núm. 82, Serie 2024-2025, que declara oficialmente al municipio como Ciudad Santuario.
El municipio indicó que la nueva política municipal, impulsada por el alcalde Julio Roldán Concepción y presentada por el legislador municipal Rafael Valle Ortiz, establece protocolos que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés), salvo que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública.
“Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, subrayó Roldán Concepción, quien también anunció la aprobación de la ordenanza Núm. 83, con la que su administración se compromete a crear el Equipo de Trabajo de Respuesta interdisciplinario que será activado cuando se identifiquen redadas o intervenciones con inmigrantes.
“Esta iniciativa busca ofrecer una respuesta estructurada, solidaria y efectiva ante intervenciones del ICE en la región”, precisó el ejecutivo municipal.
Además, se dijo que para la redacción de las ordenanzas, el Municipio utilizó como partida dos modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, que tienen como objetivo la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes que residen en el archipiélago.
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“A lo largo de este año Puerto Rico ha sido testigo de detenciones ilegales de personas inmigrantes, con un trato cruel e inhumano. Con el diseño de estas ordenanzas que tenemos disponibles para los 78 municipios de Puerto Rico, buscamos contrarrestar esa realidad”, sostuvo la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.
“Apelamos al sentido de solidaridad que caracteriza al pueblo puertorriqueño, que no quiere ser cómplice de violaciones a la dignidad humana de nadie. Como organización no partidista, exhortamos a los alcaldes y legislaturas municipales a promulgar ordenanzas como las aprobadas por el municipio de Aguadilla. El momento histórico que vivimos requiere acciones urgentes y voluntad política fuera de líneas partidistas”, subrayó la licenciada Escudero Rodríguez.
De acuerdo con cifras oficiales del ICE, desde enero y hasta finales de junio los agentes federales habían arrestado al menos 716 personas inmigrantes, la inmensa mayoría sin récord criminal.
Un número indeterminado de detenidos ha sido llevado precisamente a Aguadilla, donde el ICE opera un centro temporero de detención.
También en Aguadilla, el ICE operaba un centro de procesamiento que fue cerrado hace más de una década, precisamente por violaciones de derechos humanos y civiles.
Roldán Concepción relató que, tan pronto hizo públicas las primeras expresiones sobre su postura en torno a las acciones contra los inmigrantes, recibió una comunicación de la ACLU de Puerto Rico, cuyas recomendaciones fueron pieza clave para la redacción de estas ordenanzas y fueron integradas en el diseño del plan municipal.
La ordenanza Núm. 82 firmada por el alcalde “garantizará la confidencialidad de la información personal de los residentes y prohíbe expresamente la utilización de recursos municipales para apoyar operaciones migratorias arbitrarias, como las que se han reportado en Puerto Rico desde finales de enero de este año”.
Entre los aspectos destacados de la ordenanza se encuentran:
• Prohibición a empleados municipales de colaborar con redadas o investigaciones basadas únicamente en el estatus migratorio de una persona.
• Creación de un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.
• Compromiso con el acceso igualitario a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
• Capacitación permanente del personal municipal sobre derechos de los inmigrantes y aplicación de la nueva política.
• La administración municipal reafirma con esta medida su visión de una comunidad que se construye desde la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, y se une así a decenas de jurisdicciones en los Estados Unidos que han adoptado políticas similares a favor de las comunidades inmigrantes.Por otra parte, Roldán Concepción señaló que el equipo de trabajo que crea la ordenanza Núm. 83 responderá ante cualquier tipo de redada o intervención indebida, con el objetivo de velar por los derechos de la comunidad de inmigrantes aguadillana.
Roldán Concepción indicó que el equipo estará compuesto por representantes de diversas dependencias municipales y tendrá como objetivo principal coordinar acciones de apoyo, orientación y protección a las personas impactadas por estas operaciones.Entre sus funciones principales, el equipo deberá:
• Diseñar un Plan de Respuesta y Protocolo de Manejo ante redadas, en colaboración con organizaciones comunitarias y expertos legales.
• Brindar asistencia directa a personas detenidas o en riesgo, incluyendo acceso a servicios legales, sociales y programas de apoyo infantil.
• Coordinar acciones inmediatas tras redadas, incluyendo divulgación de derechos y apoyo a familias afectadas.
• Establecer canales de comunicación con otras oficinas municipales para ampliar la red de apoyo.
“Este equipo es una herramienta de justicia y humanidad. Aguadilla no permitirá que el miedo ni la incertidumbre desintegran a nuestras familias ni vulneren los derechos de nuestros residentes”, concluyó Roldán Concepción.
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