La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetó formalmente la Ley 215-2024, que modifica el Código Municipal de Puerto Rico, por considerar que reduce la transparencia en las contrataciones municipales y debilita los controles fiscales establecidos por la Ley PROMESA, además de fomentar un ambiente propenso a corrupción.
En una carta enviada a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la JSF advirtió que: “La Ley 215 reduce los mecanismos de supervisión y aumenta la discrecionalidad de los alcaldes, lo cual socava la integridad de los procesos de contratación”.
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El organismo señaló que los cambios propuestos incrementan el riesgo de corrupción y el gasto público innecesario. También destacó que los municipios no cuentan con las mismas capacidades administrativas ni presupuestarias del gobierno federal, por lo que aplicar sus umbrales para microcompras es inadecuado.
La Junta subrayó que al menos siete alcaldes han sido acusados criminalmente en los últimos cinco años por esquemas de corrupción relacionados a contrataciones y obras públicas. Esto refuerza, según el ente fiscal, la necesidad de mantener estrictas normas de contratación.
“La contratación sin competencia es una de las prácticas más vulnerables a la corrupción”, añadió la JSF, citando estudios que demuestran que los procesos competitivos pueden reducir costos entre 10 % y 39 %.
Como parte de su argumentación, la Junta incluyó una tabla comparativa con los umbrales de contratación pública sin subasta en distintas jurisdicciones de Estados Unidos. El análisis muestra que el nuevo límite de $200,000 adoptado en Puerto Rico supera el de la mayoría de los estados, incluyendo Nueva York ($85,000), California ($25,000) y Massachusetts ($50,000). Solo tres estados —Colorado, Virginia y Utah— tienen umbrales similares o más altos. Para la JSF, este dato evidencia que Puerto Rico se estaría colocando entre las jurisdicciones más permisivas del país, a pesar de enfrentar un historial reciente de corrupción municipal.
Falta de cumplimiento con PROMESA
La JSF determinó que el gobierno no presentó un estimado formal de impacto fiscal conforme al artículo 204(a) de PROMESA. Las certificaciones provistas por la OGP y el Departamento de Hacienda fueron calificadas como “deficientes” por carecer de metodología, proyecciones multianuales y análisis del impacto sobre los municipios.
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Se dio al gobierno hasta el 10 de julio de 2025 para corregir la documentación. Además, la JSF exigió que la Ley 215 no sea implementada hasta que se determine su conformidad con el Plan Fiscal certificado.
¿Qué cambiaba la Ley 215-2024?
La ley, firmada por el entonces gobernador Pedro Pierluisi el 17 de septiembre de 2024, introduce varias enmiendas al Código Municipal (Ley 107-2020), entre ellas:
- Aumenta de $100,000 a $200,000 el umbral para contratos que requieren subasta pública en obras municipales.
- Eleva de $3,000 a $10,000 el límite para realizar “microcompras” sin competencia.
- Elimina la obligación de que las legislaturas municipales aprueben la mayoría de los contratos.
- Permite a los alcaldes validar contratos que antes eran nulos si violaban ciertas salvaguardas.
Según la exposición de motivos de la pieza que dio paso a la ley, la medida buscaba “agilizar procesos” y fortalecer la autonomía municipal.
La Ley 215-2024, aunque promovida como una herramienta para simplificar procesos municipales, enfrenta oposición firme de la Junta Fiscal, que considera que su implementación viola principios fundamentales de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal.
