El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó este miércoles la ley de Tennessee que prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores transgénero, en un revés contundente para los derechos de las personas trans en el país.
Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora del tribunal determinó que la ley estatal no viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución, que exige que el gobierno trate por igual a las personas en situaciones similares. La decisión protege de impugnaciones legales a legislaciones similares aprobadas en al menos 26 estados bajo gobiernos republicanos y respalda iniciativas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para restringir protecciones a personas trans.
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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria y reconoció la complejidad del debate en torno a estos tratamientos médicos: “Este caso conlleva el peso de intensos debates científicos y políticos sobre la seguridad, eficacia y conveniencia de tratamientos médicos en un campo en evolución. Las voces en este debate plantean preocupaciones genuinas; las implicaciones son profundas para todos. La cláusula de igualdad de protección no resuelve estos desacuerdos. Tampoco nos otorga licencia para decidirlos como mejor nos parezca”.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, en representación de los tres magistrados liberales, leyó en voz alta su disenso en la sala del tribunal: “Al retirarse de una revisión judicial significativa justo cuando más importa, el tribunal abandona a los niños transgénero y a sus familias al vaivén político. Con tristeza, disiento”.
La decisión del Supremo se produce en un contexto de múltiples esfuerzos estatales y federales para restringir los derechos de las personas transgénero, incluyendo medidas sobre qué deportes pueden practicar y qué baños pueden utilizar. En abril, la administración Trump demandó al estado de Maine por no cumplir con la directriz federal de prohibir la participación de atletas trans en deportes femeninos.
El gobierno republicano también ha buscado bloquear el uso de fondos federales para brindar atención médica de afirmación de género a menores de 19 años y favorecer terapias de conversación. A su vez, el Tribunal Supremo ya permitió la expulsión de personas trans del ejército, en medio de litigios aún pendientes. Además, el presidente firmó una orden ejecutiva para definir el sexo exclusivamente como masculino o femenino.
Si bien algunos estados donde esta atención médica no está prohibida han aprobado leyes o decretos para protegerla, el panorama ha cambiado tras la orden ejecutiva de Trump. Algunos proveedores han restringido sus servicios: por ejemplo, Penn Medicine, en Filadelfia, anunció el mes pasado que dejará de realizar cirugías a menores de 19 años.
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La presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, la doctora Susan Kressly, criticó la decisión del Supremo y reafirmó el respaldo de la organización a la atención médica de afirmación de género. “Estamos firmes en nuestro apoyo. Nos solidarizamos con los pediatras y las familias que toman decisiones médicas juntos, sin interferencia política”, afirmó. Kressly advirtió que la sentencia “sienta un precedente peligroso para la intromisión legislativa en la práctica médica y en la relación entre médico y paciente”.
El fallo de la Corte Suprema estadounidense llega un mes después de que el máximo tribunal del Reino Unido también dictara un revés a los derechos trans, al determinar por unanimidad que la Ley de Igualdad británica permite excluir a mujeres trans de ciertos espacios y servicios exclusivos para mujeres, como vestidores, albergues, piscinas y servicios médicos o de consejería.
