La coalición Queremos Sol reclamó que el gobierno debe rechazar estas alternativas peligrosas y contaminantes para energizar al país. La coalición cuestionó la renuencia del gobierno de adoptar la energía solar en techos y almacenamiento la cual ha mostrado ser una solución real, costoefectiva y sostenible que el país ya apoya.
“¿Por qué insisten en tecnologías que pueden representar un peligro para Puerto Rico, como lo es la energía nuclear, aún en sus versiones compactas o modulares, y el gas metano? ¿Cuál sería el precio que el pueblo pagaría en caso de un accidente nuclear? Este asunto ya ha sido estudiado y abordado por expertos que coinciden en que la tecnología nuclear no es adecuada para nuestra isla. De igual forma, el gas metano contamina y no provee reducción ni estabilidad en los precios pues responde a las fluctuaciones de precio del mercado. En contraste el despliegue de energía renovable en techos con almacenamiento gestionado desde el sector público, según propone Queremos Sol, no solo estabilizaría la tarifa sino que reduciría vulnerabilidades ante amenazas de eventos locales e internacionales. Hay que preguntarse por qué los funcionarios públicos siguen ignorando esta alternativa”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol.
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Por su parte el doctor Agustín Irizarry, catedrático de ingeniería eléctrica del RUM y miembro de Queremos Sol, indicó que ya más de 158,000 familias han optado por la energía renovable en su carácter individual y lo que hace falta es voluntad para que el gobierno avance a adoptar plenamente la energía renovable, que sigue siendo la política oficial según establece el Negociado de Energía. “Las energías renovables, como las que propone Queremos Sol, distribuidas en los techos de los hogares con almacenamiento, se han movido a paso acelerado en Puerto Rico desde 2108, logrando sobre 1,100 megavatios instalados a la fecha. Esto a pesar de que la única política pública a favor de las renovables distribuidas, la medición neta, sigue bajo acecho. Nuestra propuesta es que, en lugar de buscar soluciones individuales, el gobierno reconozca y se mueva a incorporar e integrar esta tecnología para poder mantener un sistema eléctrico público”.
Irizarry apuntó a que “la inyección de energía que generan estos sistemas renovables redunda en un beneficio a la red eléctrica. Hay un programa piloto de apoyo a la red con almacenamiento distribuido que debería ampliarse para mayor beneficio de la red. Esto es una alternativa real.”
Maritza Maymí, portavoz de Queremos Sol, recordó que para mejorar el sistema y encaminarlo a una transición hacia energía solar hay dinero federal disponible que podría usarse. “Hay $16,000 millones que pueden utilizarse para transformar el sistema eléctrico a base de energía renovable distribuida. Los recursos están disponibles. LUMA ya lleva cuatro años y Genera dos y escasamente han usado unos cientos de los miles de millones disponibles y lo han gastado en la misma red centralizada y a base de combustibles fósiles. Estas empresas no tienen ni la visión, ni el interés ni la capacidad para encausar la transformación que el pueblo reclama y necesita. Es hora de que el gobierno tome pasos firmes para cancelar estos contratos privatizadores y que retome una política pública dirigida a la energía renovable distribuida porque es lo que beneficiaría al pueblo que paga por el servicio”, comentó Maymí.
