El presidente dominicano Luis Abinader nombró un nuevo cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, en medio de la discusión sobre la entrega de información de inmigrantes por parte del gobierno local a las agencias federales.
Medios de la isla vecina reportaron que el presidente dominicano nombró a Rosendo Arsenio Borges Rodríguez como el nuevo cónsul general en Puerto Rico, al mismo tiempo que César Julio Cedeño, quien ocupaba la posición, fue designado como embajador interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se indicó que el nombramiento forma parte del decreto núm. 255-25, emitido el pasado 9 de mayo.
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Según el portal Noticias SIN de la República Dominicana, Cedeño estuvo en el cargo desde agosto de 2023.
La noticia surge en medio de los cuestionamientos contra el gobierno de Jenniffer González Colón por la entrega de información de inmigrantes a la Agencia Federal de Seguridad Nacional (HSI).
Esta mañana, la primera mandataria insistió en que no fue notificada respecto a la solicitud de información de las autoridades federales. González Colón alegó en conferencia de prensa que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, no le informó acerca del requerimiento de información de la Agencia Federal de Seguridad Nacional (HSI).
“En este caso, el secretario lo contestó de manera directa. De hecho, me enteré hace pocos días por la discusión pública, pero es el trámite ordinario que muchas de estas agencias siguen”, expresó.
Esta semana, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura presentaron una resolución para que se investigue cómo el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) divulgó información de 6,000 residentes extranjeros con licencia de conducir provisional al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida fue anunciada por los portavoces del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, quienes señalaron que la divulgación de esta información viola la Ley 97-2013, que protege la confidencialidad de los datos de las personas con estatus migratorio irregular en Puerto Rico.
