A casi una década de la aprobación de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), persisten las preguntas sobre su efectividad y consecuencias para la economía y la gobernanza de Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), creada en 2016 con el propósito de devolver la estabilidad fiscal y reestructurar una deuda superior a $70,000 millones, ha generado intensas críticas de parte de expertos legales y económicos que consideran que su gestión ha sido, en gran medida, fallida.
¿Se cumplieron los objetivos de PROMESA?
Para el abogado Rolando Emmanuelli, especializado en el marco legal de PROMESA, los resultados de la Junta no cumplen con las promesas iniciales. Aunque reconoce que se logró una reducción significativa de la deuda, considera que la ley no ha resuelto los problemas estructurales de la economía puertorriqueña.
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“La Junta puede alegar que ha ajustado la deuda de forma sustancial, pero esto no ha servido para atacar los males de fondo: la pobreza, la desigualdad y el estancamiento económico. Por tanto, el trabajo realizado es incompleto e insuficiente”, sostuvo.
Por su parte, el abogado John Mudd coincidió en que el saldo del proceso no puede calificarse de forma simple. “No podemos decir que todo es bueno ni que todo es malo. La Junta redujo significativamente la deuda y contuvo ciertos excesos políticos, pero también borró riqueza local al litigar contra bonistas, muchos de ellos puertorriqueños”, señaló.
A juicio de Emmanuelli, sin los fondos federales que llegaron tras los huracanes María e Irma, los terremotos de 2020 y la pandemia del COVID-19, la economía de la isla habría experimentado una contracción continua. “Si se agotan esos fondos y se concretan los recortes anunciados por Donald Trump, el país enfrentará una nueva crisis sin que la Junta haya creado estrategias para generar ingresos propios”, advirtió.
El abogado subrayó que la JSF ha enfocado sus esfuerzos exclusivamente en recortes para pagar a los acreedores, sin proponer medidas concretas para aumentar los ingresos. “Ni una sola reforma estructural ha surgido de la Junta que promueva el desarrollo económico sostenible del país”, denunció.
Impacto institucional y austeridad
El economista Heriberto Martínez, quien en su momento como director de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes participó en negociaciones con la Junta, comparte esa evaluación crítica. Considera que PROMESA ha sido una política pública impuesta que favorece a los acreedores a través de la austeridad, y que ha provocado serios daños a la inversión social.
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“Siempre he estado en contra de la Junta. Es una política pública exceptiva diseñada para imponer recortes en sectores claves como los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR)”, expresó.
Para Mudd, la UPR ha sido una de las más afectadas, aunque subrayó que también ha fallado en adaptarse. “La UPR sigue diciendo ‘dame más chavos’, sin reconocer que el mundo cambió. Hasta que no lo haga, no va a mejorar”, opinó.
Martínez argumentó que los efectos de esa política han generado una dislocación social profunda. “La austeridad, en cualquier lugar del mundo, afecta a las instituciones esenciales para el desarrollo. En Puerto Rico, los municipios y la UPR cargaron con el peso de esas medidas”, señaló.
También cuestionó la falta de planificación estratégica para utilizar los fondos federales en proyectos como la reconstrucción del sistema eléctrico. “No hubo un plan coordinado para invertir esos recursos en la infraestructura crítica del país. La Junta no ejerció control sobre esos fondos, pero tampoco promovió un uso efectivo”, agregó.
COFINA: una reestructuración fallida
Martínez calificó como un error grave la forma en que se manejó la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). Explicó que una gran parte de lo recaudado por el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) se destina ahora al pago de deuda, en lugar de invertirse en servicios esenciales.
“La reestructuración de COFINA fue fatal. Se comprometió un porcentaje muy alto de los recaudos del IVU, lo que limita gravemente la capacidad del gobierno para atender las necesidades sociales”, afirmó.
Sobre el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica Jr., el economista fue categórico. “No ha logrado ningún resultado a su favor. No hay avances que se le puedan atribuir desde que asumió el cargo”, dijo.
No obstante, reconoció un solo aspecto positivo: la reestructuración del Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central. Según Martínez, ese proceso se manejó técnicamente de manera correcta, sin recortes a pensiones ni aumentos de impuestos.
“Es el único ejemplo en el que podemos decir que se cumplió con los parámetros de la Ley PROMESA de manera responsable. Fue un proceso compartido con el gobierno local y no supuso una carga adicional al contribuyente”, apuntó.
Crecimiento sostenido por fondos federales
En el análisis económico a largo plazo, Martínez advirtió que el aparente crecimiento registrado en años recientes es insostenible. Señaló que gran parte del desarrollo económico se ha debido a un flujo extraordinario de fondos federales, y que, en ausencia de estos, el país volverá a enfrentar contracción.
“El valor de las exportaciones en 2023 se mantuvo al mismo nivel que en 2014. Nuestros sectores productivos no han mostrado crecimiento real. Sin fondos federales, se desmoronará el poco avance logrado”, explicó.
Para este, dicho estancamiento demuestra que las políticas económicas bajo PROMESA no han incentivado el desarrollo de capacidades internas.
El caso sin resolver de la AEE
Por otro lado, el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúa en el limbo. Emmanuelli explicó que uno de los principales obstáculos es la reclamación de unos $3,700 millones adicionales por parte de los bonistas. De aprobarse esa solicitud, la reestructuración de la deuda de la AEE podría tornarse inviable.
Mudd fue claro: “No habrá acuerdo. La Junta ya dijo que no va a poner más dinero sobre la mesa”. Explicó que la disputa con los bonistas gira en torno a si la corporación ha generado ingresos netos, y que los acreedores cuentan con una decisión favorable del Primer Circuito. Conforme a este, los bonistas alegan que la AEE tuvo ingresos por encima de los gastos por $3,700 millones, lo que sustenta una moción de pago administrativo.
Martínez, por su parte, afirmó que el proceso “sigue trancado” y no hay indicios de que se resuelva a corto plazo.
Tanto Emanuelli como Martínez criticaron, a su vez, las ineficiencias de los operadores privados del sistema eléctrico.
Presupuesto 2025-2026: deudas y proyecciones
En entrevista con Metro Puerto Rico, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, confirmó que el presupuesto del año fiscal 2026 contempla el cumplimiento con los pagos de deuda.
“Estamos presupuestando $1,200 millones para el pago de deuda del gobierno central en este año fiscal”, indicó.
Rivera Berríos también explicó que el presupuesto prevé una asignación para atender los compromisos con los pensionados de la AEE, en caso de que se logre una resolución judicial sobre su deuda.
“Se han incluido ciertas partidas para mitigar los posibles pagos de pensiones. Estamos preparados para distintos escenarios”, aseguró.
En cuanto a los municipios, la OGP ha identificado $111 millones de fondos de años anteriores, aunque Rivera Berríos reconoció que no son recurrentes. “Estamos conscientes de que eso no se compara con lo que antes recibían bajo el fondo de equiparación. La administración continúa buscando alternativas para generar recursos estables para los gobiernos municipales”, concluyó.
¿Hasta cuándo la Junta?
Sobre el futuro de la JSF, Mudd anticipó que podría permanecer hasta al menos 2032, debido al retraso en los informes financieros auditados y a que no todos los presupuestos balanceados han sido certificados como producidos por el gobierno local.
“Incluso si el gobierno logra cuatro presupuestos balanceados consecutivos, los estados financieros van dos años atrás. Así que lo más temprano sería en 2032”, estimó.
También destacó que la Ley PROMESA permite el nivel de supervisión que ejerce la JSF sobre el Ejecutivo, como la revisión de órdenes ejecutivas. “Aunque a la gobernadora pueda disgustarle, la Ley PROMESA permite que la Junta revise órdenes si entiende que pueden exceder el plan fiscal o el presupuesto. Simplemente es parte de sus funciones”.
