El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) envió una comunicación formal a la gobernadora Jenniffer González Colón, a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig; a la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez y al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés; para exigir la activación de medidas urgentes que garanticen la transparencia y protección de menores migrantes afectados por redadas y arrestos de personas con estatus migratorio irregular en la isla.
Según el documento, el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va del 2025 ha generado preocupación en sectores sociales y educativos del país. La Dra. Migna Rivera García, directora del Programa Graduado de Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, denunció la ausencia de protocolos claros para proteger a infancias, niñeces y adolescencias migrantes separadas de sus familias.
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“De acuerdo a testimonios de comunidades afectadas y reportes de prensa, el ausentismo escolar en zonas con alta población migrante supera el 60%, mientras persiste el temor a deportaciones arbitrarias y desinformación acerca del paradero de menores que quedan en desamparo cuando personas adultas a su cargo son detenidas”, afirmó Rivera García.
La carta solicita que el gobierno informe si existen menores de edad bajo custodia del Estado que hayan sido separados de sus madres, padres o tutores como resultado de operativos migratorios, así como detalles sobre su ubicación, estado de salud y situación jurídica.
También exige garantizar la coordinación entre el Departamento de la Familia y las autoridades federales de inmigración para evitar separaciones familiares improcedentes y contrarias a los derechos humanos. El FAAS reclamó además la aplicación inmediata del protocolo de la Ley 57-2023, enmendada por la Ley 200-2024, que establece como prioridad la reunificación familiar en todo proceso que involucre menores.
Otro de los reclamos consiste en establecer refugios transitorios con apoyo psicosocial para menores afectados y crear un canal confidencial de denuncias para familias migrantes y personal escolar que conozca de casos de separación, abuso o detención de menores.
Alice Pérez Hernández, coordinadora del Frente Amplio de Acción Social, recordó que Puerto Rico tiene la obligación de cumplir con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de las garantías establecidas en la Constitución local.
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“No podemos ser cómplices, por acción u omisión, de prácticas que violen la dignidad de los más vulnerables”, expresó. “Muchas de estas personas se han refugiado en Puerto Rico ante condiciones que amenazan sus vidas y las de sus crías en sus países de origen”.
La misiva también reiteró el rechazo a la reapertura del centro de detención en Aguadilla, estrategia anunciada por la directora de ICE en Puerto Rico, Rebecca González, como medida para acelerar los procesos de deportación de personas sin estatus migratorio regular. Según las organizaciones firmantes, el 90% de estas personas son caribeñas, en su mayoría provenientes de la República Dominicana.
Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, urgió a las agencias del gobierno a publicar un informe detallado sobre la situación de los menores migrantes y activar de forma inmediata los mecanismos necesarios para su protección. Rivera García concluyó que “confiamos en su liderazgo para defender los derechos humanos frente a políticas migratorias abusivas”.
La carta fue suscrita además por la Dra. Alice Pérez Fernández, de AgPF, y enviada en copia al cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño; al congresista Adriano Espaillat; a Romelinda Grullón, directora de Casa de la Mujer Dominicana; al comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, y a José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos.
