La coalición puertorriqueña Queremos Sol planteó este domingo, justo cuando se cumplen cuatro años desde que LUMA Energy asumió el control del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en el archipiélago, que se debe retomar un modelo público para el servicio basado en energía renovable distribuida.
Según Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio y portavoz de Queremos Sol, el gobierno tiene que admitir que la privatización “fracasó”.
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“Puerto Rico no aguanta más este desastre de sistema eléctrico. No basta con decir que LUMA se va, como repite la gobernadora. El país quiere saber cuándo se va LUMA, cuándo se va Genera y qué modelo sustituirá este fracaso privatizador en el que nos embrollaron los gobiernos y la Junta de Control Fiscal. El próximo paso en nuestro sistema eléctrico tiene que ser bajo un modelo público que priorice una transformación basada en la energía renovable distribuida y el almacenamiento. Este nuevo modelo público debe asegurar mejoras en el servicio, garantizando costo efectividad y prudencia en el uso de fondos, despolitización, participación y transparencia”, sostuvo Vila Biaggi.
Por su parte, Agustín Irizarry, catedrático de ingeniería eléctrica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y miembro de Queremos Sol, advirtió que, con el inicio de la temporada de huracanes, la fragilidad del sistema eléctrico expone a Puerto Rico a un mayor riesgo de apagones debido tanto a los fenómenos atmosféricos como al aumento en el consumo de energía durante el verano.
Señaló, además, que aunque el gobierno asegura que la Isla contará con 3,800 megavatios en el verano, el “problema de fondo es Genera Puerto Rico”.
“Genera rutinariamente falla en la operación y mantenimiento básico de la flota fósil de generación. La amenaza de apagones en verano sigue, es muy real y es una amenaza aún mayor si nos afecta una tormenta fuerte. Sigo sin entender por qué este gobierno no se convence de lo evidente, la energía renovable distribuida es la verdadera solución a los problemas de generación en Puerto Rico”, expresó Irizarry.
Tanto Vila Biaggi como Irizarry coincidieron en que diversos estudios realizados por expertos han confirmado que transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico mediante sistemas fotovoltaicos en techos y almacenamiento es una opción “viable, deseable y costoefectiva”.
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“En estos cuatro años, lo que hemos visto es el deterioro del servicio eléctrico con una mayor cantidad de apagones, una administración que no tiene la experiencia, el conocimiento ni la cantidad de empleados para operar con eficiencia. Escasamente han logrado aprobaciones de fondos federales y esto con señalamientos de contrataciones indebidas a su matriz Quanta. Las peticiones de aumentos en el presupuesto y en la tarifa han sido constantes a pesar del mal servicio. Y ni hablar de la falta de transparencia y la resistencia de LUMA y de Genera a rendir cuentas”, planteó la licenciada Ruth Santiago, abogada ambiental y portavoz de Queremos Sol.
En esa misma línea, Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración y portavoz de Queremos Sol, cuestionó que no haya más urgencia en atender la crisis energética.
“Pretenden normalizar la mediocridad del servicio que ofrecen. No es normal vivir día a día esperando por un apagón. No es normal no poder celebrar los días festivos porque ‘se fue la luz’. No es normal perder la compra y que el gobierno y las privatizadoras minimicen el daño causado por su ineficiencia. Puerto Rico merece más”, sostuvo Conty.
Mientras, Maritza Maymí, portavoz de Queremos Sol, enfatizó que es “momento de dejar atrás modelos de privatización y avanzar hacia un sistema eléctrico público y renovable”.
“Tampoco queremos una privatización de otra compañía que venga a experimentar con nuestro sistema eléctrico a ver cómo le va y cuánto dinero puede llevarse del gobierno. Es necesario avanzar hacia un nuevo modelo público basado en energía renovable. Queremos Sol tiene la solución, un plan para desplegar equipos solares en techos con almacenamiento, un sistema eficiente, económico, resiliente y transparente. Se logra con un nuevo modelo de gobernanza pública que promueva la transparencia, la participación ciudadana y que potencie nuestra capacidad local. Es tiempo de que el gobierno lo adopte oficialmente como una opción pública y colectiva”, finalizó Maymí.