El Alto Cuerpo aprobó este lunes el Proyecto del Senado 89 para establecer la “Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación”, a los fines de disponer los mecanismos de apoyo económico y operacional para las escuelas públicas alianzas constituidas y operadas por gobiernos municipales
“La situación actual del sistema educativo en Puerto Rico enfrenta múltiples desafíos, que abarcan desde la insuficiencia de recursos en áreas específicas hasta problemas de infraestructura y falta de personal adecuado. Conscientes de estos problemas, esta Ley presenta una alternativa para que los municipios que cuenten con los recursos y la capacidad necesaria establezcan sus escuelas públicas alianza”, reza la medida en su exposición de motivos.
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Igualmente, añade que de este modo se busca complementar los servicios ofrecidos por el Departamento de Educación y las instituciones educativas privadas, enfocándose en aquellas áreas donde existen carencias significativas y donde la intervención municipal puede ser más efectiva.
“Esta Ley tiene como propósito reservar un número de escuelas públicas para que sean exclusivamente constituidas y operadas por gobiernos locales. Además, esta Asamblea Legislativa considera adecuado separar una partida del presupuesto del Departamento de Educación para que sea asignado y distribuido en escuelas públicas alianza de los municipios”, cita la medida.
También, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, Rivera aprobada la Resolución del Senado 202.
La medida tiene como propósito adoptar el Programa de Becas Universitarias del Senado de Puerto Rico, que se conocerá como “Te Queremos Preparado’. Esto a los fines de incentivar a nuestros jóvenes a continuar sus estudios universitarios y brindarles una ayuda económica para sufragar los costos relacionados a su educación y, por consiguiente, al desarrollo personal y profesional de estos.
“Consciente de las necesidades económicas que afectan a nuestros jóvenes y sus respectivas familias, este Senado tiene un compromiso ineludible con fomentar el desarrollo educativo y los valores de nuestros jóvenes, proveyendo una ayuda económica a los estudiantes destacados académicamente del sistema de educación pública para que puedan obtener un grado universitario a nivel de bachillerato en cualquier institución universitaria acreditada de Puerto Rico”, expresa la exposición de motivos.
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De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 144 de la senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino, para enmendar la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999” a los efectos de disponer que cuando se active la publicación de alertas de emergencia, las mismas permanecerán anunciándose por un mínimo de 72 horas.
“Una medida que responde a un clamor urgente y humano para proteger la vida, atender con diligencia situaciones de emergencia y ampliar las herramientas que tenemos como gobierno para dar con el paradero de personas desaparecidas o víctimas de delitos violentos... Esta medida representa justicia, sensibilidad y compromiso con nuestras comunidades más vulnerables”, expresó Soto Tolentino.
La medida en su exposición de motivos sostiene que busca brindar una herramienta más amplia a la ciudadanía y las agencias de seguridad de Puerto Rico, en la resolución de dichos casos. “Esto, no tan sólo ampliaria las oportunidades de salvar una vida, sino de capturar a las personas que hayan perpetrado algún crimen que haya puesto en riesgo la integridad física de alguna víctima objeto de la activación de la alerta”, expone la pieza legislativa.
Además, se le dio paso al Proyecto del Senado 110 del vicepresidente del Alto Cuerpo, Carmelo Ríos Santiago, para enmendar “La Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico”, a los fines de establecer un nuevo protocolo para la acreditación de estudiantes veterinarios graduados de escuelas no acreditadas por la American Veterinary Medical Association en Puerto Rico.
“Esta Asamblea Legislativa considera fundamental brindar las herramientas necesarias para la reincorporación de nuestros profesionales, formados tanto en los Estados Unidos como en el exterior, a la red de veterinarios tan necesaria para el desarrollo de diversas industrias, así como el cuidado de nuestros animales”, cita el proyecto en su exposición de motivos.
También, se aprobó el Proyecto del Senado 187 de la autoría del senador de mayoría Ángel Toledo López, para enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el propósito de disponer que todos los ingresos que se generen por concepto de las faltas administrativas, penas y sanciones impuestas en virtud del referido Artículo, sean depositados en el “Fondo de Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial”. El mismo fue creado al amparo de la Ley 73-2014, según enmendada, para que los fondos sean utilizados para terapias, equipo especializado y servicios a la población de educación especial del Departamento de Educación.
A la vez, recibió el aval el Proyecto del Senado 217 de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad, para añadir un Artículo a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de prohibir el estacionamiento de vehículos de motor en un espacio que sirva como punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, salvo que el vehículo ahí estacionado se encuentre conectado y en uso del dispositivo de carga; definir que es un “Punto de Recarga de Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad”.
Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 355 presentado por petición a través de la senadora Moran para enmendar la “Ley de Ia Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Con el propósito de requerir a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, la publicación a través de su página electrónica y de la red internacional de información, conocida como Internet y mantener accesible al público, las determinaciones sobre consultas u opiniones legales, quejas, denuncias o querellas presentadas ante su consideración.
Además, que incluya a cualquier persona natural o jurídica, así como a las cooperativas, sus cuerpos directivos, oficiales u otros funcionarios relacionados con los servicios, operaciones y toda normativa o ley relacionada a las cooperativas. De igual forma, publicar y mantener accesible al público las determinaciones de investigaciones, quejas, denuncias o querellas generadas por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico en el desempeño de sus facultades adjudicativas.
De igual forma, el Proyecto del Senado 396 de la autoría de la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez, para enmendar la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, a los fines de establecer y aclarar el proceso que deberá llevar a cabo el Departamento de la Familia, para inspeccionar y certificar que toda institución para adultos mayores que opere en Puerto Rico cumpla cabalmente con los requisitos estatutarios y reglamentarios de esta Ley. Establecer requisitos de inspección periódica, disponibilidad de energía alterna certificada, sistemas de agua potable, almacenamiento de suministros y otras condiciones de preparación en los establecimientos autorizados bajo dicha ley antes del comienzo de la temporada de huracanes.
Además, se le dio paso a las Resoluciones del Senado 133, 144, 154; el Proyecto de la Cámara 270 y la Resolución Conjunta de la Cámara 4.
Confirman 17 nombramientos
De otro lado, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Rivera Schatz presentó 17 informes positivos de designaciones del Ejecutivo que fueron aprobados por el Senado. Entre los nombramientos están las licenciadas Nicole Martínez Martínez e Ileana J. Martínez Rosado; y el licenciado Roberto F. Cuerda Pérez como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia. De igual forma, los licenciados Towie Rodríguez Calvo y Abraham Cortés Vélez como jueces municipales.
Además, se le dio paso a las licenciadas Fabiola Rivera Laboy; Yashira I. Vale Muñíz; Jeisa Aymara González del Toro; Sonia I. Martínez Ortiz y el licenciado Víctor M. Román Pérez como fiscales auxiliares II del Departamento de Justicia. En iguales términos, a la licenciada Jeanevy Avilés Ramírez y el licenciado Mario J. Soto San Antonio como fiscales auxiliares I.
También, recibieron el aval Orayma L. Andino Surillo y Alexander Burgos Otero como miembros asociados de la Junta Reglamentadora del Servicio Público de Puerto Rico; el licenciado Antonio Escudero Viera y el doctor Juan Carlos Vega Martinez como miembros del Fideicomiso Pablo Casals; y el ingeniero Francisco R. Díaz Massó como miembro de la Junta de Directores de la Compañía Fomento Industrial de Puerto Rico.
