La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de emergencia presentada por la administración del expresidente Donald Trump, que buscaba deportar rápidamente a ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La administración Trump argumentó que los supuestos vínculos de estos individuos con pandillas los hacían elegibles para una remoción expedita bajo esta ley, que otorga al presidente la autoridad para deportar ciudadanos de países enemigos durante tiempos de guerra.
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Sin embargo, el viernes, la Corte Suprema mantuvo una orden judicial previa que bloqueaba estas deportaciones, señalando que los detenidos tienen derecho a una revisión judicial antes de ser expulsados del país.
La decisión fue tomada con dos votos en contra, de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes expresaron su desacuerdo con la mayoría. Este fallo impide que la administración Trump utilice una disposición legal antiquísima para facilitar deportaciones rápidas sin el debido proceso legal.
La medida de la administración Trump había sido criticada por organizaciones de derechos civiles, que argumentaban que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros permitía al gobierno llevar a cabo expulsiones sin proporcionar garantías procesales, como el derecho a una defensa o a apelar en tribunales de inmigración.
Este caso ha generado un intenso debate sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia de inmigración y la protección de los derechos civiles de los inmigrantes en Estados Unidos.
