La Cámara de Representantes aprobó el miércoles el Proyecto de la Cámara 359, para enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico y así detallar el uso de una serie de estímulos dirigidos a fomentar el desarrollo de nuevos hogares en los cascos urbanos.
La pieza legislativa, de la autoría del presidente cameral Carlos Méndez Núñez y la representante Omayra Martínez Vázquez, establece un tope máximo de hasta 750,000 dólares por la compra de una vivienda y un límite de hasta cinco mil dólares por arrendamiento.
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El texto decretativo del proyecto indica que se podrá utilizar el incentivo de compra una sola vez por desarrollo. Además, se crea un crédito contributivo por inversión de hasta el 40 por ciento de dicha inversión durante un periodo que se puede extender por siete años.
Para ello la inversión de los desarrolladores en los proyectos debe ser igual o mayor a un millón de dólares, excluyendo el costo pagado por la propiedad a rehabilitarse para poder recibir estos incentivos.
Según el lenguaje de la medida, se estima que en Puerto Rico existe una necesidad de alrededor de 50 mil nuevas viviendas. El costo promedio de una unidad residencial nueva es de $351,407 según estimados del 2024, cifra que representa un aumento de 20 por ciento en comparación con el 2023.
“En Puerto Rico existe una necesidad apremiante de nuevas unidades de vivienda. Mirando las opciones que más ágil permita viabilizar una residencia, uno de los sectores que se entiende cuenta con ese potencial son los cascos urbanos. Estos centros han sido impactados por los cambios sociales de las últimas tres décadas y ahora existen muchas estructuras en desuso que pueden ser rehabilitadas con el fin de desarrollar hogares para la clase trabajadora, al igual que adultos mayores. Esta medida va enfocada a eso”, señaló el líder cameral Méndez Núñez.
Favorecen enmendar ley de Comunidades Especiales
De otra parte se le dio paso al Proyecto de la Cámara 27, del presidente cameral Méndez Núñez, con el fin de enmendar la “Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales” para conceder al director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) la facultad de emitir certificaciones para la inscripción, así como para la transferencia de derechos o de la titularidad de inmuebles particularmente de aquellos que son utilizados con fines residenciales.
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Según la exposición de motivos de la pieza en discusión “resulta imperativo dotar a la ODSEC con la facultad que cuentan otras agencias gubernamentales de emitir certificaciones para la inscripción, la transferencia de derechos o de la titularidad de inmuebles, en particular de las propiedades que son utilizadas con fines residenciales”.
Dan paso a la Lcda. Leila Rolón Henrique como miembro del Panel del FEI
A renglón seguido, se favoreció la designación de la Lcda. Leila Rolón Henrique como miembro en propiedad del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
Mientras que los nombramientos de las licenciadas Nélida Jiménez Velázquez como miembro propiedad y de Olga Birriel Cardona para la posición de miembro alterno de dicho organismo, fueron devueltos a comisión.
El presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Víctor Parés Otero, señaló que la nominada, que laboró como abogada para la Sociedad para la Asistencia Legal y como jueza superior en el Tribunal de Primera Instancia, “cumple con lo requerido por la ley para la posición que ha sido designada”.
Mientras que el representante Héctor Ferrer Santiago, señaló que la licenciada Rolón Henrique “fue clara en admitir que sí, hay un problema de percepción en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, de credibilidad, de que tenemos que buscar la manera de enmendar, eliminar o trabajar con este organismo, pero en aras de buscar mejorares la eficiencia y que no se cierre las puerta a todos, mi delegación le dará un voto de confianza y favor de este nombramiento, haciendo la salvedad de que se tiene que hacer un trabajo imparcial y que busque la manera de devolverle la credibilidad a esta institución”.
En su turno, el representante Denis Márquez indicó que su delegación votaría a favor de la designación, pero entiende que la estructura que rige esta oficina es una que ha sido cuestionada y debe ser enmendada ya que “ha habido una sensación bastante generalizada de la falta de transparencia y rigurosidad del balance que tiene que haber en las determinaciones de ese panel”.
